Durante años, hablar de soberanía fue presentado como una excentricidad en un mundo que se asumía gobernado por reglas, mercados y consensos multilaterales. La globalización, se repetía, había reducido la necesidad de Estados fuertes y vuelto obsoleta cualquier preocupación por el poder, las asimetrías o la coerción. Bastaba con integrarse, respetar las normas y confiar en que el sistema recompensaría a todos por igual.
Hoy, esa narrativa comienza a resquebrajarse desde su propio centro. Esta semana, en el Foro Económico Mundial de Davos, el primer ministro de Canadá llamó a quitarse la venda de los ojos y a reconocer que el sistema internacional nunca fue tan equitativo como se nos hizo creer. Admitió que las normas comerciales se aplicaban de forma asimétrica, que el derecho internacional variaba según quién fuera el acusado y que la integración económica, lejos de garantizar beneficios compartidos, podía convertirse en un instrumento de coerción.
Pero lo que se presentó en Davos como una revelación es, en realidad, una denuncia vieja para el Sur Global. Desde hace décadas, países de América Latina, África y Asia han señalado que las grandes potencias utilizan la interdependencia económica, las instituciones multilaterales y las cadenas de suministro como mecanismos de presión política. La diferencia es que ahora los países intermedios, como Canadá o varias economías europeas, comienzan a sentir los costos de ese diseño.
En México, este diagnóstico no llegó tarde. En su momento, Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de fortalecer la soberanía. Ya en el poder, el discurso se tradujo en intentos por recuperar márgenes de control en el sector energético, en un mayor peso del Estado como regulador, en el fortalecimiento del mercado interno mediante políticas sociales y en una política exterior menos dispuesta a alinearse de forma automática.
Nada de esto ha sido sencillo. México opera bajo asimetrías de poder profundas frente a Estados Unidos, derivadas de una integración económica intensa, una alta dependencia comercial y una frontera donde confluyen comercio, migración y crimen organizado. En ese contexto, hablar de soberanía implica gestionar tensiones permanentes más que ensayar rupturas espectaculares.
Pero sería un error grave confundir el fortalecimiento de la soberanía con el aislamiento. Todo el que apunte hacia el ostracismo pierde de vista que México ha obtenido beneficios económicos claros de la integración comercial con Estados Unidos, primero bajo el TLCAN y después con el T-MEC. Minimizar esos avances sería tan irresponsable como ignorar los riesgos de la dependencia.
Gracias a esa integración, México consolidó una economía estable. Las exportaciones representan hoy cerca del 37 por ciento del PIB y más del 90 por ciento corresponden a manufacturas. Ese proceso ha sostenido millones de empleos industriales, ha atraído inversión extranjera directa de manera constante y ha impulsado regiones enteras. También ha facilitado transferencias tecnológicas y procesos de modernización productiva que difícilmente habrían ocurrido en un escenario de aislamiento. A ello se suman ganancias de bienestar para los consumidores, menos visibles en el debate público pero relevantes en el largo plazo.
Los beneficios, eso sí, han sido desiguales. Se concentran en regiones exportadoras y en sectores integrados a las cadenas productivas de Estados Unidos. Aun así, forman parte de un balance que no puede ignorarse.
Conviene recordar, además, que la apertura de México al mundo no solo tuvo efectos económicos. También estuvo acompañada de beneficios políticos que resultan difíciles de explicar fuera de ese contexto internacional. La transición democrática, el fortalecimiento gradual de instituciones autónomas, la profesionalización de amplios segmentos del servicio público y la incorporación de prácticas de rendición de cuentas y transparencia ocurrieron en un país que buscaba insertarse en una ola democratizadora de alcance global.
La presión internacional, los compromisos multilaterales y la comparación constante con otros regímenes jugaron un papel relevante en ese proceso. Por eso, cualquier esfuerzo por fortalecer al Estado hoy debe cuidar no erosionar esos avances, pues la capacidad estatal sin contrapesos ni controles puede derivar fácilmente en regresión institucional.
Por eso México se encuentra hoy ante una disyuntiva particularmente delicada. Debe conservar los beneficios que le ha dado la integración económica y la apertura democrática, al mismo tiempo que refuerza su soberanía en áreas estratégicas y enfrenta las presiones de un gobierno estadounidense cada vez más dispuesto a utilizar el comercio y la seguridad como herramientas políticas, en especial en torno al tema del crimen organizado.
El desafío consiste en sostener ese equilibrio en un contexto internacional crecientemente inestable. Se trata de ampliar los márgenes de decisión propia sin erosionar los vínculos que sostienen empleo, inversión, crecimiento y libertades políticas adquiridas. También implica negociar desde el reconocimiento de las asimetrías existentes, no desde la ficción de una igualdad que nunca ha sido real.
Paradójicamente, quienes hoy aplauden en Davos el llamado canadiense a reconocer la crudeza del sistema internacional son los mismos que durante años ridiculizaron cualquier intento mexicano de hablar de soberanía. Tal vez el problema nunca fue el diagnóstico, sino la persona que lo formulaba. Porque, al final, aunque incomode decirlo, en esto AMLO tenía razón. López Obrador entendió el momento histórico mejor que muchos de sus críticos.

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