La batalla de las mujeres en Guanajuato por tener agua potable

Por Silvia Isabel Gámez / Periodismo de lo Posible

Carmen Guerrero, una apicultora de la comunidad de Ciénega de Juana Ruiz, en Guanajuato, recuerda cómo sufría en su adolescencia al mirarse en el espejo y ver sus dientes con manchas marrones. “Aquí, la mayoría los tiene así, no era yo la única”, dice. A la gente le parecía normal, sin saber que la causa era el agua contaminada con arsénico y flúor que consumían desde hacía años.

Junto con otras mujeres de su comunidad, Carmen se organizó para construir una cisterna de ferrocemento para captar el agua de lluvia, con una capacidad de 12 mil litros. Confiaba en que esa decisión cambiaría el destino de sus hijos y nietos. No más dientes picados que les avergonzaran y convirtieran en objeto de burlas. “Esa era mi preocupación, mis hijos, porque le decía a mi marido: ‘No quiero que sufran lo que yo sufrí”. 

En su empeño, las pobladoras no estaban solas. Desde su fundación en 1965, el Centro de Desarrollo Agropecuario (Cedesa) ha impulsado la defensa del territorio y una vida digna en el campo. Para estar sanos, subrayan, es necesario consumir agua limpia. En diez años, con su asesoría, se han construido mil quinientas cisternas en 70 comunidades. El agua potable que cosechan abastece a más de 6 mil personas.

Aunque el problema del agua contaminada ha sido denunciado desde hace años, las autoridades municipales y estatales no han querido modificar el futuro económico que trazaron para la Cuenca de la Independencia, un área de 7 mil kilómetros cuadrados situada al noreste de Guanajuato formada por siete municipios —como Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende— y decenas de localidades. En esta región es también donde nace el río Laja, que cruza el estado hasta desembocar en el río Lerma.

Durante décadas, las empresas han saqueado el agua de la zona para producir cultivos de fresa, frambuesa, zarzamora, brócoli y lechuga, destinados en gran parte a la exportación. Para el poder estatal, la agroindustria es motivo de orgullo: en 2019, el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez aseguró que representa el 17.5% del PIB del estado, equivalente a más de 22 mil millones de pesos.

Pero quienes viven en la Cuenca de la Independencia no comparten su optimismo; a sus habitantes les toca lidiar con los daños a la salud y al medio ambiente que ha provocado la sobreexplotación de los acuíferos en este territorio semiárido, donde abundan los mezquites y los nopales, y la lluvia es un bien escaso.

“Se pueden recorrer los campos y ver la devastación que ha dejado la tala de los montes, el riego intenso de los cultivos y el uso de maquinaria pesada, que deja una tierra erosionada”, cuenta Rocío Montaño, originaria de la comunidad El Coyotillo. “Una de tantas”, dice, “que conocen la sed”.

La apicultora aún recuerda cuando acarreaban el agua de los estanques, cargándola en cubetas, en burros o en lo que se pudiera. Si tenían sed, se agachaban, lo mismo niños que adultos, para beber el agua de los charcos, y usaban su ropa como cedazo para filtrar la basura y los insectos.

En Guanajuato, los números son devastadores. La industria agrícola extrae más de 3 mil 300 millones de metros cúbicos de agua al año, mientras que los habitantes consumen poco más de una séptima parte, 500 millones de metros cúbicos. Se calcula que en la Cuenca de la Independencia existen alrededor de 3 mil pozos, el 85% para el uso de las empresas.

Esta situación ha impedido que se recarguen los mantos acuíferos, y ha obligado a los pobladores a perforar pozos a mayor profundidad. Lo que obtienen, después de sumar tramos de tuberías, son aguas fósiles, con una edad de 10 mil a 35 mil años, con altas concentraciones de flúor, arsénico, sodio, manganeso y otros minerales tóxicos que, como le ocurrió a Carmen, no solo manchan los dientes de quienes la consumen; también provocan enfermedades como insuficiencia renal y cáncer.

Envenenamiento silencioso

No se sabe cuántas personas han enfermado por consumir agua contaminada en la Cuenca de la Independencia. “[Pero] basta recorrer los hospitales o clínicas de salud para ver que el envenenamiento por el agua es silencioso y lento”, dice Rocío.

José Armando Moreno Hernández, un artesano de 34 años de edad, que produce macetas de múltiples formas, padece insuficiencia renal crónica desde hace una década. Originario de Dolores Hidalgo, necesita tres sesiones de hemodiálisis a la semana, pero el dinero que gana solo le alcanza para cubrir dos. La enfermedad le ha cobrado factura: a nivel económico, pero también emocional. “Tu vida da un giro de 360 grados; son muchos cuidados, muchas cuestiones que tienen que cambiar”.

En la escuela primaria General Lázaro Cárdenas, de la comunidad Alonso Yáñez, la maestra Aurora Almanza cuenta cómo los niveles de flúor no solo manchan los dientes de los niños, también hacen que tengan huesos más frágiles.

“Ahora empiezan con mucho dolor de estómago”, dice. “Y en el aprendizaje, no le ponen la atención que debieran, no se centran”.

La combinación de arsénico y flúor puede provocar una reducción hasta del 40% del coeficiente intelectual, advierte el ingeniero geólogo Marcos Adrián Ortega, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, quien ha estudiado la concentración de minerales en el agua de la Cuenca de la Independencia.

“Si quieres una solución”, dice, “cierra la mitad de los pozos, porque estás generando una situación cada vez de mayor riesgo a la gente que vive en la cuenca. […] El problema también es que la mitad de los pozos jamás debió haberse realizado”.

‘Presta fuerza’

Rocío, quien trabajó en Cedesa, cuenta que conoció a una de las líderes de la organización, Graciela Martínez Delgado, Chela, cuando tenía ocho años y se esforzaba en ayudar a su padre a tejer la malla que necesita la cisterna.

Durante años, los presidentes municipales de la región negaron el apoyo para construir estos tanques de tres metros de altura que algunos llaman “bolas blancas”; hoy, Cedesa, junto con el Club Rotario del Mediodía de San Miguel de Allende, capacitan a las mujeres que solicitan tener uno en su localidad, lo que a su vez impulsa la organización comunitaria.

En La Niveña, una localidad campesina, un grupo de seis mujeres se afana para levantar una cisterna en la casa de Blanca Martínez. “Así ya está más fácil agarrar nuestra agua y con menos batalladera, toda la que cae del cielo”, dice la agricultora. Suelen llegar a las ocho de la mañana, incluso de comunidades vecinas, para sumarse al trabajo: tejer la malla, hacer el aplanado, poner el piso. Cinco días de labor al que se incorporan como parte de lo que llaman “presta fuerza”: “Las que ayudan hoy, serán ayudadas mañana”.

Lo mismo pasó antes en comunidades como Palomas del Cubo y Tepozanes, ahí también se unieron mujeres para construir estos tanques que les permiten obtener el agua necesaria para beber y cocinar.

“[Estas cisternas] son la unión de esperanzas de las mujeres para que sus familias tengan agua limpia que tomar, porque en este proceso de compañerismo se ve mucho amor y mucha unión”, dice Juanela, una promotora de la vida campesina.

Pero a pesar de los cientos de tanques construidos, “el problema del agua no se va a acabar”, lamenta Chela. “El riesgo de quedarnos sin agua que beber, sigue presente”, agrega Rocío.

Al daño provocado por la agroindustria se suma ahora el proyecto de una mina a cielo abierto que, de concretarse, aumentaría la contaminación de la tierra, el agua y el aire en la Cuenca de la Independencia, la erosión y desertificación de su territorio, y los daños a la salud de sus habitantes. Ya se ha escuchado en la región el sonido de las “avionetas antilluvia”, que alejan las nubes para evitar precipitaciones.

La empresa canadiense Argonaut Gold estaba al frente del proyecto de una mina de oro en Cerro del Gallo, ubicada en la comunidad de San Antón de las Minas, a poco más de diez kilómetros de Dolores Hidalgo. La oposición de los pobladores de las localidades circundantes y la negativa en 2021 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de otorgarles la autorización de impacto ambiental frenaron los planes.

Pero tras el anuncio en 2024 de la adquisición de Argonaut Gold por otra empresa canadiense, Alamos Gold, una tercera empresa de ese país, Heliostar Metals, presentó en diciembre de 2025 un estudio de prefactibilidad del proyecto de Cerro del Gallo, que contempla una vida útil de la mina de 15 años. La amenaza sobre el territorio permanece.

“Nosotras siempre decimos la lucha sigue”, afirma Simona, a quien le tocó, junto con su marido Ambrosio, ambos campesinos, defender la tierra de La Colorada, una comunidad de Dolores Hidalgo rodeada de nopaleras y milpas que fundaron con otras familias en los años setenta. Juntos tuvieron 22 hijos, y juntos también lucharon por disponer de agua potable.

No fue fácil. Enfrentaron la represión de las autoridades cuando en los años ochenta se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Guanajuato. Para evitar que hirieran a macanazos a los hombres, las mujeres y los niños se sumaron a la resistencia.

La presión social logró que finalmente les fueran otorgadas las tierras. También que instalaran sistemas de agua potable, energía eléctrica, escuelas y molinos de nixtamal. Pero en las localidades vecinas, los primeros pozos, que se habían perforado a principios de 1950, ya se estaban multiplicando.

Como dice Simona, la lucha sigue, y las comunidades de la Cuenca de la Independencia, con un largo historial de resistencia por la autonomía y la libertad, se declaran listas para nuevos desafíos.

“Mientras haya vida, hay esperanza”, resume Chela. “Por la tierra se da la vida”.

Esta historia es una versión escrita basada en el pódcast “Guanajuato: Mujeres que cosechan lluvia y esperanza”, cuya investigación y guion fueron realizados por el equipo de Radio Cuenca de la Independencia. Forma parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios” —proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital—, que también puede ser escuchada aquí: https://periodismodeloposible.com/.