Culiacán, Sinaloa.- A César, un policía municipal de Culiacán, lo desaparecieron la tarde del 21 de enero, lo asesinaron y un día después dejaron su cuerpo tendido junto al Congreso de Sinaloa, con un mensaje escrito en una pancarta: “Todo lo que huela a marino y Juanito Culón se va a morir”. El crimen no está atribuido a ningún grupo criminal, tampoco hay alguna hipótesis pública. Incluso la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de la capital de Sinaloa decidieron no dar mayor informe, pero no se trata de un caso menor: un elemento de la policía local que ha sufrido los estragos de la confrontación en medio de la “guerra” entre “chapitos” y “mayitos”.
“Sin ser yo investigadora, la lógica elemental te indica que esto es un desafío. No es la primera vez que ocurre y esperaría que fuera la última, pero ahí está, es un desafío para la autoridad. Este es el recinto de un poder, el Legislativo. Aquí deberíamos discutir estos hechos donde se tenga transparencia y rendición de cuentas, donde nos hablen con la verdad y se reconozca que la situación no está controlada. ¿Cómo va a estar controlada si, a plena luz del día, un vehículo traslada a una persona asesinada y la abandona sin ser detenido?”, dijo Paola Gárate, diputada local por el PRI.
Con César, ya son 77 elementos asesinados, de los cuales siete eran mujeres, otros 12 pertenecían a la Secretaría de la Defensa Nacional, uno era marino y uno más de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que fue enviada por el secretario Omar García Harfuch como refuerzo de inteligencia e investigación en Sinaloa.
“Desde que se tuvo conocimiento de la situación, esta Secretaría estableció de manera inmediata contacto y acompañamiento con sus familiares, activando los canales institucionales correspondientes para brindar apoyo y coadyuvar con las autoridades competentes en las acciones de búsqueda”, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán en un breve comunicado, cuando se confirmaba la desaparición del joven de 31 años de edad. De esos, 11 años fueron de servicio para la Policía Municipal.
Una purga institucional
Esta policía ha sido la dependencia más afectada durante la guerra intestina del cartel de Sinaloa, no solo por las facciones que pelean el control del territorio para la producción y trasiego de drogas, también por las autoridades federales, que entre septiembre y octubre de 2024 desarmaron a los policías para investigarlos, evaluarlos bajo los estándares del Ejército, quitarles el Centro de Respuesta Inmediata –que era un aparato de inteligencia con videocámaras repartidas en la ciudad– y separar a una veintena de elementos por presuntos nexos con el narco. Ninguno, sin embargo, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los policías estuvieron al filo de irse a manifestaciones, aunque las presiones y la separación de los compañeros con presuntos nexos los pararon. Aguantaron, aunque con el reniego de haber sido llevados a las oficinas de la Defensa sin viáticos y maltratados.
A partir de octubre de 2024 volvieron a las calles con sus armas, designados todos a trabajar únicamente en la zona central de Culiacán, desactivados de las comunidades rurales y de las colonias con mayores conflictos, no como estrategia que sirviera para cuidarlos, sino porque las autoridades federales no les tienen confianza. Los vigilan y los relegan de los grandes operativos o de los enfrentamientos.
En este último año, entre bajas por la separación de policías, la renuncia de otros tantos y el asesinato de más de 50 elementos, la Policía Municipal de Culiacán pasó de tener 1,500 elementos a solo mil.
Es la policía mayor afectada y que ahora mismo pasa por la lupa militar que ha iniciado una campaña para reclutar 400 nuevos policías, cuyo entrenamiento será en la Universidad del Policía, donde serán educados por la milicia y la Marina con una beca ofrecida por el gobierno de Sinaloa. De eso solo hay tres promesas: cuando salgan se integrarán de manera inmediata a la Policía Municipal, recibirán un pago mensual de 18 mil pesos (unos mil dólares estadounidenses) y un seguro de vida.
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