Culiacán, Sin.- “Nosotros vamos a luchar hasta la última instancia”, fue lo que respondió César Valenzuela Espinoza, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, ante el cuestionamiento de qué pasaría en un escenario donde el Congreso del Estado se limite a votar una “ley espejo” en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Sinaloa.

El antecedente que da pie al planteamiento de esta duda se encuentra en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado, en una sesión extraordinaria convocada fuera del horario que usualmente agenda, votó de forma expedita, sin procesos de parlamento abierto ni consulta ciudadana, la reforma constitucional que aprobó la extinción de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP).

Ello pese a manifestaciones, solicitudes, exigencias e incluso una iniciativa de ley presentada desde la ciudadanía.

“Probablemente sea desechada la iniciativa que nosotros presentamos. Cuando menos tenemos dos caminos: uno, que tomen en cuenta nuestra iniciativa como referencia para ajustar la armonización; y el otro camino es que nuestros conceptos -porque ya lo han cuando menos insinuado, que probablemente sea desechada- sean parte central de los parlamentos abiertos que estamos impulsando también. No hemos tenido los resultados esperados todavía, pero seguimos trabajando en ello”, dijo Carlos Corrales Díaz, también integrante del CPC.

Y es que la urgencia es recuperar lo que se pueda de lo que, al menos el CPC considera, se está perdiendo. El nuevo modelo propone que los órganos encargados de la contraloría interna de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos del estado, asuman la responsabilidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, con plena autonomía funcional.

Sin embargo, la reforma aprobada no especifica qué pasará con todo el trabajo realizado por la CEAIP y que, de alguna manera, posicionó a Sinaloa como un estado líder en materia del derecho a saber. Lucía Mimiaga León, presidenta del CPC, apunta que la rapidez con la que se legisló provocó errores jurídicos y contradicciones legales que podrían afectar el derecho a la información.

“Se reformó la Constitución y en los transitorios hay algo que estamos analizando, porque los transitorios señalan cómo queda coordinado el comité coordinador. Entonces ahí ya desaparecen a la CEAIP y, en otra parte, dice que la CEAIP no desaparece en la legalidad hasta que se legisle la ley secundaria. Ahí hay un error. ¿Cómo ponen en un transitorio que ya no puede participar la CEAIP y, por otro lado, dicen que va a desaparecer hasta que se haga ley secundaria? Se contradice. Este es un error de muchos”, explicó.

Emmanuel Espinoza Salcido, integrante también del comité, explicó que la Ley General de Transparencia establece principios básicos y, a su vez, permite a las entidades federativas ejercer su libertad de configuración legislativa para diseñar mecanismos e instituciones propias. En ese sentido, la mayor preocupación de este ente es que solamente se cree una “ley espejo”, es decir, una copia exacta de la legislación federal que no responda al contexto y demandas de Sinaloa.

De resultar así, dijo, Sinaloa podría terminar con una normativa estatal sin ajustes que provocaría vacíos, especialmente en procedimientos como la atención a solicitudes de información, recursos de revisión o mecanismos de supervisión institucional. En pocas palabras, podría ser el primer paso para tener una ley inoperante.

En ese sentido, el organismo llamó al Congreso a abrir el debate sobre las reformas pendientes en materia de transparencia y garantizar que los cambios normativos se construyan con participación ciudadana, análisis técnico y tiempos legislativos que permitan evaluar sus impactos.

MÁS NOTAS SOBRE TRANSPARENCIA EN SINALOA: