A cuatro años y una transición: Secretaría de Salud comparece ante el Congreso de Sinaloa

Culiacán, Sin.– En 2022, el gobierno de Sinaloa inició la transición al modelo federal IMSS-Bienestar, un proceso orientado a la centralización de los servicios de salud y su operación administrativa. A cuatro años de distancia, y en medio de denuncias por desabasto de medicamentos y reclamos laborales del personal médico, el secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, compareció este lunes ante el Congreso del Estado para informar sobre los avances del sector.

Durante su exposición, el funcionario sostuvo que existen indicadores positivos en el acceso y atención a la salud en la entidad. De acuerdo con los datos presentados, el 56.88 por ciento de la población en Sinaloa cuenta con algún tipo de derechohabiencia, mientras que el 43.12 por ciento permanece sin acceso formal a servicios de salud.

En materia de mortalidad, González Galindo informó una disminución en la tasa de mortalidad materna, infantil, en menores de cinco años por enfermedades diarreicas agudas, en menores de 18 años con cáncer, así como en defunciones asociadas a diabetes mellitus y cáncer cérvico-uterino. No obstante, reconoció un aumento en la razón de muerte materna, así como en la mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años, enfermedades isquémicas del corazón y cáncer de mama.

El secretario también destacó acciones en salud mental y atención a las adicciones, entre ellas una inversión de 4.5 millones de pesos en becas para tratamientos, además del incremento en la demanda de atención en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA), donde se reportaron 30 mil 425 atenciones subsecuentes y 8 mil 060 consultas de primera vez.

En el rubro de Protección contra Riesgos Sanitarios, se realizaron 4 mil 635 verificaciones a establecimientos de salud, hospitales y clínicas, así como 30 mil 890 monitoreos de cloro libre residual en redes municipales de agua potable, acciones que, según la Secretaría, beneficiaron a más de 3.1 millones de personas.

Durante la comparecencia también se informó sobre la apertura del Hospital General de Culiacán, el primer lugar nacional en cumplimiento de la meta de vacunación con 14 mil 255 dosis aplicadas, y el fortalecimiento de los programas preventivos contra enfermedades transmitidas por vectores, con la adquisición de 30 vehículos, 18 motocicletas y una inversión superior a los 20 millones de pesos.

En cuanto a derechos laborales, González Galindo señaló que se otorgó certeza laboral a 323 trabajadoras y trabajadores del sector salud, con una inversión de 83 millones de pesos.

Sobre la infraestructura hospitalaria, destacó que el Hospital de la Mujer es el primero en el país en realizar de manera gratuita los cinco tamices neonatales; que en el Hospital Pediátrico se efectuó la primera hemodiálisis a un paciente pediátrico, y que con la inauguración del Centro Estatal de Radioterapia el tiempo de espera para pacientes oncológicos se redujo a cuatro semanas.

Respecto al programa estatal de nutrición en la infancia, se informó que durante el cuarto año de gobierno se atendió a 285 mil niñas y niños mediante la administración de sulfato ferroso, vitamina A y albendazol.

Aunque la exposición del secretario fue respaldada por legisladores de Morena, Partido del Trabajo, Partido Sinaloense y Partido Verde Ecologista de México, las críticas provinieron principalmente de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que cuestionó los efectos de la transición al IMSS-Bienestar y recordó las manifestaciones del personal de salud ocurridas durante el último año.

Durante su intervención, la diputada priista Paola Iveth Gárate Valenzuela señaló que el gasto de los hogares sinaloenses en salud aumentó 44 por ciento, principalmente por la compra de medicamentos y el pago de consultas privadas.

“El costo se le está cargando a las familias. A esto se suma el problema de fondo con la transición al IMSS-Bienestar, porque el sistema estatal perdió capacidad de respuesta y rectoría. Hoy las decisiones se toman en Ciudad de México y aquí se quedan las consecuencias”, afirmó.

La legisladora también cuestionó la reducción presupuestal al programa de prevención del dengue en 2024, que pasó de un presupuesto autorizado a uno modificado con una disminución del 74.10 por ciento. Al respecto, González Galindo respondió que el gobierno estatal reasignó recursos y destinó alrededor de 20 millones de pesos adicionales para enfrentar el brote, derivado -dijo- de una nueva variante del virus.

A estos señalamientos se sumó la diputada priista Irma Moreno Ovalles, quien advirtió que la centralización presupuestal ha reducido la capacidad de respuesta inmediata del sistema de salud estatal.

“No hablamos solo de números, hablamos de niñas y niños que no alcanzaron a cumplir su primer año de vida”, expresó.

La comparecencia concluyó entre aplausos de la mayoría legislativa, en un escenario marcado por el contraste entre las cifras oficiales presentadas y las críticas sobre los efectos estructurales de la transición al IMSS-Bienestar.