Culiacán, Sinaloa.– De septiembre de 2024 a la fecha, se han registrado al menos 10 mil 031 robos de vehículos en Sinaloa, lo que, para Daniel Elizondo de la Torre, director del Centro Coparmex Culiacán, representa más de diez mil víctimas directas que no solo sufren daños a su patrimonio e integridad, sino que además pueden enfrentar una segunda revictimización si sus unidades son localizadas y buscan recuperarlas.
Ante esta situación y el aumento de este delito, explicó que el sector empresarial de la capital sinaloense presentó una iniciativa para que las personas afectadas no tengan que pagar cargos administrativos cuando su vehículo sea recuperado por las autoridades.
La propuesta fue impulsada por el Consejo Intercamaral de Culiacán ante el Congreso del Estado de Sinaloa, y plantea reformar tanto el Código Penal como la Ley de Hacienda del Estado para eliminar pagos como grúa, corralón, almacenaje, maniobras e incluso infracciones derivadas del proceso de recuperación del vehículo.
En entrevista para ESPEJO, Elizondo de la Torre explicó que la iniciativa surge en un contexto donde el robo de vehículos ha alcanzado niveles preocupantes en Sinaloa.
“Ya se superaron los 10 mil vehículos robados desde septiembre de 2024 y creemos que en este delito sí puede hacerse más…en robo de vehículos creemos que si puede hacer más y por eso se presentó esta iniciativa”, señaló.
El representante empresarial explicó que la propuesta fue planteada inicialmente por Coparmex y posteriormente adoptada por la Intercamaral, que agrupa a distintas cámaras y organismos empresariales de Culiacán.
Elizondo de la Torre detalló que para elaborar la iniciativa también revisaron precedentes legislativos en otras entidades del país, particularmente en Baja California, donde en 2025 se aprobó una reforma similar que elimina cobros por arrastre, maniobras y resguardo cuando un vehículo robado es recuperado.
Según explicó, el objetivo es evitar que las víctimas enfrenten una segunda carga económica después de haber sufrido el delito.
“El robo de vehículo es un calvario para la víctima. Primero te roban, luego tienes que ir a poner la denuncia, esperar si se recupera el carro y cuando aparece muchas veces ya está incompleto o dañado. Y todavía tienes que pagar para poder sacarlo”, expresó.
El dirigente empresarial calificó esta situación como una forma de revictimización, al considerar injusto que las personas deban pagar por trámites derivados de un delito que ya les generó un daño patrimonial.
“Además de que el Estado no pudo prevenir el delito, todavía tienes que pagar para recuperar tu propio patrimonio”, agregó.
Sobre el panorama legislativo, Elizondo de la Torre señaló que en el Congreso ya existen otras propuestas relacionadas con el tema, presentadas por el Partido Sinaloense (PAS) y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que podría facilitar el respaldo a la iniciativa.
La propuesta fue presentada recientemente y se encuentra en revisión de requisitos formales dentro del Congreso, por lo que el sector empresarial espera conocer la postura de los legisladores una vez que el tema entre a discusión.
“El Congreso tiene la oportunidad de demostrar si va a legislar para salvaguardar el patrimonio de las familias sinaloenses, tiene la oportunidad de hacer las cosas bien”, concluyó.
La iniciativa buscaría adicionar dos últimos párrafos al artículo 48 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Así mismo se buscaría adicionar el artículo 50 Bis al Código Penal para el Estado de Sinaloa.
¿Qué dicen las otras dos iniciativas?
En el Congreso de Sinaloa también se han presentado propuestas legislativas para evitar que las víctimas de robo de vehículo tengan que pagar por recuperar sus unidades. Una de ellas fue impulsada por el Grupo Parlamentario del PRI. La iniciativa, que fue presentada en noviembre de 2025, propone reformar la Ley de Hacienda del Estado y el Código Penal para que las personas que acrediten ser víctimas queden exentas de pagar derechos relacionados con trámites derivados de la recuperación del vehículo, como arrastre, almacenamiento, reposición de placas o tarjeta de circulación.
La propuesta del PRI también busca incorporar esta exención como parte del principio de reparación del daño dentro del Código Penal, estableciendo que cuando un vehículo robado sea recuperado por las autoridades, las víctimas no deban cubrir derechos o cargos administrativos derivados del proceso de devolución. De aprobarse, la medida aplicaría siempre que la persona acredite su calidad de víctima y exista relación directa entre el trámite y el hecho delictivo.
Por otro lado, otra iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAS, también en noviembre de 2025, plantea un enfoque similar, aunque centrado principalmente en eliminar cobros como grúa y corralón cuando el vehículo haya sido recuperado por las autoridades. La diferencia principal radica en el alcance de las reformas. Por una parte, la propuesta del PRI busca modificar tanto la legislación hacendaria como el Código Penal para integrar la exención dentro del concepto de reparación del daño, la iniciativa del PAS se enfoca más en el aspecto administrativo de los cobros asociados a la recuperación del automóvil.
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