Culiacán, Sin.- El Juez de Control, Carlos Alberto Herrera, acreditó los datos de prueba de la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por lo que Gerardo Vargas Landeros y los integrantes de su Comité de Adquisiciones durante su primera administración como alcalde de Ahome, fueron vinculados a proceso.
El primero por ejercicio indebido del servicio público, y los segundos, por desempeño irregular de la función pública.
El delito constatado: haber adjudicado de manera directa un contrato de arrendamiento por un monto de 171 millones de pesos, de forma ilegal, en la compra de 126 unidades automotrices para la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal (SSPyTM).
Por ley, de acuerdo al Juez de Control, dicha adjudicación debió haber sido mediante una licitación pública, y no de forma directa, por rebasar el tope permitido de 3 millones 455 mil pesos para una compra con dinero público, establecido en la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa.
Si bien el delito es por violar dicha normativa, en la continuación de la audiencia inicial que se prolongó por 9 horas, donde el Ministerio Público y los abogados particulares de Gerardo Vargas Landeros y los demás imputados debatieron por qué deberían, o no, ser vinculados, también se constató que hubo un daño al patrimonio del Ayuntamiento de Ahome, por un monto de 42 millones de pesos.
Lo anterior, porque la empresa Grinleasing SAPI, con la cual el Ayuntamiento de Ahome celebró de forma irregular el contrato de arrendamiento, a su vez subarrendó dichos vehículos con la empresa Casanova Vallejo. Para ello, el contrato inicial se modificó por los mismos integrantes del Comité de Adquisiciones.
El juez Carlos Alberto Herrera confirmó que en este hecho de subarrendamiento se creó un sobreprecio, generando costos adicionales: “la compra pudo haberse evitado sin intermediarios”, sostuvo.
Al final se evidenció que Casanova Vallejo es el verdadero dueño de las patrullas entregadas a la SSPyTM de Ahome.
De igual modo, el juez señaló al ex alcalde de Ahome de gestionar personalmente dicho contrato; contaba con las facultades legales para evitarl el acto, y no lo hizo.
“La autorización de la adjudicación directa fue colegiada. Se le atribuye ser el autor material; conocía la ilicitud de su actuar: lo hizo manera dolosa y no lo informó a su superior: el Ayuntamiento de Ahome”, sentenció.
Con este acto, dictaminó Carlos Alberto Herrera, Gerardo Vargas Landeros y los demás imputados ocasionaron una afectación pública en perjuicio del patrimonio del Ayuntamiento.
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