Karla Quintana/Raíchali
Fotos: Karina Ruíz y Karla Quintana

Chihuahua – En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, colectivas feministas señalaron que el gobierno del estado de Chihuahua obstaculiza el acceso al aborto en el sistema público de salud, a pesar de que el procedimiento fue despenalizado hace más de un año.

Marcha 8M
Foto: Karina Ruíz

En un posicionamiento difundido durante la jornada del Día Internacional de la Mujer, las integrantes de la organización Marea Verde Chihuahua mencionaron que las autoridades estatales mantienen barreras institucionales que impiden que el derecho a decidir se ejerza de manera efectiva en hospitales públicos.

Además señalaron que, mientras el aborto dejó de ser delito en el estado, el acceso a los servicios médicos sigue enfrentando obstáculos administrativos, estigmas y negativas en clínicas públicas.

“Hace ya un año y medio que el aborto fue despenalizado formalmente, pero la voluntad política sigue en deuda. Denunciamos enérgicamente que el gobierno de Chihuahua continúa obstaculizando el acceso a los servicios de aborto en el sistema público de salud”, señalaron en el documento.

Las activistas sostuvieron que cada negativa de atención en hospitales representa un caso de violencia institucional.

“Cada vez que una mujer es rechazada en una clínica, cada vez que se le impone el estigma social como barrera médica, el Estado está cometiendo violencia institucional”, afirmaron.

La colectiva indicó que ante la falta de acceso en instituciones públicas, redes de acompañamiento han asumido el apoyo a mujeres y personas gestantes que buscan interrumpir un embarazo.

De acuerdo con el posicionamiento, durante más de seis años estas redes han brindado información, acompañamiento y apoyo para que el procedimiento se realice de forma segura, trabajo que consideran corresponde al sistema de salud.

Marcha 8M
Foto: Karina Ruíz

“Mientras las instituciones públicas daban la espalda, las colectivas y redes de acompañamiento hemos estado ahí informando, acuerpando y asegurando que nadie transite este proceso en soledad o peligro”, expresaron.

Las integrantes de Marea Verde Chihuahua señalaron que el propio gobierno estatal ha tenido que reconocer como víctima a una persona a quien se le negó el derecho a abortar en un hospital público.

Ante ello, exigieron que el Estado reconozca estos casos como violaciones a derechos humanos y garantice reparación integral del daño.

Entre las medidas que plantean se encuentran:

Reparación integral para quienes hayan sido víctimas de negativas en hospitales.Garantías de no repetición que eliminen obstáculos administrativos.Regulación de la objeción de conciencia para evitar que se utilice como barrera para negar el servicio.

El posicionamiento también criticó la instalación de vallas alrededor de edificios públicos durante las movilizaciones del 8 de marzo.

Las colectivas señalaron que el gobierno encabezado por la gobernadora Maria Eugenia Campos Galván prioriza blindar edificios en lugar de atender las demandas de derechos reproductivos.

“Ni sus vallas, ni sus denuncias, ni su silencio nos van a detener. La marea sube y sigue creciendo”, concluye el posicionamiento.

Las organizaciones reiteraron que continuarán movilizándose hasta que el aborto pueda ejercerse de manera libre y sin restricciones en los hospitales públicos del estado.

Este trabajo fue realizado por Raichali, que forma parte la Comunidad de Medios. Para consultar el contenido original, dar clic aquí