Congreso reconoce falta de seguimiento en comedores indígenas cerrados

Culiacán, Sin.- La diputada Reynalda Leyva Urías, secretaria de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas, reconoció que existen comedores comunitarios indígenas que nunca operaron o quedaron abandonados tras la pandemia; dijo que no hay un diagnóstico legislativo sobre su funcionamiento real ni un mecanismo de seguimiento activo.

Luego del análisis realizado por ESPEJO en donde se documentaron que al menos 29 comedores comunitarios permanecen cerrados en Sinaloa. Mientras algunos dejaron de operar por la violencia y el desplazamiento forzado de comunidades enteras, otros -como el comedor indígena de Las Tunas de Abajo- siguen cerrados porque nunca funcionaron, pese a haber sido construidos con recursos públicos.

Sobre el caso de Las Tunas de Abajo, en el municipio de Sinaloa, Leyva Urías señaló que, de acuerdo con la información que ella tiene, el espacio se habilitó en 2019, luego de que se solicitara al ayuntamiento contar con la infraestructura necesaria para su operación, mientras que la provisión de despensa correría a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Reynalda Leyva Urías, secretaria de la Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas.

Sin embargo, explicó que el comedor dejó de operar tras el inicio de la pandemia por COVID-19 y que el proyecto no fue retomado posteriormente. Actualmente, dijo, para que el comedor pueda reactivarse es necesario que los propios habitantes de la comunidad realicen nuevamente la solicitud formal, la cual debe enviarse al INPI y gestionarse desde Ciudad de México.

“Eso es lo que yo tengo conocimiento. No se le dio seguimiento en su momento y ahora se requiere que la comunidad vuelva a solicitarlo”, señaló la diputada.

Aunque reconoció que el trabajo de la comisión que encabeza es de carácter legislativo, Leyva Urías aseguró que existe interés por dar seguimiento a estos casos desde el Congreso.

“No dejamos de trabajar en territorio. Vamos a investigar este comedor en particular y, si hay que apoyar a la población de esa comunidad, con mucho gusto lo haremos”, afirmó.

La diputada, quien fue gobernadora tradicional del Consejo Supremo Mayo, sostuvo que las comunidades indígenas han enfrentado históricamente marginación, racismo y discriminación institucional, por lo que consideró que los avances legales recientes -como la reforma al artículo 2 constitucional y la transferencia directa de recursos federales a comunidades indígenas- representan un paso importante, aunque insuficiente.

Reconoció que, pese a estos cambios, persisten rezagos estructurales y fallas en la operación de programas sociales, como los comedores comunitarios, que no siempre se traducen en el acceso efectivo al derecho a la alimentación.

Mientras tanto, los comedores continúan cerrados. Algunos por la violencia que vació comunidades enteras; otros, como el de Las Tunas de Abajo, por una cadena de omisiones administrativas en la que ninguna autoridad asume de manera directa la responsabilidad de garantizar que los programas sociales pasen del papel a la mesa.