Culiacán, Sinaloa.- Un estudio realizado por la organización civil llamada Iniciativa Sinaloa, reveló que la contratación de obra pública en el estado, de enero de 2022 al 15 de septiembre de 2025, tiene graves deficiencias en materia de transparencia como el uso excesivo de adjudicaciones directas, opacidad, posible fraccionamiento de obras y simulación en los procesos de licitación.

El estudio revisó un total de mil 100 obras públicas contratadas, con un monto total ejercido de 7 mil 66 millones 723 mil 81 pesos, distribuyéndose en 6 millones 25 mil pesos en licitación pública y 833 mil 169 pesos en adjudicaciones directas.

Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, explicó que si bien en cuestión de recursos el mayor volumen se concentró en licitaciones públicas, el mecanismo más utilizado fue la adjudicación directa, ya que 7 de cada 10 contrataciones para obra pública se hicieron a través de adjudicaciones directas.

Informó que el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia no supera el 50% en ambas modalidades de contratación. Mientras que las licitaciones públicas registran un cumplimiento medio en transparencia, las adjudicaciones directas presentan incumplimiento generalizado.

Entre las irregularidades detectadas por el estudio está la existencia de una alta concentración del gasto en 14 empresas y 11 grupos empresariales, quienes acapararon el 57% del monto analizado,  así como la práctica de “competencia colmena”, un esquema donde empresas relacionadas simulan competir en licitaciones públicas para aparentar un proceso transparente y luego se unen o retiran para asegurar el contrato.

“Cuando se revisan quienes integran cada una de estas empresas te das cuenta que son las mismas personas que están en las mismas empresas y compiten por la misma obra pública”, dijo León Fontes.

En torno a vínculos de interés, el estudio identificó que Antelmo Enrique Ríos, actual subsecretario de Obras Públicas ha sido socio o representante de empresas que han obtenido contratos millonarios con el Gobierno del Estado. Se trata de empresas como Sokian P+I y Construcciones M.R.M.

El estudio reveló la existencia de opacidad de información crítica para la rendición de cuentas, como la falta de dictámenes, bitácoras completas y avances físicos y financieros. Ya que se detectó que 57 obras sin un contrato visible en CompraNet Sinaloa, de las cuales 15 no contaban con ningún documento que permitiera conocer el monto o la empresa ganadora.

Esto, de acuerdo con Marlene León, indica que se otorgaron contratos con total discrecionalidad.

“Si bien puede parecer que 57 son pocas, el simple hecho de que no se hayan subido los contratos es un error porque es el documento base donde parte todo para que la ciudadanía conozca cómo se está ejerciendo el recurso”, dijo Marlene León.

Asimismo, se encontró la ausencia de testigos sociales en 43 licitaciones públicas, a pesar de que la Ley de Obras Públicas señala que esta figura ciudadana debe participar en cada uno de los procesos y en caso de detectar irregularidades debe presentar sus testimonios, los cuales son vinculantes para que se de seguimiento en caso de existir la irregularidad.

Análisis del Megacrédito

La directora de Iniciativa Sinaloa explicó que para el estudio también se analizó el ejercicio del megacrédito estatal de 2 mil 300 millones de pesos solicitado para 2025, en donde se detectaron posibles fraccionamientos de obra para evitar la licitación pública.

Asimismo, se detectó que tres bloques de contratistas: JASE Desarrollos, Prefabricados del Pacífico y Constructora Abuya/ Obras y Servicios del Río, acapararon más de 850 millones del fondo.

Ante estas posibles irregularidades, Iniciativa Sinaloa advirtió que no atender estas situaciones se pone en riesgo la calidad de las obras y el correcto uso de recursos públicos, por lo que recomendó reforzar los mecanismos de control, transparentar de manera integral la información de las obras y reducir el uso discrecional de la adjudicación directa.

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