El 22 de junio, Morena definirá quiénes encabezarán las candidaturas para contender por las 17 gubernaturas en disputa en 2027 y para el 3 de agosto a los aspirantes a buscar una diputación federal. Así lo acordó el Consejo Nacional de ese partido en su Sexta Sesión Ordinaria celebrada este sábado en Ciudad de México.

A propuesta de la presidencia del Consejo, que encabeza el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y por votación de los asistentes, el 21 de septiembre Morena deberá definir a sus aspirantes a alcaldías y presidencias municipales, mientras que el 8 de noviembre serán definidos los nombres de quienes buscarán una diputación local, que para no violar la ley electoral por actos anticipados de campaña, son referidos como “coordinadores de defensa de la transformación”.

Encuestas

El método de selección se dividirá en tres etapas después de la emisión de la convocatoria que lance el Comité Ejecutivo Nacional y abrirá los registros para las personas interesadas en contender. Las fechas aún están pendientes.

Después vendrá una etapa de filtros. En los casos en que se registren más de seis personas para la misma coordinación, se realizará un primer sondeo de opinión, para identificar a las que tienen mayor reconocimiento en su territorio.

Lo siguiente es el levantamiento de encuestas en las que podrán participar hasta esas seis personas con la intención de conocer la aceptación ciudadana sobre esos perfiles y valorar su conocimiento y atributos, entre los que se señalan “honestidad, cercanía trabajo territorial y compromiso con la transformación”.

Finalmente, las personas que obtengan mayor puntaje, de acuerdo con la metodología de la Comisión de Encuestas, serán nombradas “coordinadora de defensa de la transformación”, ya sea a nivel estatal, distrital o municipal.

Las prohibiciones

Morena también fijó las reglas para su contienda interna, que ya están contenidas en la ley electoral y en sus propios estatutos. De acuerdo con lo aprobado, las personas que quieran participar no podrán promover su imagen a través de anuncios espectaculares, incurrir en actos anticipados de campaña o “violentar las leyes electorales”.

Esos aspirantes tampoco podrán utilizar recursos públicos de cualquier naturaleza, entrega de despensas, artículos electrodomésticos o “dádivas”; asimismo, tienen prohibido realizar actos o eventos dispendiosos o desplegar campañas de comunicación ostentosas.

Con la intención de mantener la unidad en su partido, el Consejo prohibió que los aspirantes realicen expresiones de desprestigio, descalificación o agresión contra sus contendientes o alentar entre sus simpatizantes el ataque, la calumnia, la confrontación o la violencia.

El Consejo de Morena prohibió que las personas aspirantes a una candidatura difundan información falsa, manipulada o malintencionada sobre otros participantes, con la intención de desacreditarles o desacreditar el proceso interno. Tampoco deberán organizar o promover campañas de acoso o desprestigio, “linchamiento digital” en redes sociales, ni simular que pertenecen a un grupo vulnerable para obtener ventajas.

Evitar las fragmentaciones, el reto

Alfonso Durazo llamó a la armonía política dentro de su movimiento, sin silencios forzados.

“Conviene no perder la memoria. La experiencia histórica coinciden una advertencia: los proyectos de transformación no fracasan sólo por embates externos, sino también por debilidades internas, por las tentaciones que surgen del cálculo mezquino de algunos de sus integrantes”.

Durazo recordó que no siempre su partido tuvo mayorías y llamó a sus militantes a no olvidar el trabajo en territorio, la austeridad y una ética de servicio.

El político advirtió que cuando se alejan de sus principios éticos, actúan con oportunismo y todo gira en torno a intereses personales, las personas dejan de creer.

“Procesar nuestras legítimas aspiraciones internas sin fragmentarnos, sin debilitarnos y sin poner en riesgo la confianza del pueblo es nuestro gran reto que nos convoca el día de hoy”.

El papel de los funcionarios

Morena estableció que quienes tengan un cargo partidista a nivel nacional o estatal, así como las personas servidoras públicas de todos los niveles de gobierno deben ser imparciales y neutrales en la contienda, por lo que no deben favorecer o perjudicar a algún contendiente.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia podrá iniciar de manera oficiosa o a petición de parte procedimientos para investigar, suspender, y en su caso, sancionar acciones dentro del proceso.