La realidad del recuento de daños por la narcoguerra se plasma allí, sin matices, como primer paso para enseguida mostrar las propuestas que saquen adelante a Sinaloa con la fuerza de la acción cívica.
EDITORIAL
El Gobierno del Estado ha sido históricamente derrotado en el propósito de tomar el control de los penales debido a que incurre en el mismo error de abordar el problema de manera superficial.
Las acciones para la seguridad pública cuentan con los elementos capacitados, tecnología adecuada y tareas de inteligencia para lograr la pacificación de Sinaloa, si las políticas públicas y voluntades de gobernantes se fijan tal meta.
El gobernador y el Congreso del Estado están convocados a actuar en la misma dirección en que van los sinaloenses con los tesones de construcción de paz positiva, sin escatimar en esfuerzos ni inversión pública en una cuestión que es de máxima prioridad.
Lejos de tratarse de una decisión administrativa o de cuidado a la imagen política, la determinación de realizar la edición 2025 de la Feria Ganadera tendrá que ser resultado de una buena estrategia de seguridad pública.
Lo que resalta es la inacción de los órganos electorales para realizar la vigilancia y sanción que por ley les corresponde, vacío de autoridad que fomenta el oportunismo de la partidocracia.
Si las instituciones y quienes las presiden ignoran la emergencia de unir a la sociedad en esta crucial batalla cívica, entonces estarán en evidencia las omisiones que aportan para que la narcoguerra continúe.
Rocha Moya debe asumir la obligación que el desempeño del cargo le determina, de gobernar para todos de manera receptiva e incluyente.
Ante tantas alarmas encendidas en Sinaloa, el gobernador Rocha hace lo correcto al tocar puertas en la federación que corrijan omisiones o abandonos de consecuencias devastadoras.
El Ayuntamiento de Mazatlán y el Gobierno de Sinaloa estarían involucrados en este hecho, por acción u omisión, si de inmediato no toman las medidas y aplican las acciones legales que derivan.
