Por Verónica Espinosa Villegas

Guanajuato- El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) emitió una Acción Urgente en la que exige que el Estado mexicano realice de inmediato labores de búsqueda e investigación de la desaparición José Juan Arias Solís, el adolescente de 15 años que desapareció el 19 de junio pasado en Valle de Santiago. La última vez que fue visto, José Juan fue subido a un vehículo militar por efectivos del Ejército y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes realizaban un cateo en su domicilio.

Por estos hechos se denunció una probable desaparición forzada ante la propia Fiscalía general del estado, a cargo de Gerardo Vázquez Alatriste.

Se destaca en un comunicado para dar a conocer la Acción Urgente el contexto de alta criminalidad en Guanajuato, donde durante todo el 2024 se reportaron 683 personas y en los primeros 8 meses de este año ya se ha alcanzado más de 500 registros de personas desaparecidas.

Ante omisiones tanto en las acciones para localizar a José Juan como en la indagatoria de la Fiscalía General del Estado, los padres del muchacho, con el acompañamiento de un asesor jurídico, interpusieron un amparo que recayó en el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Irapuato.

“En el operativo participaron al menos 20 agentes de las Fuerzas Armadas a bordo de vehículos oficiales del Ejército y de la Guardia Nacional. Se ha identificado a los mandos que coordinaron la movilización, así como a los agentes ministeriales que acudieron al domicilio. Sin embargo, al día de hoy no se conoce del paradero del adolescente, a pesar de los esfuerzos de la familia y el seguimiento puntual de la Jueza Novena de Distrito en Irapuato, por medio del amparo 762/2025, interpuesto por la familia”, señala el comunicado sobre la Acción Urgente.

La jueza Karla Macías Lovera solicitó diversos informes e hizo varios requerimientos a las autoridades involucradas, como la información del teléfono celular que llevaba el adolescente y la identidad y declaración de los elementos de Fuerzas Armadas que participaron en el operativo de ese día.

La falta de resultados obligó a pedir la intervención del Comité CED de la instancia internacional. Por otra parte, desde la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, atendería el caso.

Las acciones necesarias

La petición dirigida al Estado mexicano, que incluye a las autoridades federales y del gobierno de Guanajuato, se registró bajo el número 2121/2025 y debe ser respondida a más tardar el próximo 23 de septiembre con la información sobre las medidas adoptadas para cumplir con las siguientes recomendaciones:

— Iniciar inmediatamente la búsqueda y la investigación exhaustiva e imparcial de la desaparición. El comité CED señala que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ha omitido realizar acciones de búsqueda solicitadas por la familia de José Juan, algunas de ellas con enfoque diferencial para atender el hecho de que se trata de un adolescente.

— Asegurar que se exploren todas las hipótesis, incluyendo la de una desaparición forzada debido al involucramiento de agentes de la Guardia Nacional y el Ejército.

— Identificar, localizar y entrevistar a cada uno de los agentes de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo, a los agentes de la fiscalía involucrados y a los mandos militares que ordenaron la movilización y garantizar que se entregue toda la información pendiente en particular los registros de videovigilancia que las instituciones no han remitido.

La jueza Macías había requerido, entre otros, videos de la propia Fiscalía general del estado, de su sede ministerial en Valle de Santiago, pues la última ubicación del aparato celular de José Juan detectada coincide con la zona donde se encuentra, pero la FGE había dado largas para proporcionarlos, aun cuando esta propia instancia tiene a cargo una investigación por la desaparición del muchacho.

— Analizar y resguardar la información de redes telefónicas con el objetivo de identificar potenciales localizaciones, registros de llamadas tanto de la víctima como de los funcionarios públicos identificados en el operativo.

— Adoptar de inmediato medidas cautelares para preservar la vida e integridad de los padres de José Juan, quienes han enfrentado actos de intimidación y amenazas directas para que detengan las acciones de búsqueda.

El padre de José Juan se encontraba en la azotea de su casa en el momento en que el muchacho llegó en su motocicleta y vio cuando militares lo golpearon y posteriormente lo subieron a él, con todo y motocicleta, a una de las patrullas militares y se lo llevaron, motivo por el cual acudió a interponer la denuncia y ha exigido su localización con vida desde el 19 de junio.

— Implementar mecanismos claros para que la familia y sus representantes participen en los procesos de búsqueda e investigación y sean informados periódicamente sobre los avances y resultados.

En unas semanas, el Comité CED revisará la situación de desapariciones en México, y determinará si éstas se cometen de manera generalizada o sistemática.

“Este grave hecho se enmarca en la profunda crisis de desapariciones que vive el país, con más de 131,000 personas sin localizar, de las cuales más de 18 mil son niñas, niños y adolescentes”, refiere el comunicado, que también menciona la militarización de la seguridad pública como contexto, y la reciente adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, reformas que “han consolidado un modelo de seguridad sin contrapesos civiles efectivos, y de amplio despliegue del poder militar, lo que genera un entorno de alto riesgo para los derechos humanos”.