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Irene Vallejo
La violencia no es compatible con la educación. Todos los actos que lastiman la dignidad humana, que degradan los cimientos sobre los que se levantaron las diversas culturas humanas, son una peligrosa agresión a los esfuerzos que desde las aulas se realizan para darle una continuidad civilizada a la existencia milenaria de nuestra especie. Las mil formas que toman las acciones de violencia no sólo lastiman la convivencia social que hemos logrado a través de una larga historia que conoció su aurora hace más de dos y medio millones de años. A pesar de que la violencia ha marchado nuestro lado durante ese tiempo, la humanidad encontró siempre formas alternativas de resolver las diferencias entre sus miembros, haciendo a un lado, la mayor de las veces, la violencia como salida final.
El inicio del tercer ciclo escolar, desde que inició la presente crisis de seguridad, no está exento del flagelo de la violencia. Con frecuencia algunas zonas escolares del municipio de Culiacán, como la sindicatura de Tepuche; la sindicatura de Villa Juárez, Navolato; comunidades de Concordia; Villa Unión en Mazatlán y poblaciones como La Campana y Palmillas en el municipio de Escuinapa, son noticia de acciones violentas que cobran vidas humanas, heridos y altos daños al patrimonio de numerosas familias. Todo ello con la consecuente suspensión de clases presenciales por días o por semanas enteras. La situación reclama preocupación.
La SEPyC ha insistido en que las clases presenciales no se interrumpan. No es nuestra intención descalificar esa iniciativa, pues como maestro de aula la experiencia indica que el mejor aprendizaje se da con la presencia en el salón de clases. Las clases virtuales son una alternativa cuando las condiciones no permiten sentarse despreocupadamente en una silla frente al pizarrón. Pero en al menos los lugares mencionados las cosas no dan la oportunidad para que así sea. Y la situación planteada nos pone a reflexionar si en los 185 días que contempla el calendario escolar 2026-2027, habrá las condiciones mínimas para asistir a la escuela sin las mortificaciones que dejan las frecuentes incursiones de grupos violentos.
Las cosas arrancaron mal en algunas comunidades del sur del estado. Reproduzco parte de los mensajes que me han hecho llegar del poblado La Campana, municipio de Escuinapa. Corresponden al día domingo pasado. ̶ Ya empezó la balacera maestra. ̶ Ayer empezó a las 6:15. ̶ Ahorita ya están con todo (9:57 de la mañana)… En un mensaje más largo, nos hicieron llegar este texto: ̶ Para informarle la situación que estamos pasando nuevamente en Escuinapa, principalmente comunidades como el ejido La Campana, Palmillas y El Pochote. El jueves pasado se suscitaron balaceras cerca de la comunidad donde trabajo. Estuvimos resguardados hasta las 12:30 pm; al siguiente día viernes ya íbamos en trayecto por carretera hacia la comunidad y tuvimos que regresarnos (subrayado mío).
El mensaje continúa: ̶ Ahorita me comunican madres de familia que ayer sábado y hoy domingo nuevamente hay balaceras en la comunidad. SEPyC no emite protocolos de seguridad para los maestros. No permite el trabajo en línea, exponiendo nuestra integridad física. La información señala que por casi dos meses los soldados estuvieron presentes en la comunidad.
La presencia militar fue un alivio, dicen, pues no se registraron hechos que lamentar y las labores escolares se desarrollaron normalmente. Insisten en la presencia de la autoridad para que la otrora vida tranquila de esas comunidades se recupere y las escuelas puedan funcionar de acuerdo a lo programado. Nosotros también lo deseamos. Lo que hemos citado debe llevarnos a tomar muy en serio todo lo que ello implica. Condenar a la autoridad por los hechos y por la poca efectividad que han tenido sus acciones, nos lleva a ubicar un responsable borrando toda culpa de nuestra parte. Una actitud más responsable frente a la situación que se vive en el sur de la entidad y en varios otros lugares es reclamar, sí, la aplicación de una estrategia con mayor efectividad y ocuparnos del problema central de la crisis con mayor compromiso.
Ante la situación que se nos presenta en el inicio de este ciclo escolar, creo muy necesario el establecimiento de prioridades que deben regir el comportamiento de autoridades y civiles, buscando cumplir las metas propuestas para este año en las aulas y para restablecer la convivencia pública en los mejores términos. En primer lugar deben implementarse los protocolos de la SEPyC sobre seguridad del personal docente y de los alumnos; en segundo lugar, allí donde la presencia de la autoridad policial es imprescindible, debe llegar sin demora; en tercer lugar, las autoridades políticas municipales, estatales y federales, deben estar atentas, en todo momento, a las emergencias que surjan en las diferentes coordenadas de la entidad, todas las autoridades deben estar prestas para cualquier situación extraordinaria que requiera de su acción, para evacuar y poner a salvo la población escolar.
Para la sociedad civil, compuesta en las inmediaciones escolares por los padres de alumnos y por sus familiares adultos, también hay tareas que llevar a cabo. Hablemos de algunas de ellas: en primer lugar, considerar que los maestros y alumnos son los seres más queridos de la comunidad; en segundo lugar, estar atentos a lo que sucede en el entorno de las escuelas; en tercer lugar, denunciar ante las autoridades cualquier anomalía que se observe alrededor de las escuelas y que pueda afectar la seguridad y la integridad de la población escolar; y también incluir una actitud de rechazo a toda conducta que ponga en riesgo a miembros de la comunidad, en especial a los alumnos en el aula y a sus profesores. Lo que suceda en las aulas será nuestro mejor espejo y referente para atender la coyuntura violenta y alcanzar la postcrisis.
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