Cristina Ibarra, presidenta de la Federación Mexicana de Economistas Colegiados (FMEC), considera que la crisis política desatada tras las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses de presuntamente tener nexos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, impactan negativamente el ya de por sí deteriorado panorama para la inversión extranjera en el estado.
“Esta inestabilidad política por supuesto que trae mayor incertidumbre hacia la situación económica. Si todos los planes de gobierno se seguirán llevando a cabo o se hará un viraje intencionado para recuperar la economía. Se esperaría que la gobernadora interina pudiera tomar algunas acciones, pero dado que se entiende como interina, es poco probable que tome alguna opción más allá de seguir administrando lo que ya se tiene”, explicó la economista en entrevista para ESPEJO.
El 2 de mayo tomó protesta una nueva gobernadora interina en Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde. Esto, después de que Rocha pidiera licencia indefinida al cargo para, según explicó en un pronunciamiento público, no entorpecer las investigaciones que anunció la Fiscalía General de la República referentes a los señalamientos hechos por las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, no fue el único servidor público en funciones señalado. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también apareció en la acusación formulada por Estados Unidos y, al igual que Rocha, pidió licencia del cargo. Fue el mismo caso con el vicefiscal de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra.
Estos y otros 7 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa son acusados de delitos como presuntamente haber recibido sobornos por parte del cártel de Sinaloa, particularmente de la facción de “Los Chapitos”, entre otras presuntas participaciones en actos ilícitos.
Para Cristina Ibarra, esta sacudida en los gobiernos municipal y estatal es señal de inestabilidad, y tiene el potencial de impactar negativamente la certidumbre para invertir en territorio sinaloense, siendo una añadidura a un clima de negocios que ya se encuentra ensombrecido por el rezago productivo y la crisis de violencia.
“Esa incertidumbre envía una señal negativa para quienes participan en empresas extranjeras. En el 2025, Sinaloa tuvo la inversión extranjera más baja de su historia, con 1.6 mdd, lo que significa que hubo flujos que salieron y solo se reinvirtió. Es algo bajísimo, que nunca se había visto. Esto es el reflejo de una economía que no está creciendo y no está dando la confianza al inversionista”, comenta Ibarra.
La crisis política se suma al estallido de violencia en la entidad, derivada del inicio de la guerra interna del cártel de Sinaloa en septiembre de 2024, como un inhibidor más del crecimiento económico. Esto se ha reflejado en que en 2025 desaparecieron más de 2300 empleadores en todo el estado. Los indicadores laborales también han visto un deterioro, con la pérdida de 11,427 empleos formales entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026, así como el aumento de la subocupación.
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