Culiacán, Sinaloa.- El fentanilo no solo deja muertes por sobredosis o decomisos millonarios en México: también sostiene economías locales criminales y, en casos como Sinaloa, profundiza las brechas sociales.
El informe Fentanilo no regulado en Norteamérica (Global Initiative, 2025) revela que el estado forma parte del nuevo “triángulo dorado” del fentanilo junto con Sonora y Baja California, donde se entrelazan la producción de drogas sintéticas y el tráfico de armas. En estas regiones, muchas comunidades dependen del dinero que fluye desde el negocio ilícito, sustituyendo al empleo formal que no llega.
“El crimen organizado genera ingresos donde el Estado no genera oportunidades”, advierte el documento. La economía del fentanilo se construye en la precariedad: laboratorios en zonas rurales, cocineros reclutados entre jóvenes sin empleo, familias que sobreviven del comercio informal ligado al trasiego.
Los gobiernos locales y el federal mantienen campañas públicas que siguen apostando por campañas de miedo y militarización, sin atender el origen del problema: la desigualdad estructural que convierte al fentanilo en una fuente de subsistencia más que en una amenaza abstracta. dicha desigualdad se traduce en violencia, estigma y vidas truncadas, sobre todo de personas jóvenes.
La dinámica de violencia se explica con números, por ejemplo, México mantiene una tasa de 24 homicidios por cada 100 000 habitantes, casi equivalente a la tasa de muertes por sobredosis de opioides en EE.UU. (25 por cada 100 000) y Canadá (21.5 por cada 100 000).
El informe revela que el flujo de armas provenientes del norte global sostiene la capacidad violenta de los grupos criminales que operan el mercado de fentanilo. Más del 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México tienen origen estadounidense, un fenómeno que fortalece a las redes que controlan el trasiego de drogas en Sinaloa.
Entre 1990 y 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional incautó más de 4.7 millones de kilogramos y 31 millones de comprimidos de fentanilo ilícito, gran parte concentrados en la franja del Pacífico, pero esos decomisos no se traducen en una disminución de la violencia, como la que actualmente se tiene en el Estado. Desde septiembre de 2024 al 31 de octubre de 2025 se calculan más de 2,500 asesinatos, al menos 4,000 desapariciones de personas y hasta 8,000 robos de vehículos de manera violenta. Es el resultado de una fractura interna del cartel de Sinaloa entre dos bandos que luchan por el control territorial.
Dicho territorio sostiene diversas economías ilícitas, como el lavado de dinero, la tala y minería ilegal, la extorsión y la producción de drogas. Sin embargo, este último negocio se desarrolla en comunidades rurales y urbanas, con jóvenes desempleados que se vuelven “cocineros” o distribuidores.
“El crimen organizado genera ingresos donde el Estado no genera oportunidades”, señala el informe. La falta de empleo, educación y atención en salud mental empuja a cientos a involucrarse en la cadena del fentanilo. En Sinaloa, por ejemplo, hay médicos, farmacéuticos y transportistas que se enfrentan al dilema de sobrevivir o ser criminalizados.
Son esas mismas condiciones las que han llevado a crearse también comunidades de personas consumidoras, aunque a través de engaños sobre sustancias como el fentanilo ilegal.
La Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones (CEPTCA) reporta que 7 de cada 10 jóvenes internados por consumo dieron positivo a marihuana contaminada con fentanilo. Esto revela un aumento del uso accidental del opioide y un riesgo creciente de sobredosis en personas que ni siquiera saben que lo consumen.
La detección de personas consumidoras se ha tenido una vez que llegan intoxicadas a hospitales públicos, pues la falta de productos que contrarrestan sus efectos, como la naloxona, y de laboratorios con reactivos para detectar el opioide agrava la crisis.
Organizaciones como Sociedad Educadora detectan que el inicio del consumo en Sinaloa ocurre a los 10 años de edad, en entornos donde las adicciones son parte del entorno familiar, pero que las campañas federales que están basadas en el miedo no funcionan, sino que estigmatizan, alejan a los jóvenes de los servicios de atención y perpetúan la desinformación.
“No puedes prevenir adicciones si no hay esperanza de futuro”, dice Irving Gaxiola, ex director de la organización civil Sociedad Educadora.
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