Por Sibely Cañedo
El 23 de enero de 2025, el municipio de Concordia se convirtió en el epicentro de una tragedia que destapó la crisis de violencia y desaparición de personas que se vive en Sinaloa, y en especial en las zonas serranas. Diez trabajadores mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp fueron privados de su libertad por un comando armado, pero no fue sino hasta cinco días después cuando se emitieron las primeras fichas de búsqueda. Cuando finalmente el Estado decidió actuar, lo hizo con una demostración de fuerza bélica sin precedentes: 1,190 efectivos militares –incluyendo fuerzas especiales y Guardia Nacional– inundaron la zona. Sin embargo, a medida que los fusiles avanzaban, el derecho a la información retrocedía.
El 6 de febrero trascendió la información de una “presunta fosa”, lo que de inmediato atrajo la atención de periodistas y de colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Finalmente, por la presión de los reporteros, se pudo confirmar que no era una ni dos, sino al menos cinco fosas clandestinas con restos humanos. Entre ellos se dio el lamentable hallazgo de cinco de los mineros, dato confirmado posteriormente por la propia empresa.
Según algunos medios, como la Revista Proceso, hasta el miércoles 11 de febrero habían localizado 14 cuerpos en esas cinco fosas y sólo se habían identificado los de los mineros.
Las madres buscadoras no solo de Sinaloa, sino también de Durango, llegaron con una pregunta en las entrañas: ¿está mi hijo ahí?
La respuesta oficial ha sido el hermetismo. Mientras la Guardia Nacional resguarda el perímetro de las fosas, las familias se enfrentan a una barrera más infranqueable que cualquier cinta de seguridad: la indiferencia institucional que raya en la revictimización.
El contraste es brutal: un Estado capaz de movilizar un ejército para rastrear un perímetro y buscar trabajadores cuando son de una compañía extranjera, pero incapaz de pacificar un territorio cuando la población local ha sufrido por meses, o incapaz de entregar información básica sobre los cuerpos encontrados en El Verde para aliviar el dolor de las madres, a quienes ni siquiera se les ha dado el catálogo de prendas encontradas.
La “duda razonable”: un derecho nacido de la tragedia
Las autoridades, encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han intentado soslayar la tragedia bajo la narrativa de una “confusión” entre grupos criminales. Esta versión no solo minimiza la violencia estructural y la denuncia de múltiples extorsiones en la sierra de Concordia, sino que ignora un hecho estadístico aterrador: en la última década, las desapariciones en México han aumentado un 213% , al pasar de 4 mil 114 en 2015 a 12 mil 872 en 2025, de acuerdo con un informe de México Evalúa.
En estas cifras, Sinaloa encabeza la lista como el estado con la tasa más alta por cada 100 mil habitantes, seguido de Sonora y Baja California Sur en un marco de disputas territoriales entre el crimen organizado. Sumido en una “narcoguerra”, en Sinaloa han desaparecido más de 2 mil personas entre 2024 y 2025, lo que representa una violencia letal de escala masiva.
Es aquí donde surge la duda razonable como un fundamento de la exigencia jurídica y lleva a preguntarnos dónde están todas estas personas, si están con vida o han sido privadoa de ella, y sobre todo, ¿hacia dónde pudieron movilizar tantos cuerpos o personas?
Si el Estado reconoce que hay cuerpos en El Verde que no pertenecen a los mineros desaparecidos —pues hasta ahora solo se han identificado a cinco de los diez —, las familias de los miles de ausentes en Sinaloa y estados vecinos como Durango tienen el derecho legítimo de sospechar que sus seres queridos podrían estar ahí. Esta duda no es una ocurrencia; es una consecuencia directa del caos forense y la magnitud de la crisis. La negativa a transparentar los hallazgos deja a las familias en un estado de indefensión absoluta, violando su derecho constitucional a la verdad y a la participación en las tareas de búsqueda.
La obligatoriedad del enfoque humanitario
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Cometida por Particulares es clara: la búsqueda debe regirse por un enfoque humanitario centrado en el “alivio del sufrimiento y la incertidumbre”. Sin embargo, en El Verde, la FGR y las autoridades locales parecen operar bajo la lógica de la secrecía. Ante este rebasamiento institucional, las familias se han visto forzadas a profesionalizarse.
A propósito de este caso, es oportuno recordar que en días recientes, los colectivos de búsqueda de Sinaloa tomaron el taller de antropología forense auspiciado por Iniciativa Sinaloa con la especialista Albertina Ortega Palma, quien enfatizó que el debido proceso comienza en el sitio del hallazgo; si se manipulan las fosas sin la metodología adecuada, se destruye la evidencia y la posibilidad de justicia.
La antropóloga forense Albertina Ortega Palma, durante un curso reciente impartido en Culiacán a colectivos de búsqueda. Foto: Archivo Iniciativa Sinaloa.
La opacidad en El Verde no solo es una falta administrativa, es un riesgo forense. Cada día que pasa sin que se publique un catálogo de objetos personales o se permita la prospección in situ a los colectivos, se alimenta el temor fundado de que se pierda información valiosa y, por tanto, prolongar el tormento de quienes buscan. La transparencia no es una concesión del gobierno, es una obligación legal establecida en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y en el Protocolo Homologado de Búsqueda, ordenamientos que establecen los derechos de las familias a:
- Participar en la búsqueda.
- Proponer acciones.
- Acceder a información sobre hallazgos.
- Acompañar diligencias.
Un llamado urgente a la Presidenta Sheinbaum
Presidenta Claudia Sheinbaum; titular de la FGR, Ernestina Godoy; secretario Omar García Harfuch, y demás autoridades: el silencio de sus instituciones en El Verde es un acto de violencia institucional hacia las familias y la violación de sus derechos. Más de 400 organizaciones y ciudadanos han firmado un llamado urgente para exigir lo mínimo: información oportuna, canales directos de comunicación y un plan de intervención total de la Comisión Nacional de Búsqueda.
No se puede administrar el dolor de miles de familias bajo el pretexto del “resguardo de la escena” cuando la propia ley otorga a los familiares el derecho irrenunciable a acompañar las diligencias y acceder a la información de los hallazgos. La opacidad alimenta la desconfianza y confirma que, para el Estado, la prioridad parece ser minimizar el impacto político de la violencia antes que garantizar el derecho a la verdad.
¿En dónde están todas esas personas que faltan en Sinaloa?
El Verde puede ser la respuesta para muchas familias, o puede ser otra cicatriz de impunidad. Y si sus hijos no están ahí, las familias también merecen saberlo pero con información transparente y rendición de cuentas acerca de las acciones que allí se están realizando. Para las autoridades, la duda razonable de una madre es una orden de búsqueda que no se puede ignorar. Seguirles contestando con silencio es un signo de complicidad y de un Estado que –de manera sistemática– violenta los derechos humanos.
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