Culiacán, Sin.– El Congreso del Estado de Sinaloa abrió un nuevo frente en la discusión sobre el robo de vehículos, el cual no solo busca aumentar las penas, sino cerrar cualquier resquicio legal que permita a los jueces reducirlas. Durante la sesión del martes 15 de enero, el Pleno decidió bajar un dictamen propuesto por el Partido Sinaloense (PAS) para perfeccionarlo e incorporar más agravantes, particularmente vinculadas al perfil de las víctimas.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa, explicó que el objetivo es evitar interpretaciones ambiguas del Código Penal que permitan aplicar las agravantes de forma opcional. La intención, dijo, es que la violencia y que estos nuevos castigos se acumulen, y no se traten como supuestos separados.

Actualmente, el Código Penal de Sinaloa establece que el robo de vehículo automotor se castiga con penas de 5 a 15 años de prisión, y que estas pueden incrementarse hasta 25 años cuando concurren agravantes como la violencia, el uso de armas, la participación de dos o más personas o que el delito se cometa en despoblado o en carreteras. El dictamen que se discute busca sumar entre 4 y 8 años adicionales cuando el despojo se cometa contra mujeres, menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad, lo que podría llevar las penas hasta los 35 años de prisión.

“No quisimos dejar ninguna ventana para que el juez diga que una cosa es el agravante con violencia y otra cosa el agravante por el perfil de la víctima. Queremos que se conjunten y no se entienda como algo optativo”, explicó Guerra Ochoa.

Un delito de alto impacto y en ascenso

 

El endurecimiento de penas se discute en un contexto de crecimiento sostenido del delito. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), 2025 cerró con 6 mil 810 denuncias por robo de vehículo en Sinaloa, mientras que en 2024 se registraron 4 mil 019 casos. El repunte comenzó a partir de septiembre de 2024, mes en el que se ubica el inicio de la guerra interna entre dos facciones del crimen organizado, un escenario que ha coincidido con el aumento de despojos de unidades.

En este contexto, Guerra Ochoa subrayó que el robo de vehículos dejó de ser un delito patrimonial aislado para convertirse en un fenómeno vinculado a dinámicas de violencia organizada, con impactos directos en la economía familiar, los costos de aseguramiento y la decisión de muchas personas de adquirir un automóvil.

Lo que hoy dice la ley

 

El marco legal vigente ya considera el robo de vehículo como un delito de alta gravedad, independientemente del valor del bien. El artículo 207 del Código Penal sanciona con cinco a quince años de prisión a quien se apodere de un vehículo automotor ajeno sin consentimiento, y prevé aumentos de pena cuando el delito se comete con violencia u otras circunstancias agravantes.

La ley también castiga con las mismas penas a quienes desmantelen vehículos robados, comercialicen sus partes, alteren números de serie, posean o circulen unidades robadas o las utilicen para cometer otros delitos. Cuando el vehículo no es recuperado, el Código obliga a la reparación del daño, calculada con base en el valor de factura menos la depreciación determinada mediante peritaje.

Iniciativas en paralelo

 

Mientras el dictamen del PAS fue retirado temporalmente para su ajuste, el Pleno dio primera lectura a una iniciativa presentada por la diputada de Morena Arely Berenice Ruiz López, que propone reformar el artículo 207 Bis y adicionar nuevas disposiciones en materia de agravantes.

Entre los cambios planteados está incrementar la pena base de 5-15 años a 6-16 años de prisión, así como considerar agravantes la destrucción deliberada del vehículo, su traslado a otras regiones del estado y la posesión o uso de unidades robadas, incluso sin beneficio económico directo. La propuesta también plantea que sea causa excluyente de acción penal contar con constancias oficiales que acrediten la legítima procedencia del vehículo, para proteger a compradores de buena fe.

La impunidad, el otro eje del debate

 

Para Miguel Enrique Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, las iniciativas legislativas son bienvenidas, pero resultan insuficientes si no se acompañan de una persecución efectiva del delito.

“El robo de vehículo no es un tema nuevo que nos inquieta. En 2010 y 2011 incluso tuvimos cifras mayores de denuncias que las actuales. Todo esfuerzo del Legislativo es bienvenido, pero mientras existan altos índices de impunidad, el delito seguirá siendo un incentivo para la delincuencia”, advirtió.

Calderón Quevedo destacó que encuestas nacionales y mediciones locales coinciden en que el robo de vehículo es la principal preocupación de las y los sinaloenses, no solo por el daño patrimonial, sino por las secuelas emocionales y de seguridad que deja en las víctimas.

“Hay una afectación económica que en muchos casos descompone los planes familiares, pero también se genera un trauma emocional. Las personas modifican su rutina, su movilidad y su forma de vida después de ser víctimas de este delito”, explicó.

Sobre la propuesta de considerar el perfil de la víctima como agravante, consideró que se trata de una innovación relevante en la historia penal del estado.

“Reconocer distintos niveles de vulnerabilidad -por género, edad o condición- eleva el debate a uno crítico y puede convertirse en un factor que ayude a inhibir un problema histórico como el robo de vehículo”, concluyó.

Finalmente, la presidenta de la Jucopo adelantó que el dictamen será puesto nuevamente a consideración del Pleno en la próxima sesión, como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad pública y dar mayor certeza jurídica a las víctimas.

 

 

 

 

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