Culiacán, Sinaloa.- Desde sociedad civil y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa se sumaron distintas voces para exigir una rendición de cuentas a legisladores federales por su baja productividad en la cámara de Diputados.

La exigencia surgió luego darse a conocer por ESPEJO una radiografía legislativa de los 10 diputados federales de Sinaloa, quienes en conjunto ganan hasta 14.3 millones de pesos acumulados en dietas.

“Los diputados deben estar abiertos a que se evalúe lo que hacen y lo que no hacen. Si la ciudadanía está pendiente del gasto y del trabajo legislativo, sobre todo en un contexto donde se habla de austeridad, eso es positivo y no debe causar molestia”, señaló Lucía Mimiaga León, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, al asegurar que el escrutinio público es parte natural del ejercicio democrático y un derecho ciudadano, especialmente cuando se trata de evaluar la labor de quienes fueron electos mediante el voto.

Mimiaga consideró también que uno de los principales pendientes es fortalecer los mecanismos de comunicación directa con la ciudadanía, particularmente con quienes votaron por ellos, ya que persiste la percepción de que los representantes federales se distancian de la entidad.

“Cuando alguien llega a ser diputado federal o senador, pareciera que se diluye la rendición de cuentas porque ya no están físicamente en Sinaloa. Pero siguen representando al estado y deben mantener ese contacto. No solo se trata de recorrer el territorio, se trata de demostrar qué se está haciendo”, sostuvo.

Además, advirtió que las mayorías amplias pueden debilitar los contrapesos si no se fomenta la pluralidad y la escucha activa. Esta situación, dijo, no solo se observa a nivel federal, sino también en el Congreso local, donde existe sobrerrepresentación y falta de debate que permita legislar con el consenso de lo que requiere la sociedad.

“Siempre será positivo tener diversidad de opiniones. Escuchar solo lo que valida la postura de tu partido empobrece el debate”, afirmó.

Productividad vs. territorio

 

Por su parte, Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, señaló que el análisis evidenció una disparidad considerable entre legisladores del mismo partido, lo que pone en duda la cohesión interna y si realmente responden a un mismo proyecto, como han sostenido públicamente.

“Es muy marcada la diferencia entre quien aparece como la más productiva y quien está en el último lugar. Si responden a un mismo proyecto, debería haber mayor coherencia en el respaldo a iniciativas”, expresó.

Rojo Navarro cuestionó el argumento de que la evaluación no debe centrarse en el número de iniciativas, postura expresada por la diputada morenista Merary Villegas Sánchez, quien fue la peor evaluada en la radiografía. En 18 meses acumula seis iniciativas -tres propias y tres en grupo-, ninguna aprobada. Al ser cuestionada, sostuvo que su labor principal es defender un proyecto y mantenerse en territorio, no presentar iniciativas por volumen.

“La función principal del legislador es legislar. Estar en territorio no es negativo, pero no puede sustituir la tarea para la que fueron electos”, sostuvo. “La gente cree que un diputado puede pavimentar calles o arreglar el alumbrado público. Esa no es su función. Su responsabilidad es analizar, actualizar y aprobar leyes conforme al momento social que se vive”.

Separación de poderes y agenda pública

 

El director del Observatorio también expresó preocupación por la percepción de que las iniciativas prosperan únicamente cuando forman parte de la agenda del Ejecutivo o vienen propuesta por el bloque mayoritario conformado por el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Morena.

“Si una propuesta viene del Ejecutivo, pasa. Si surge desde la ciudadanía o sectores productivos y no está en esa agenda, simplemente no avanza. Eso debilita la separación de poderes”, advirtió.

En la misma línea, Mimiaga recordó que la rendición de cuentas no es opcional ni partidista e incluso, ya que como ciudadanos se ha visto que las propuestas quedan en la congeladora o ni siquiera son discutidas.

“Los ciudadanos tienen derecho a solicitar transparencia sin importar el partido político. Los legisladores también fueron oposición en algún momento y exigieron lo mismo, eso no lo deben olvidar, tienen que escucharnos y estar abiertos al consenso y el debate”, dijo.

Ambos coincidieron en que, aunque no exista una obligación legal específica de presentar informes periódicos a quienes votaron por ellos, los diputados pueden generar mecanismos proactivos de transparencia como el presentar informes sistemáticos, parlamentos abiertos o ejercicios de consulta local.

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