Por: Ángel Alberto Leyva Murguía. Director de Investigación en Mexicanos Primero Sinaloa
El cierre de un ciclo escolar va más allá del cumplimiento del calendario. Es una oportunidad para revisar qué ocurrió dentro y fuera de las escuelas, reconocer las condiciones que marcaron el año y preguntarnos qué debe corregirse antes del siguiente. Con esa intención, desde Mexicanos Primero Sinaloa presentamos el pasado 8 de julio el Balance de cierre del ciclo escolar 2025-2026. El análisis se organizó en torno a cuatro aspectos: violencia e interrupciones de clases; infraestructura y equipamiento; decisiones presupuestales; y ausencia de información pública sobre los aprendizajes.
El primer aspecto es el contexto de violencia. Entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, 72 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio en Sinaloa. Estos hechos no pueden atribuirse al sistema educativo ni suponerse ocurridos dentro de las escuelas; sin embargo, forman parte del entorno de riesgo e incertidumbre en el que transcurrió la vida cotidiana de miles de estudiantes.
La continuidad escolar también se vio afectada. Durante 57 días del calendario, al menos una escuela suspendió actividades presenciales por situaciones relacionadas con la violencia o la inseguridad. En el mismo periodo, se registraron 63 días en los que al menos un plantel interrumpió clases por causas operativas e institucionales, como falta de docentes o personal de apoyo, problemas administrativos y carencias de infraestructura o servicios básicos. Son registros distintos y deben leerse por separado. Ambos muestran que hubo comunidades escolares a las que no se pudo garantizar un servicio educativo regular.
La inseguridad no explica por sí sola las dificultades. El funcionamiento de las escuelas depende de condiciones materiales básicas. Según información de la Secretaría de Educación Pública y Cultura obtenida mediante una solicitud de acceso a la información, 5% de las escuelas no cuenta con energía eléctrica; 19% carece de agua potable; 13% no dispone de espacios adecuados para el lavado de manos; y 15% no tiene sanitarios independientes. Además, 73% no cuenta con instalaciones adaptadas para personas con discapacidad, 85% carece de materiales adaptados, 63% no dispone de computadoras y 60% no tiene conexión a internet.
La comparación con el ciclo anterior tampoco muestra una mejora sostenida. Aumentó la proporción de escuelas sin electricidad, agua, lavamanos, sanitarios independientes y computadoras, mientras que los avances en accesibilidad e internet fueron de apenas un punto porcentual. Es fundamental atender las carencias que enfrentan las escuelas en Sinaloa ya que contar con condiciones adecuadas es esencial para que funcionen con dignidad, seguridad e inclusión.
Esto obliga a mirar el presupuesto y preguntarnos si sus prioridades responden a las necesidades del sistema educativo. El balance reconoce incrementos para el Telebachillerato Comunitario, la formación inicial docente, la atención a la primera infancia y la infraestructura de educación básica. Sin embargo, esos avances contrastan con reducciones en educación especial, apoyo a migrantes, desarrollo profesional docente, expansión de la educación inicial e infraestructura de educación media superior y superior. El presupuesto expresa prioridades y debe valorarse por su capacidad para reducir desigualdades.
Uno de los mayores pendientes sigue siendo la información sobre los aprendizajes. Durante el ciclo 2024-2025 se aplicó la Evaluación Diagnóstica desarrollada por Mejoredu, pero sus resultados no fueron publicados. En 2025-2026, la autoridad educativa informó sobre la aplicación de los llamados Ejercicios Integradores de Aprendizaje; sin embargo, tampoco se ha dado a conocer información sobre los hallazgos. Esta ausencia de evidencia impide dimensionar los efectos de las interrupciones, identificar los rezagos, orientar los recursos y analizar si las estrategias funcionan. Una política educativa puede reportar programas, cursos, materiales y presupuesto ejercido; pero si no muestra qué cambió en los aprendizajes, seguiremos caminando a ciegas.
El próximo ciclo requiere una agenda clara: un sistema estatal de información educativa con datos públicos y desagregados; una ruta prioritaria para garantizar servicios básicos de infraestructura y equipamiento; evaluaciones para identificar rezagos y orientar apoyos; una estrategia de recuperación que incluya un diagnóstico claro, metas, responsables y seguimiento oportuno; y un presupuesto progresivo y equitativo que atienda a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
El calendario puede decirnos cuándo comenzaron y terminaron las clases. Sin embargo, no puede decirnos si cada estudiante tuvo continuidad, una escuela digna, los apoyos que necesitaba ni oportunidades suficientes para aprender. Eso exige que el Estado asuma su responsabilidad, tome decisiones con base en evidencia y actúe priorizando donde más se necesita. De cara al siguiente ciclo escolar, se requiere actuar, ya que este no será mejor solo porque vuelva a empezar, sino por lo que seamos capaces de corregir en el proceso.
X/Twitter: @angelleyva21 @Mexicanos1oSin
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