Culiacán, Sin.- La comparecencia del titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social (SEBIDES), Omar Alejandro López Campos, se desarrolló frente a decenas de personas desplazadas por la violencia, quienes atestiguaron cómo la crisis que las expulsó de sus comunidades fue expuesta, principalmente, a través de cifras y programas.

Desde tribuna, López Campos reconoció que el desplazamiento forzado interno es el mayor reto que enfrenta la dependencia a su cargo. Aclaró que no se trata de un fenómeno reciente ni aislado, sino de un problema estructural que Sinaloa arrastra desde hace más de una década. Según datos oficiales, alrededor de 3 mil familias han sido desplazadas desde 2012, principalmente en comunidades de la zona serrana.

“El desplazamiento forzado interno es un tema complejo, no es sencillo de atender y es un fenómeno que, quienes estamos en este recinto, no quisiéramos que existiera”, expresó el funcionario.

Como respuesta institucional, destacó la creación de una ley específica para atender y reparar el desplazamiento forzado interno, con una bolsa de 75 millones de pesos. Subrayó que Sinaloa es el cuarto estado del país en contar con una legislación de este tipo.

“La respuesta institucional no ha sido solo la creación de la ley, sino también la posibilidad de ejercer recursos para atender este problema”, afirmó.

Durante su exposición, López Campos enumeró acciones orientadas -dijo- a evitar la revictimización, como el fortalecimiento de mecanismos de identificación, registro y seguimiento de personas desplazadas. También informó sobre la asignación de 3 millones 110 mil pesos a 239 proyectos productivos, principalmente de cría de animales, con el objetivo de que las familias “pudieran quedarse o retornar a sus lugares de origen”.

En materia de certeza jurídica, reportó la inscripción gratuita de 9 mil 114 títulos de propiedad y recordó la firma de un convenio con el gobierno federal para la construcción proyectada de 56 mil viviendas, destinadas a familias en situación de vulnerabilidad mediante créditos a bajo costo.

Sin embargo, desde el Legislativo surgieron cuestionamientos. La diputada priista Irma Moreno Ovalles señaló que el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 establece metas que no se reflejan en el cuarto informe presentado.

“Nos preocupan los rezagos que existen en las metas del plan estatal. Sabemos que es nuevo en el cargo, pero es importante preguntar qué cambios va a implementar para avanzar en los pendientes que dejó su antecesora”, cuestionó.

López Campos respondió de manera general, admitiendo pendientes y asegurando que aún hay tiempo para atenderlos.

“Siempre es pertinente rescatar los logros, pero también reconocer las tareas y los temas que tenemos pendientes como secretaría”, dijo.

La diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela fue más directa. Afirmó que lo que está en juego no son indicadores, sino la dignidad de las familias más vulnerables de Sinaloa, en particular de aquellas desplazadas por la violencia y la sequía. Recordó la investigación de Revista ESPEJO que documentó un sobrecosto en la adquisición de despensas, lo que generó indignación entre víctimas del desplazamiento forzado.

En respuesta, el titular de la SEBIDES aseguró que la atención a víctimas es “la tarea más sensible de la secretaría” y defendió los procesos de adquisición.

“Existe una normatividad en el tema de adquisiciones. Son procesos abiertos, transparentes, debidamente documentados y sujetos a revisión”, sostuvo, sin precisar si se realizó una investigación específica sobre el caso señalado.

La comparecencia concluyó entre aplausos.

 

Otras cifras brindadas

 

En un apartado distinto al tema del desplazamiento forzado, el titular de la SEBIDES presentó los resultados de otros programas sociales implementados durante 2025. Destacó la creación de la beca universal para personas con discapacidad permanente, mediante la cual se otorgó un apoyo bimestral de 3 mil 200 pesos a 34 mil 206 personas, lo que representó una inversión superior a los 328 millones de pesos.

Asimismo, aseguró que más de 135 mil personas salieron de la pobreza en Sinaloa, lo que significó una reducción del 4.6 por ciento en comparación con 2022. En materia de infraestructura social, informó la ejecución de 22 obras con una inversión de 209 millones de pesos, beneficiando a más de 140 mil habitantes, además de una inversión tripartita de 143 millones de pesos destinada a garantizar el acceso al agua potable en distintas comunidades.

En cuanto a la atención a comunidades indígenas, reportó la realización de mil 69 acciones con una inversión de 8 millones 900 mil pesos, que beneficiaron a 206 comunidades. Estas incluyeron la entrega de apoyos, electrodomésticos y capacitaciones para emprendimientos, con énfasis en 163 pequeños negocios y 431 mujeres indígenas que fueron capacitadas y certificadas.

La dependencia también informó sobre la atención a emergencias derivadas de fenómenos climáticos, con asistencia humanitaria a mil 825 familias afectadas por lluvias, a quienes se entregaron alimentos, kits de limpieza, agua purificada y apoyos económicos por 6 mil pesos, lo que sumó un gasto de 10 millones 950 mil pesos.

En el contexto de la sequía, López Campos señaló que se atendieron 76 incendios forestales, protegiendo alrededor de 1.5 millones de hectáreas de vegetación con el apoyo de 3 mil brigadistas, además del abastecimiento de agua potable a 140 mil 366 habitantes de 290 comunidades en 14 municipios, mediante el arrendamiento de 68 camiones cisterna.

Finalmente, destacó acciones en materia ambiental y alimentaria, como la participación de más de 32 mil voluntarios en jornadas de reforestación, limpieza de playas y cuerpos de agua, así como la esterilización de animales domésticos. En el rubro de alimentación, reportó la entrega de más de 32 mil platillos a mil 19 estudiantes beneficiarios de comedores juveniles, con una inversión superior a los 856 mil pesos.

 

 

 

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