Culiacán, Sin.– Alejandra Pineda Prado, la funcionaria que confrontó al Congreso del Estado tras denunciar presiones para que renunciara a su cargo como titular de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE), es ahora una de las candidatas para encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Pineda Prado, de 35 años, acudió la semana pasada a la recepción de solicitudes dentro del proceso de designación de la persona titular de la ASF y logró superar los filtros de evaluación de idoneidad, entre ellos acreditar al menos 10 años de experiencia en el ámbito de la fiscalización. Con ello se posiciona como una de las aspirantes más jóvenes en contender por el principal órgano de fiscalización del país.

“Estoy muy contenta y emocionada. Ya pasé los filtros donde se evaluó la idoneidad de los perfiles para ocupar el cargo. ¿Qué se evaluó ahí? Se pedía mínimamente 10 años de experiencia en el ámbito de fiscalización, que todo ello fuera comprobable, que gozaras de plena honestidad, que tuvieras una carrera limpia, que fueras mexicano… la edad mínima son 35 años y yo los tengo”, dijo Pineda Prado a ESPEJO.

En su perfil profesional destaca que es egresada de la licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Además, cuenta con diplomados en Auditoría Gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en Evaluación de Políticas Públicas por la UNAM, en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas, así como en Ley de Disciplina Financiera. Actualmente cursa una maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública.

En cuanto a su trayectoria laboral, de 2013 a 2021 se desempeñó como auditora en distintas áreas de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE). Posteriormente, de 2021 a 2025 fue designada por el pleno del Congreso del Estado como titular de la Unidad Técnica de Evaluación, órgano encargado de revisar el desempeño de la propia ASE.

“Hoy realizaré mi entrevista y de pasarla entraría a una terna de candidatos que serán sometidos a votación por el pleno”, explicó.

El nombre de Pineda Prado cobró notoriedad pública en noviembre de 2025, cuando denunció que la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado le impidió presentar sus alegatos de defensa dentro de un proceso de remoción en su contra. Según explicó entonces, la reunión en la que debía exponer su postura fue cancelada, lo que -dijo- le quitó la oportunidad de responder a las acusaciones sobre presuntas omisiones en la presentación de lineamientos para el funcionamiento de la comisión.

La funcionaria sostuvo que las acusaciones eran falsas y afirmó haber presentado en varias ocasiones propuestas normativas para regular el trabajo de la comisión. Además, denunció presuntas presiones para que renunciara al cargo por parte de legisladores, señalando directamente a María Teresa Guerra Ochoa y Serapio Vargas Ramírez.

Tras hacerse pública la denuncia, el Congreso retiró temporalmente el dictamen de remoción y abrió un espacio de diálogo para revisar el caso y las observaciones sobre su desempeño.

 

 

 

MÁS NOTAS SOBRE ALEJANDRA PINEDA: