Este junio el termómetro en Culiacán alcanzó los 46 grados, una cifra que ya casi no sorprende, porque llevamos varias temporadas viendo cómo el calor deja de ser un dato del clima para convertirse en una condición con la que hay que aprender a trabajar, a vender y, en muchos casos, simplemente a sobrevivir.
En lo que va de esta temporada, Sinaloa acumula cinco golpes de calor y 17 casos de agotamiento por altas temperaturas, concentrados sobre todo en la zona norte del estado, según ha reportado la Secretaría de Salud, que hasta el momento no ha tenido que lamentar muertes asociadas. Las propias autoridades han señalado, no sin razón, que los trabajadores del campo y de la construcción son quienes enfrentan el mayor riesgo; sin embargo, ningún informe oficial logra capturar a quienes también pasan horas bajo el mismo sol sin que su actividad esté formalmente reconocida como trabajo de riesgo: la vendedora de tacos que monta su puesto a las dos de la tarde, el repartidor que recorre la ciudad en motocicleta, el comerciante ambulante del centro que ya reportó caídas de hasta 40% en sus ventas por el calor, muchos de ellos con hipertensión o diabetes, condiciones que el calor extremo no hace sino agravar, y que aun así siguen ahí, de nueve de la mañana a siete de la noche, porque dejar de vender un día significa, simplemente, no comer ese día.
Mientras tanto, en las oficinas con aire acondicionado, las empresas siguen hablando de ESG, de huella de carbono, de plantas con paneles solares, de compromisos climáticos a 2050; un discurso que rara vez logra bajar hasta la persona que reparte un pedido a las dos de la tarde o que corta hortaliza bajo el sol en algún campo sinaloense, y que pone en evidencia que la sostenibilidad corporativa, tal como suele entenderse, sigue construida de espaldas a quienes más directamente la padecen.
La norma que en teoría debería protegerlos, la NOM-015-STPS-2001, tiene más de dos décadas y nunca ha sido actualizada: establece que el personal expuesto a condiciones térmicas elevadas debe descansar al menos 15 minutos por cada hora trabajada cuando la temperatura del área supera los 32.2 grados, pero no obliga a ningún patrón a suspender la jornada cuando el riesgo es real, ni le otorga a ningún trabajador el derecho legal de retirarse si siente que está en peligro. Apenas en diciembre pasado, una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados señaló con claridad este vacío: existe una normativa pensada para un calor distinto al que hoy enfrenta el país, uno que el cambio climático ha vuelto, en los hechos, mucho más frecuente y mucho más severo de lo que la ley todavía es capaz de reconocer.
Ninguna empresa necesita esperar a que el Congreso lo resuelva para correr sus horarios de campo y obra lejos de las horas de mayor radiación, instalar sombra e hidratación reales, y aceptar que quien se retira por un golpe de calor inminente no pierda el salario del día por haber cuidado su propia vida.
Mientras ese vacío no se cierre, seguiremos dejando que el cuerpo de cada quien decida hasta dónde puede aguantar, en lugar de que sea una obligación clara de quien da el trabajo.

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