De la legitimidad al desgaste de Rubén Rocha

Sin perder de vista la trama política internacional, los sinaloenses no podemos eludir la necesidad de un análisis desde lo local.

La tentación de explicarlo todo desde el imperialismo norteamericano resulta cómoda, porque sitúa las causas fuera y diluye responsabilidades, sin embargo oscurece los procesos internos, las decisiones políticas y las omisiones institucionales que han dado forma a esta crisis.

El gobierno de Rubén Rocha Moya inició en 2021 en condiciones excepcionalmente favorables. Llegó con un alto nivel de aprobación popular, en el punto más alto de confianza ciudadana hacia Morena, respaldado por la figura de Andrés Manuel López Obrador, uno de los presidentes con mayor apoyo social en la historia reciente del país.

El triunfo de Rocha no se limitó al Ejecutivo, su coalición aseguró la mayoría de las alcaldías para su partido, el control del Congreso local y una amplia capacidad de maniobra institucional. El escenario inicial le ofrecía cohesión política, legitimidad electoral y condiciones óptimas para gobernar.

Desde ese punto de partida, la historia de Rocha en la gobernatura de Sinaloa se explica como una gran paradoja, el de una administración que concentró el poder y respaldo social, y que, sin embargo, terminó erosionadó por la acumulación de conflictos, la expansión de la violencia y la pérdida de confianza ciudadana.

En el plano político, su gobierno se definió por una dinámica de confrontación. La destitución de alcaldes, los reacomodos en los gobiernos municipales y el conflicto con la Universidad Autónoma de Sinaloa configuraron un campo de disputa constante.

En materia de seguridad, el gobierno transitó de una fase inicial de contención hacia una escalada sostenida de la violencia. La captura de Ovidio Guzmán López en 2023 y la caída de Ismael Zambada García en 2024 alteraron el equilibrio interno del crimen organizado. A partir de ese momento, la violencia se intensificó, volviéndose más visible en la vida cotidiana.

La respuesta del Estado se articuló en torno a una militarización prolongada de la seguridad, con fuerte presencia federal, retenes y operativos constantes, sin que ello se tradujera en una reducción sostenida de los delitos de alto impacto.

El deterioro se reflejó en la percepción social. Al inicio de su gobierno, alrededor del 60–65% de la población consideraba insegura su ciudad. Hacia 2025–2026, la cifra superó el 80%, consolidando un ambiente de temor generalizado permanente.

La desconfianza ciudadana evolucionó hacia formas más abiertas de rechazo. Sectores de la ciudadanía comenzaron a expresar desaprobación y distanciamiento, alimentados por la acumulación de conflictos políticos, la persistencia de la violencia y la sensación de falta de resultados.

Uno de los episodios más delicados se presentó con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda en 2024. La versión inicial de la fiscalía, que ubicó el hecho en una gasolinera, se debilitó ante inconsistencias. La incineración anticipada del cuerpo y las dudas sobre la cadena de custodia alimentaron la percepción de un posible montaje institucional, convirtiendo el caso en un símbolo de la crisis de credibilidad en la procuración de justicia.

El caso de la UAS fue otro caso emblemático. Las denuncias penales contra autoridades universitarias junto con la reforma a ley orgánica se presentaron como el inicio de una transformación profunda orientada a restituir la democracia interna y fortalecer la transparencia institucional. Con el paso del tiempo, la estrategia se desactivó, los procesos judiciales se diluyeron y los señalados recuperaron sus posiciones. Al interior de la propia universidad grupos disidentes acusaron al gobernador de traición, señalando una ruptura con los acuerdos que hicieron posible su ascenso.

La fractura social se expresó también en la relación con los colectivos de madres buscadoras, cuyas demandas de verdad, búsqueda efectiva y acompañamiento institucional encontraron respuestas limitadas. Las protestas y confrontaciones públicas evidenciaron una distancia profunda entre el gobierno y las víctimas.

La confrontación entre carteles tuvo un impactó económico severo. En Culiacán, el clima de inseguridad y la interrupción del dinero circulante del crimen provocaron la contracción de la actividad comercial, con cierre de negocios, reducción de horarios y caída en la vida nocturna. Cámaras empresariales reportan cientos de establecimientos afectados o permanentemente cerrados.

El sector agrícola también intensificó la tensión. Las movilizaciones de productores por precios, apoyos y condiciones de comercialización colocaron al gobierno  de Rocha bajo presión constante, en un contexto donde la incertidumbre económica se entrelazaba con la inseguridad territorial.

Todo este proceso es el que converge ahora en 2026, cuando autoridades de Estados Unidos presentan acusaciones formales contra Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado. La solicitud de extradición y su separación del cargo por licencia, marcan el punto de quiebre.

Desde esa perspectiva, el desenlace aparece como el punto de llegada de un proceso acumulativo. La caída de la confianza, el distanciamiento social y la expansión de la violencia surgieron de una secuencia donde cada conflicto no resuelto fue debilitando la capacidad del gobierno para sostener el orden.

Sinaloa queda así como un caso que obliga a mirar no solo las explicaciones externas. La crisis no tiene su origen únicamente por factores globales o decisiones ajenas. La debacle se construyó también desde dentro, en la forma en que se ejerció el poder, en las decisiones que se tomaron y en las que se dejaron de tomar. Se dejó pasar una gran oportunidad de gobierno.