Sinaloa.- La noche del 29 de diciembre del 2024, la policía atendió un reporte en el fraccionamiento Bosques del Álamo, en la periferia este de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Se les informó del incendio de una vivienda y detonaciones de arma de fuego. Al revisar la escena del crimen, encontraron algo más grave, ahí yacían los cuerpos de Bárbara Astrid Yáñez Uriarte y su hijo Dante, de 6 años.

En ese entonces comenzaba la conocida “guerra al interior del cártel de Sinaloa”, por la que han sido asesinadas más de 2 mil 500 personas y otras 4 mil han desaparecido. Toda la narrativa estaba hecha alrededor de esto, que habían sido víctimas dentro de la misma confrontación.

Incluso, el hecho de que fuera incendiada la vivienda, como ya en ese momento era un modo de operar de los grupos del cartel, hacía parecer que este hecho era parte de la coyuntura de violencia.

Sin embargo, la historia tuvo un giro narrativo importante: la Fiscalía General de Sinaloa señaló a Jesús Fernando, esposo y padre de las víctimas, como el posible responsable del ataque, incluyendo que la forma en cómo lo hizo fue para tratar de ocultar su posible responsabilidad.

Bárbara no era una víctima más de la guerra; su caso se investiga como un feminicidio, esto debido a que cumple con las causales para ser considerado como tal.

El caso de Bárbara y Dante es emblemático. Su asesinato ayuda a comprender que durante este año y medio de guerra, iniciada el 9 de septiembre del 2024, no todos los casos de asesinato son por esta confrontación.

Priscila Salas, socióloga y vocera de la colectiva No se metan con nuestras hijas, explica que también hay agresores que han buscado aprovechar la carga de culpabilidad a un mismo fenómeno, tratando así de desligarse de la violencia.

Convirtiendo a la guerra en una cortina y cómplice que facilita la violencia de género.

“Los agresores no son tontos, ellos también conocen el clima de violencia en el que estamos y saben utilizarlo a su favor. Las instancias de procuración de justicia y la fiscalía están rebasadas, no tienen las capacidades técnicas, estructurales ni humanas para atender todo lo que está sucediendo.

Ellos saben que la fiscalía está rebasada y que estos casos muchas veces tienen menos atención”, dice.

Según un análisis realizado por Espejo, de septiembre del 2024 al cierre del 2025, según la FGE, 140 mujeres fueron privadas de la vida. 90 fueron tipificados como feminicidio, mientras que el resto se trató como homicidio doloso.

2025 concluyó como el segundo año con más feminicidios desde su tipificación como delito en el 2012. El primer lugar lo tiene el 2017, cuando en Sinaloa hubo un incremento del 34 por ciento en homicidios.

No solo son víctimas adultas. La guerra también lleva rostros infantiles: Alexa, Leydi, Regina, Danna Sofía, todas menores de 18 años, fueron asesinadas. Unas por “confusión”, otras como víctimas colaterales de un hecho bélico.

Para Cristina Tortolero Garmendia, parte del colectivo Amapas del Norte y defensora de los derechos humanos, la guerra en sí ya ha sido un factor determinante para el incremento de violencia de género, porque, cuando la violencia territorial escala, las mujeres, junto con las niñas y personas de la diversidad sexual, se vuelven una población vulnerable.

En conflictos armados o contextos violentos, dice, el cuerpo de las mujeres se convierte en el “primer territorio de guerra”, usado para enviar mensajes, venganzas o demostraciones de poder.

“Las mujeres somos el primer territorio, nuestro cuerpo es el primer territorio en ese tipo de guerras, ya lo hemos visto en las disputas de otros países, nos usan para la venganza patriarcal de este sistema machista. Pues al final, Sinaloa tampoco está exento de esto”.

En palabras de Priscila Salas, históricamente la mujer ha sido vista como parte de la naturaleza y, por lo tanto, como un territorio que puede ser dominado.

La violencia hacia las mujeres no se limita a hacerlas sangrar ni provocarles la muerte. También se ve reflejada en sus cuerpos, en su psique… en ser desplazadas, atemorizadas por el control del narco y afectadas por la pérdida de un hijo, un esposo o un hermano.

En lo alto de la sierra de Concordia, donde las sierras de Sinaloa y Durango se abrazan, la violencia relacionada con el narcotráfico no es algo nuevo, pero no fue hasta el estallido de la guerra interna que el miedo y las amenazas terminaron por vaciar la sierra.

Durante ese periodo, el colectivo transfeminista Periferias Subversivxs brindó acompañamiento y brigadas de salud en La Petaca, Chirimoyos y Cuatantal, comunidades que llevaban más de un año sin servicio médico. Rita Tirado, dirigente del colectivo, señala que la precariedad en servicios de salud ya existía antes de la guerra, pero fue esta misma y el miedo quienes impidieron que los médicos regresaran.

Durante la primera brigada, las mujeres solicitaron atención ginecológica, necesidad que fue cubierta por la siguiente brigada.

En tan solo un fin de semana, se realizaron 20 Papanicolaou, una cifra muy alta para el contexto rural.

En los estudios de papanicolaou se detectó una lesión cervicouterina grave en una paciente que fue canalizada al Hospital General de Mazatlán, donde actualmente recibe tratamiento especializado.

En esta misma edición se realizó la entrega de más de 200 kits de salud menstrual, donados por el colectivo MestruarteCLN.

El desabasto en las tiendas cercanas era provocado por bloqueos carreteros clandestinos realizados por trabajadores del crimen organizado, lo que impedía la llegada de alimentos y artículos básicos, forzando nuevos desplazamientos.

Tener un paquete de toallas sanitarias en casa se convirtió en un privilegio.

Edith Robles, psicóloga y maestra en derechos humanos, explicó que los efectos del desplazamiento van más allá de la pérdida material: se manifiestan en pesadillas, ansiedad y tristeza.

Durante las sesiones, la psicóloga detectó trastorno de estrés postraumático severo en hombres y mujeres víctimas de tortura, testigos de hechos violentos o privaciones de la libertad, así como en infancias desplazadas.

En las mujeres, el miedo suele reflejarse en la preocupación constante por sus hijos: temen que los niños sean reclutados por grupos criminales y que las niñas terminen unidas a hombres vinculados al crimen organizado mediante coerción o relaciones forzadas.

Robles documentó al menos cuatro casos de acoso por parte de integrantes del crimen organizado, quienes se acercaban con una frase que simulaba un cortejo: “te voy a robar”.

Para este escrito, se buscó el posicionamiento de la Secretaría de las Mujeres, sin embargo, por temas de agenda, no fue posible obtener una respuesta.

Las activistas sostienen que durante la guerra interna en Sinaloa, el nivel de impunidad en los delitos contra mujeres es alto, lo que genera condiciones que favorecen a los agresores.

Este 8 de marzo, Lucero Yáñez marchará por su hija Bárbara Astrid exigiendo justicia, pues a más de un año de su asesinato, el responsable aún no recibe condena.