Crisis política en Sinaloa

Pesimismo Esperanzador
Por Jorge Rocha, académico del ITESO

La semana pasada la presidencia de Claudia Sheinbaum comenzó a vivir el peor momento desde que inició su gestión. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó y pidió la extradición de diez funcionarios y exfuncionarios públicos por tres delitos que implican la colaboración con el Cártel de Sinaloa. Entre los tres acusados estén el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador en funciones por Morena, Enrique Inzunza y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, es decir, tres de los funcionarios públicos más importantes de esa entidad.

La primera respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a estas graves acusaciones, fue un reclamo a los Estados Unidos por no atender el debido proceso y además pidió presentar las pruebas de las acusaciones. La primera mandataria incluyó en su narrativa que la soberanía del país será defendida a ultranza. Por su parte, el gobernador Rocha Moya negó las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Fue muy claro que las primeras reacciones de Claudia Sheinbaum fueron para ganar tiempo mientras pensaban cuál era la mejor forma de proceder ya que, las implicaciones políticas y económicas de este caso son muchas y profundas.

El viernes primero de mayo por la tarde, Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendivil, presidente municipal de Culiacán, pidieron licencia temporal de su cargo, en aras a apoyar las investigaciones en su contra, al día siguiente, el sábado 2 de mayo el Congreso Local de Sinaloa nombró como gobernadora interina a la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, quien se había desempeñado como diputada local por Morena y estuvo en diversos cargos de seguridad pública en el gobierno del estado.

Frente a estos hechos, planteo algunas reflexiones, en primer lugar, para nadie fueron sorpresivas estas acusaciones, el repudio social hacia el gobernador de Sinaloa es creciente y desde muchos artículos periodísticos se han señalado los nexos del gobierno de este estado con grupos de la delincuencia organizada, incluso la crisis de violencia en el estado desde la aprehensión de Ismael “El Mayo” Zambada no ha cesado, a la fecha se calculan 3,150 homicidios dolosos y 3,680 personas desaparecidas. Incluso frente a estos hechos editorialistas a fines a la Cuarta Transformación y miembros de este partido político, plantearon que sostener a Rocha Moya en su cargo tendrían un altísimo costo político para la presidenta y para el partido.

Segundo, el gobierno de los Estados Unidos, pasó de darle juego a artículos periodísticos sobre este caso, a una acusación penal formal con fines de extradición. Se pasó de la arena de la opinión pública al campo jurídico penal. Esto supone la construcción de un caso, donde seguramente hay testigos, evidencias, tramas de hechos, investigaciones penales, entre otros. La respuesta ante este tipo de acciones ya no se reducen a la negación de los hechos, ahora se tendrá que entrar en el campo de los alegatos judiciales.

Tercero, en todos los escenarios la presidenta pierde y más bien su discernimiento político era calcular el mal menor. Si entregaba a Rocha Moya y los otros nueve acusados, Claudia Sheinbaum entraría en un escenario de confrontación con parte de su partido político y se corroboraría que Morena ya no sería un manto de impunidad para sus militantes. Hay que recordar que el ex -presidente López Obrador sostuvo la narrativa de que el ingreso a su partido de políticos de otros institutos políticos, era casi un proceso de “conversión” que automáticamente borraba los pecados. Entregar a Rocha Moya acabaría de facto con esta narrativa. La presidenta también perdía en el caso de no hacer nada, ya que esto implicarían más presiones por parte de Estados Unidos y podrían empezar a expandirse el mensaje de que en México prevalece un narco-gobierno, esto a la luz de la renovación de la firma del T-MEC, resultaba una muy mala noticia. Al parecer la mejor solución, con menor impacto político fue la petición de licencia de Rocha Moya, donde no se entrega a la justicia estadounidense, pero si se le quita el cargo por la vía de los hechos. Recordemos que el gobernador con licencia terminaría su cargo en octubre de 2027. El costo político en este caso es mandar el mensaje de que no hay cobertura completa y total para los funcionarios de Morena, pero también es no acceder a la extradición de estos funcionarios. Habrá que ver si la estrategia de la presidenta funciona.

Ahora bien, este golpe político se da en un momento de turbulencia en el partido en el poder, por los cambios en la dirigencia nacional y porque está a la vuelta de la esquina la definición de candidaturas para el año 2027, donde un aspecto que deberán cuidar sobremanera son las acusaciones de presuntos nexos con la delincuencia organizada, de personas que sabemos aspiran a importantes puestos de elección popular por parte de Morena.

Una de las preguntas que quedan en el tintero es si habrán más casos parecidos a Rubén Rocha y si antes de las elecciones del año que entra se darán a conocer.

En el estado de Sinaloa habrá que ver si estos cambios representan una forma diferente de hacer política en el estado y si efectivamente la gobernadora interina logra pacificar a esta entidad y se logra llevar a cabo un proceso de recuperación económica. Habrá que estar atentos.

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