Jueces incumplen restitución de tierras ejidales en favor de comunidad pima

Por Karla Quintana y Leonel Barro
Fotos: Karla Quintana

Chihuahua – Integrantes del Ejido La Junta conformada por el pueblo pima, en el municipio de Madera, denunciaron el incumplimiento de una resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 dentro del expediente 544/2023, la cual ordenó la restitución de 1,170 hectáreas ubicadas en la comunidad de El Cable, territorio que, afirman, continúa bajo control del particular demandado pese a existir mandato judicial firme.

De acuerdo con la información proporcionada por la Asamblea General de Ejidatarios, la demanda de restitución fue presentada el 23 de mayo de 2023 en contra de Benjamín Banda Celis, a quien se señala de haber invadido dicha superficie desde el año 2016, situación que derivó en amenazas contra integrantes del núcleo agrario a partir de 2019.

Las tierras en disputa forman parte de una ampliación otorgada mediante decreto presidencial en 1975, por lo que sostienen que existe reconocimiento legal de su propiedad social.

La resolución fue dictada por el magistrado Rafael Gómez Medina y presentada el 20 de febrero de 2025. Ahí se determina la “entrega y desocupación de la superficie que detenta Benjamín Banda Celis”, lo que implica la restitución del territorio al ejido. Posteriormente, el 21 de enero de 2026, personal del Tribunal —un actuario y un perito topográfico— acudió a ejecutar la sentencia.

No obstante, la comunidad sostiene que la diligencia no se concretó de manera efectiva, ya que únicamente se concedió al demandado un plazo de 10 días para desalojar pero no ha cumplido, mantiene el control del predio por parte del particular.

El comisario ejidal Miguel Ángel López López, señaló que a pesar de la orden judicial, la comunidad continúa sin recuperar físicamente la tierra: “Esta persona supuestamente dice que compró, pero nosotros tenemos la resolución presidencial y también el documento del Tribunal Unitario Agrario, donde ya es la orden de alojamiento para que estuviera fuera desde el 21 de enero. Se le dieron 10 días para que se alojara de la superficie y no lo ha hecho”, afirmó.

López López añadió que el conflicto lleva al menos tres años y ha impactado directamente a la comunidad de El Cable.

De acuerdo con su testimonio, el demandado ha realizado actos que consideran intimidatorios y de daño patrimonial. “Ha provocado que los animales destruyan todos las matas que tienen, consigue animales para meterlos ahí a hacer perjuicio, para dañar nada más”, declaró el comisario.

Añadió que él y otros ejidatarios han sido detenidos porque los ha denunciado el mismo particular, por presunto delito de despojo. “Ya una vez me trajeron esposado desde la comunidad de El Cable, a mí y a otros dos compañeros, pues es una injusticia porque nosotros presentamos documentos y ya nos entregaron que es de nosotros el ejido”.

En paralelo al juicio agrario, la comunidad afirma que enfrentan acciones judiciales en materia penal que consideran contradictorias con la resolución federal. La abogada de Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), Isabel Saldívar, explicó que el núcleo agrario cuenta con una orden clara de restitución:

“Efectivamente ellos tienen ya la resolución del Tribunal Unitario Agrario que ordenó la ejecución y la restitución de tierras y esa es una autoridad federal. Sin embargo, el juez en materia penal sigue insistiendo en que hay un delito de despojo cuando este es inexistente”.

Los ejidatarios también señalaron que el juez de Control, Víctor Manuel Flores Reyes, del Distrito Judicial Guerrero, ha ordenado detenciones contra autoridades ejidales y ha asegurado documentos y sellos oficiales del comisariado, además de suspenderlos de sus funciones como medida cautelar, lo que consideran una violación a sus derechos agrarios y comunitarios.

La comunidad pima integrada por 78 ejidatarios, informó que cuenta con un amparo con suspensión, expediente 369/26, para que cesen los actos de molestia en su contra; sin embargo, sostienen que las acciones continúan.

Además, el 21 de agosto de 2025 presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por estos hechos.

Ante esta situación, los integrantes del ejido demandaron públicamente la restitución efectiva de las tierras, el cese de las amenazas y arbitrariedades atribuidas al particular, así como que la autoridad judicial en materia penal deje de reconocer posesión al invasor, al considerar que existe ya una resolución agraria firme que ordena la entrega del territorio.

Los ejidatarios señalaron que se trasladaron a la ciudad de Chihuahua para visibilizar el conflicto y exigir la intervención de autoridades federales y estatales, al advertir que el incumplimiento de la sentencia mantiene en incertidumbre la posesión de su territorio comunitario.

Tribunal de Disciplina les dice que les faltan pruebas

Un día antes, el miércoles pasado, los representantes de la comunidad del municipio de Madera, interpusieron una denuncia contra el juez de Control Penal y a jueces penales del Distrito Judicial Guerrero, por desacato, ante el Tribunal de Disciplina y ante el Tribunal Agrario del Distrito 5.

Citlali Quintana, abogada legal de la organización de Contec, dio a conocer que acompañaron a representantes del ejido La Junta, para presentar una queja ante el Tribunal Judicial de Disciplina por actos realizados por los jueces mencionados, por exceder sus facultades penales y porque han dictado resoluciones en contra de ella comunidad y sus integrantes, cuando tienen ya una sentencia ejecutoria (es decir, que llegó a última instancia) en materia agraria.

La tarde del miércoles 11 de marzo, integrantes de la comunidad indígena acudieron primero al Tribunal Superior de Justicia para denunciar y solicitaron una audiencia para exponer su caso.

Los denunciantes fueron recibidos por un juez del Tribunal de Disciplina, quien, tras escuchar sus planteamientos, les explicó que la denuncia presentada no podía ser procesada debido a la falta de pruebas contundentes que la respaldaran.

El funcionario judicial orientó a los representantes de la comunidad sobre el procedimiento correcto y señaló que para que una denuncia de esa naturaleza tenga validez, debe estar debidamente soportada con pruebas.

Asimismo, les informó que no era necesario que los miembros de la comunidad se trasladaran hasta la ciudad de Chihuahua para futuras gestiones, ya que pueden hacer llegar sus documentos y quejas a través de medios electrónicos como el correo oficial o mediante el envío de documentos escaneados.

El juez les sugirió a los comuneros ampliar su ruta de gestión y que acudieran a otras instancias gubernamentales. Les recomendó específicamente buscar apoyo en la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (o su equivalente estatal), porque en dicha dependencia no sólo podrían encontrar respaldo para el conflicto de tierras, sino también gestionar otro tipo de necesidades comunitarias como seguridad, salud y programas de empleo a través de las diversas secretarías de gobierno.

Acuden al Tribunal Agrario por posible desacato

La comitiva se trasladó a las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, ubicado en la avenida George Washington, en el Complejo Industrial Las Américas, para solicitar una entrevista con el magistrado presidente de dicho Tribunal, para denunciar un posible delito de desacato.

Solicitaron la intervención del Ministerio Público Federal para que dé vista del caso y evalúe la situación. Los comuneros buscan que el magistrado analice los hechos y emita un visto bueno que obligue a la parte responsable a cumplir con el mandato judicial, para hacer valer el triunfo legal que ya han obtenido en los tribunales.

“Hicieron valer ese triunfo, ya está ganado, pero no se ejecuta porque la persona no quiere acatar la orden”, externaron los afectados, quienes ahora esperan que las autoridades correspondientes actúen para hacer cumplir la ley.

Citlali Quintana detalló que el magistrado presidente del Tribunal Agrario, les comentó en la reunión que sostuvo con la comunidad, que van a iniciar una investigación porque “ya tienen los antecedentes para iniciarla y determinar si los hechos que se cometieron en el Distrito Judicial Guerrero en el área penal, constituyen el delito cometido por autoridades judiciales, que son delitos judiciales que sólo pueden cometer en este caso, los servidores del Poder Judicial”.

La abogada explicó que las pruebas constan en el expediente penal al que el Tribunal tiene acceso, pero que si se requiere, pueden allegar las pruebas al juez agrario.

Lo que sigue es que el magistrado agrario determine que el proceso de ejecución de sentencia ya está concluida y que en todo caso, la persona acusada estaría incurriendo en desacato. “Es un delito penal en materia federal porque fue emitida la sentencia por un Tribunal Agrario que es materia federal. Y la persona que perdió el juicio agrario, está en desacato”, concluyó la representante de Contec.

Este trabajo fue realizado por Raichali, que forma parte la Comunidad de Medios. Para consultar el contenido original, dar clic aquí