Culiacán, Sinaloa.– Activistas y organizaciones feministas advirtieron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría sentar un precedente que afecte la libertad de expresión y el derecho a la privacidad en México, al permitir que conversaciones privadas de WhatsApp sean utilizadas como prueba en un proceso por violencia política en razón de género.
El caso de María Emma Zermeño López, quien enfrenta una denuncia que incluye capturas de pantalla de una conversación privada que, según el expediente, fue presentada como prueba en un procedimiento sancionador por violencia de política de género de la que se acusa como víctima a la diputada local con licencia Almendra Negrete.
“Lo que está en juego hoy en este país es el acceso a ejercer la libertad de expresión y el abuso de poder”, dijo Zermeño.
“Las autoridades consideran genuinamente que una conversación privada puede ser arrancada de su contexto y usada para castigar a una ciudadana”.
El caso de Emma Zermeño
De acuerdo con el expediente SG-JDC-17/2026, la denuncia se presentó en octubre de 2025 por presunta violencia política en razón de género. Entre las medidas solicitadas se encuentra una indemnización de 300 mil pesos, la inclusión de Zermeño en el padrón de personas violentadoras y que Negrete sea restituida como diputada local, pues actualmente ejerce también como titular de la Secretaría de la Diversidad de Morena nacional y por reglamento interno no puede asumir ambos cargos.
Zermeño explicó que, de prosperar la resolución en su contra, también podría enfrentar la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante dos o tres años.
“Sería yo la primera persona en esa lista en el Estado”, señaló.
Según Zermeño, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa había resuelto inicialmente que no existía violencia política, al considerar que las pruebas presentadas vulneraban el derecho a la privacidad. Sin embargo, la decisión fue revertida posteriormente por una sala regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El debate de la libertad de expresión
Colectivos feministas y organizaciones civiles expresaron preocupación por los efectos que el criterio judicial podría tener en el uso de comunicaciones privadas dentro de procesos sancionadores.
Korina Cervantes, activista feminista, señaló que la sentencia podría impactar derechos protegidos en la Constitución, entre ellos la libertad de expresión y la privacidad de las comunicaciones.
“De continuar este proceso pone en peligro la privacidad de millones de personas en este país, así como la posibilidad de expresar pensamientos sin temor a represalias. Esto debería preocuparle también a los periodistas”, señaló.
“Se vienen situaciones fuertes tanto para activistas, defensores de derechos humanos y periodistas”.
La preocupación se basa es que una de las pruebas principales del expediente consiste en capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp presentadas mediante un acta notarial.
Zermeño aseguró que, en su caso, no existió orden judicial para intervenir comunicaciones ni autorización para difundir el contenido de los mensajes.
“¿Cómo es posible que se hagan públicos mis mensajes si yo nunca autoricé que se difundieran?”, dijo.
Es decir, de confirmarse la resolución por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el caso podría convertirse en un precedente sobre el uso de conversaciones privadas en procesos judiciales relacionados con la participación política.
El caso se encuentra actualmente en revisión ante el Tribunal Electoral, por lo que el proceso no ha acabado ni se puede declarar definido, pero sí ha provocado un escándalo por la posición de los magistrados electorales.
“Todavía estamos a tiempo de evitar un daño mayor”, dijo Zermeño.
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