En 2026, el Gobierno del Estado de Sinaloa lleva a cabo un proceso para la contratación de uno o varios créditos de largo plazo, cuyo monto conjunto asciende hasta 2,300 millones de pesos, por medio de la Licitación Pública No. GES-SAF-SSPIF-01/2026. Esto sucede sin que exista un informe público de cómo se va a usar este recurso, más allá de la afirmación de que será destinado para “inversión en obra pública productiva”.
El 12 de enero se publicó una primera licitación en donde se detallaba un monto para contratación de deuda de 673.61 millones. Sin embargo, el día 16, en una fe de erratas, la autoridad estatal modificó el concurso para especificar que serían 2,300 millones; un aumento sustancial que triplica el monto original a licitar.
Este es, además, el segundo megapréstamo que se gestiona en los últimos doce meses, luego de que en enero de 2025 se licitara un primer endeudamiento de 2200 millones de pesos, mismo que fue enmarcado como el “Plan de Reactivación Económica de Sinaloa“, mediante el que se buscó subsanar con obra pública los estragos en el motor productivo de la entidad a causa de la crisis de seguridad que estalló en septiembre de 2024 y sigue latente hasta hoy.
El pasado 19 de enero concluyó el periodo para que las instituciones bancarias y de crédito presentaran sus manifestaciones de participación con el fin de obtener el contrato de financiamiento. El fallo de la licitación se realizará de manera presencial el martes 10 de febrero de 2026, a las 12:30 horas.
Se trata de el megapréstamo que fue aprobado por el Congreso del Estado el 9 de diciembre de 2025. En aquel momento, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que se invertiría en infraestructura municipal, equipamiento para senderos de paz, parques de béisbol y canchas multiusos. Sin embargo, y ya con la licitación a la mitad del camino, sigue pendiente la publicación del plan específico de qué obras se realizarán con este dinero.
De hecho, el mismo gobernador declaro que se instalarían mesas de trabajo con alcaldes, diputadas y diputados para definir qué obras se priorizarán, de modo que no existe un proyecto específico para la deuda que se está contrayendo, y que fue aprobada por el poder legislativo.
Sobre los detalles del nuevo crédito que se desea adquirir, la licitación explica que el plazo de pago será de 7,305 días, equivalentes a 240 meses, es decir, hasta 20 años contados a partir de la fecha en que se celebre el contrato de crédito. El gobierno pagará una parte del dinero prestado cada mes, junto con sus respectivos intereses.
La tasa de interés del crédito contratado deberá tener en cuenta la tasa de referencia del Banco de México. La licitación dice, de forma explícita, que “los montos de los contratos de crédito se adjudicarán a las Licitantes que hayan presentado las Ofertas Calificadas que representen la menor Tasa Efectiva para el Gobierno del Estado”, es decir, se elegirá a las entidades financieras que ofrezcan la deuda más barata.
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