El primer obstáculo para la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está en el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que forman parte de su coalición partidista y rechazan la reducción del financiamiento público y de los legisladores plurinominales. A ello se suman las críticas y la oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), que advierten que la finalidad es acrecentar el poder de Morena, así como las objeciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que pugna por preservar su autonomía y su presupuesto.

Representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), aliados de Morena, han rechazado los cambios o han puesto en duda la necesidad de realizar la reforma electoral que implicaría modificar la Constitución y, por lo tanto, las dos terceras partes de los votos en el Congreso. Para sacar adelante la iniciativa, Morena requiere de los votos de sus aliados.

¿De qué va la reforma electoral?

Aunque la propuesta formal aún no se ha presentado y se estima que estará lista en la primera semana de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum ha adelantado que entre las los cambios se busca la reducción de los gastos generales destinados a los partidos políticos, al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

La mandataria añadió este viernes que la reforma buscará también combatir el uso de recursos ilícitos provenientes del crimen organizado, a través de la fiscalización por parte del Instituto electoral.

“Mayor fiscalización… es muy importante la fiscalización de los recursos y las acciones de la autoridad de electoral, en el momento en que se encuentra un mal uso de los recursos o una fuente ilícita de recursos que se usan en las campañas”.

La iniciativa propone cambiar la forma en que se elige a los legisladores plurinominales, para que tanto la ciudadanía como las dirigencias de los partidos formen parte de la decisión. También, fortalecer las consultas públicas a nivel nacional, estatal y municipal, y que se realicen con mayor frecuencia. Otro punto es que los mexicanos que viven en el exterior puedan votar directamente por sus representantes y que ya no sean designados por los partidos.

Además, de acuerdo con la presidenta, se propondría más control sobre el uso de los recursos en las campañas, y sanciones claras para los candidatos que infrinjan las normas de financiamiento. Otra posibilidad es la eliminación del fuero para diputados y senadores.

La presidenta rechazó este jueves que el objetivo sea concentrar poder y sostuvo que con su propuesta “nadie podrá decir que vamos al autoritarismo”. Sobre el árbitro electoral, negó que se busque “capturar” al INE y aseguró que “la autonomía del INE no se toca”.

La primera propuesta, que aún no es pública, derivó del trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, creada en agosto de 2024, encabezada por el morenista Pablo Gómez.

“No es necesaria”

El tema se calentó esta semana con un golpe directo del PT. Su coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, dijo el miércoles que la reforma “no es necesaria” y recordó que Morena no tiene por sí solo los votos para una reforma constitucional. “Para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores. ¿Cuántos tiene Morena? 253… Falta… Si se suma el Verde, no da, si se suma el PT, no da. Necesitamos sumarnos todos para que dé 335”, remató.

En el Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, enfatizó que su grupo ha manifestado su rechazo a la reducción de prerrogativas y de legisladores por la vía plurinominal. “De entrada, disminuir los plurinominales en este momento afecta a los partidos que tienen una proporción menor, porque somos una minoría”.

Ramírez Marín recordó su propuesta de distribuir el dinero público en partes iguales para todos los partidos y no como ocurre ahora que una parte del dinero se establece con base en el número de votos obtenidos. “Estoy seguro que Morena valora la participación y además la necesidad de contar legislativamente con sus aliados”, advirtió.

El morenista Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de su partido, subrayó que la ruta inmediata es buscar un acuerdo con los aliados antes de que llegue cualquier documento al Congreso: “Sin ellos no es posible la reforma constitucional. Así, tajante”. Sin embargo, rechazó legislar para complacer a alguien. “Nunca vamos a legislar al contentillo de nadie”, afirmó.

En tanto, la presidenta del Senado, la también morenista Laura Itzel Castillo, destacó que se encuentran en la construcción de consensos y llamó a esperar a tener una iniciativa. “No han cazado la liebre para que haya asado de liebre. Esto ya sería posterior, una vez que haya el documento desde luego se abrirá el proceso de discusión”, afirmó la legisladora.

Órgano electoral libre

El debate sobre un posible impacto a la independencia del INE se volvió uno de los ejes más sensibles. Desde el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, dijo estar a favor de mantener el carácter no subordinado del órgano electoral: “lo que quiero señalar es que considero que no debe de ser el gobierno quien dirija el proceso electoral”.

La postura de la presidenta del Senado respondió al planteamiento de Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial de Reforma Electoral, quien cuestionó el concepto de autonomía para un órgano administrativo, más allá de que se garantice su independencia del gobierno y los partidos.

Gómez además chocó con uno de los planteamientos del INE sobre el presupuesto, que propone una fórmula ligada al PIB para evitar recortes discrecionales. El funcionario rechazó esa idea y la calificó como un camino problemático. “No podemos indexar de esa manera”, afirmó al cuestionar qué pasaría si el PIB cae.

Otras propuestas

El INE presentó a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral 241 propuestas que, según su planteamiento, buscan evitar retrocesos y blindar operación y fiscalización. La discusión por los recursos fue de las más sensibles y el consejero Martín Faz defendió que el presupuesto se estabilice con una fórmula. “Estamos sugiriendo que el presupuesto sea de carácter dinámico vinculado al PIB… para preservar la autonomía del INE”, expuso.

La diputada panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara baja, ha intentado colocar una ruta distinta a la del Ejecutivo. Presentó un decálogo como una guía de lo que, dijo, debería cuidarse si el Congreso de la Unión toca las reglas electorales, con énfasis en evitar que el partido en el poder sea juez y parte. “Mismas reglas para todos, ningún jugador puede ser árbitro”, planteó como primer punto.

Ese decálogo se cruzó con la propuesta realizada por consejeros del INE. López Rabadán recordó que el Congreso tendrá la última palabra.

La organización Somos México, que busca convertirse en partido político, entregó su propia propuesta a la Cámara de Diputados y pidió preservar pluralidad y elecciones confiables. El grupo se definió con una frase que resume su narrativa frente a la reforma oficialista. “La batalla no es entre izquierda y derecha, sino entre ciudadanía demócrata y autoritarios”, sostuvo.

“Ley Maduro”

En paralelo, el PRI y el PAN etiquetaron la propuesta de reforma como la “Ley Maduro”. El coordinador priista Rubén Moreira acusó que la reforma busca que Morena amarre el poder cuando pierda respaldo, una idea repetida por el senador priista Alejandro Moreno. El panista Ricardo Anaya reforzó ese mensaje con una acusación directa sobre el propósito de la reforma.

Por ahora, el escenario sigue en fase previa, sin texto formal presentado, con la negociación concentrada en el bloque gobernante y con una idea que Monreal dejó como advertencia de ruta. “Si no se logra el acuerdo y el consenso, ¿qué caso tendría que se presentara?”, planteó.

La diferencia, por los recursos

Desde que se dio a conocer la posibilidad de reducir los recursos para los partidos políticos, a partir de una eventual reforma electoral, el Partido Verde mostró su rechazo.

Previo a su reunión plenaria del periodo anterior, el líder parlamentario Manuel Velasco condicionó la reducción de los recursos para los partidos a cambio de que ese dinero no sea distribuido con base en el porcentaje de votos obtenidos, como ocurre ahora.

Si se habla de equilibrios electorales, propuso, que se reduzca a la mitad el financiamiento para todos los partidos, pero que se reparta lo mismo para todos.

Morena recibe más recursos

En la actualidad, la mayor parte del dinero que se reparte a los partidos deriva del porcentaje de votos que obtuvieron en las elecciones previas para diputados federales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) multiplica el número de personas inscritas en el Padrón Electoral al 31 de julio de cada año por el 65 % del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La mayor parte de ese dinero, 70 %, se distribuye entre los partidos según el porcentaje de votos obtenidos. Y el 30 % restante se divide entre el número de partidos existentes en partes iguales. Bajo este esquema, el partido Morena ha sido el más beneficiado en los últimos años.

Para 2026, con 43.57 % de los votos en la elección de 2024, Morena recibió 2 mil 615 millones 798 mil 382 pesos. Mientras que el Partido Verde obtuvo 832 millones 101 mil 904 pesos y el Partido del Trabajo, 670 millones, 613 mil 764 pesos.

Coahuila, la primera prueba

Una primera prueba de la relación de Morena con sus partidos aliados será la elección local en Coahuila, la única de este 2026. Hasta el momento, los partidos no han formalizado aparecer juntos en las boletas electorales. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró este jueves en gira por la entidad que ya existen pláticas con el Partido del Trabajo, sin que aún se consolide.

“En el caso de Coahuila, nosotros esperamos tener una alianza con el Partido del Trabajo, y esperemos que eso se pueda consolidar en los próximos días. Hay que formalizarla, obviamente, pero hemos tenido pláticas y nosotros vemos buenas expectativas de que esto pueda suceder. La decisión recaerá en las dirigencias nacionales, más allá de los acuerdos en lo local.