De Topolobampo a Mazatlan: Sinaloa ante la trampa del desarrollo

Sinaloa atraviesa uno de los ciclos de inversión más importantes de las últimas décadas. Sin embargo, el principal desafío del estado consiste en construir las capacidades institucionales y sociales necesarias para gobernar su propio desarrollo.

De Topolobampo a Mazatlán emerge una misma paradoja, mientras aumentan los anuncios de inversión, también se multiplican los conflictos territoriales, la disputa por los bienes comunes y la percepción de que las decisiones estratégicas se toman lejos de las comunidades que deberán convivir con sus consecuencias.

Las cifras explican el entusiasmo gubernamental. Entre noviembre de 2021 y diciembre de 2024, Sinaloa captó más de 1,637 millones de dólares de inversión extranjera directa. En 2025, Topolobampo fue incorporado al programa federal de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar con expectativas superiores a los 13 mil millones de dólares en proyectos petroquímicos, energéticos y logísticos.

Al mismo tiempo, Mazatlán concentró una parte significativa de las inversiones públicas y privadas orientadas a fortalecer la actividad turística mediante desarrollos inmobiliarios, complejos de renta vacacional, centros comerciales y nueva infraestructura urbana.

La narrativa oficial presenta estos procesos como evidencia inequívoca de progreso. La inversión aparece asociada al desarrollo, la competitividad y la modernización económica. Sin embargo, la experiencia reciente de Topolobampo y Mazatlán sugiere al menos tres preguntas clave que no hemos discutido aún: ¿quién define el desarrollo, quién recibe sus beneficios y quién absorbe sus costos?

La trampa del desarrollo

Las cifras de inversión cuentan sólo una parte de la historia. Detrás de los anuncios de crecimiento y competitividad persiste una forma de toma de decisiones caracterizada por la concentración del poder, la escasa deliberación territorial y la participación limitada de las comunidades directamente afectadas.

La CEPAL ha denominado a esta situación una trampa de desarrollo ocasionado por las bajas capacidades institucionales. José Manuel Salazar-Xirinachs, director de este organismo, ha señalado que las políticas transformadoras requieren legitimidad social, coordinación entre actores y mecanismos efectivos de participación. Cuando estos elementos no existen, los proyectos pueden avanzar económicamente mientras se deterioran las bases institucionales que les dan sustento social.

Sinaloa ofrece una expresión territorial de esa trampa. Los proyectos generan crecimiento económico para ciertos actores, pero también producen conflictos sociales, desconfianza institucional y pérdida de bienes comunes.

La inversión llega acompañada de promesas de empleo, modernización y competitividad, mientras muchas comunidades perciben que el desarrollo avanza sobre sus territorios y no con sus territorios. En una entidad marcada por la crisis de seguridad, la desconfianza hacia las instituciones y la creciente percepción de exclusión ciudadana, la gobernanza se ha convertido en uno de los desafíos más importantes para el futuro del estado.

Topolobampo

La Bahía de Ohuira muestra la versión más clara del desarrollo impuesto verticalmente. La planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente busca producir 2,200 toneladas diarias de amoniaco en Topolobampo.

La resistencia de comunidades Mayo-Yoreme, pescadores y habitantes de Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y otros asentamientos cercanos se mantiene desde hace más de una década. Lo que está en disputa es quién tiene derecho a decidir el futuro de un territorio que constituye fuente de identidad, sustento económico y patrimonio ambiental.

La historia política del proyecto refuerza la idea de una decisión construida fuera del territorio. En la década de 2010, Proman habría considerado inicialmente Veracruz y el Golfo de México como ubicación estratégica, pero Francisco Labastida Ochoa propuso trasladar la inversión a Topolobampo. En 2011, Francisco Labastida Gómez de la Torre fue designado coordinador de Proyectos Estratégicos durante el gobierno de Mario López Valdez, y en 2012 Labastida Ochoa se convirtió en consultor de la empresa. Noroeste documentó que el proyecto fue elaborado por el despacho del exgobernador y operado por su hijo, entonces funcionario estatal.

La continuidad transexenal del proyecto es reveladora. Lo que comenzó bajo gobiernos priistas y malovistas fue retomado después como parte del discurso de desarrollo industrial de Morena en el norte de Sinaloa. En 2025, el gobierno estatal colocó a Topolobampo dentro de la estrategia de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, con 275 hectáreas desarrollables y proyectos asociados a petroquímica, metanol, hidrógeno verde, gas natural y logística. En marzo de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó la declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Topolobampo.

Desde entonces, la legalidad del proyecto ha estado atravesada por el conflicto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó el caso en el amparo 498/2021 y señaló que la autorización ambiental de 2014 se emitió sin consulta previa, libre e informada a la comunidad Mayo-Yoreme. La Corte sostuvo que existía el deber de consultar antes de autorizar ambientalmente la planta y reconoció que el proyecto podía generar impactos significativos sobre la vida y entorno de la comunidad indígena quejosa, asentada en la misma Bahía de Ohuira.

La consulta posterior no resolvió el problema de fondo, ya que una consulta realizada después de permisos, obras, compromisos financieros y promoción gubernamental pierde fuerza deliberativa. El proyecto adquirió inercia política y económica mucho antes de que comenzara la deliberación pública. En esas condiciones, la mesa de negociación que ahora se pretende instalar funciona como un mecanismo de administración del conflicto y validación de decisiones previamente tomadas.

El costo ambiental tampoco es marginal. La empresa calculó en su Manifestación de Impacto Ambiental que necesitaría dos millones de litros de agua de mar por hora para enfriar el amoniaco, lo que equivale a 17,520 millones de litros anuales. El agua sería tomada de la bahía y regresada con una temperatura entre uno y tres grados mayor. La región es sitio Ramsar y Área Natural Protegida; Semarnat ha señalado que la Bahía de Ohuira alberga más de 100 mil aves playeras y hábitat crítico para 19 especies, incluidas tortugas marinas, iguana negra, boa, cascabel, delfín nariz de botella, peces y crustáceos de importancia comercial.

Mazatlán

Mazatlán expresa otra cara de la misma trampa del Desarrollo. Sin en Ohuira, el Estado aparece como promotor de un proyecto industrial estratégico, en Mazatlán, aparece como autoridad permisiva ante la expansión inmobiliaria y turística.

El auge del puerto es indiscutible. En 2024, Sinaloa registró una derrama turística histórica de 38 mil millones de pesos, 5.5 millones de turistas y una ocupación hotelera promedio de 64 por ciento. El Carnaval Internacional de Mazatlán 2025 reunió 1 millón 231 mil 725 asistentes, dejó 1,143 millones de pesos de derrama y alcanzó una ocupación hotelera de 86 por ciento.

Ese éxito turístico ha reorganizado la ciudad en favor de la renta, la plusvalía y la especulación inmobiliaria. Mazatlán tenía 501,441 habitantes en 2020 y 153 mil viviendas registradas por el Censo. Sobre esa base urbana se ha montado una expansión vertical acelerada. Revista Espejo documentó que entre 2016 y agosto de 2023 se otorgaron 935 permisos de construcción para edificios de departamentos en Mazatlán, un promedio cercano a un permiso cada tres días. El 70 por ciento de esos proyectos se ubicó frente a la playa.

La riqueza generada por el boom turístico e inmobiliario se privatiza, mientras buena parte de los costos se socializa. La ciudad aporta playas, malecón, vialidades, servicios urbanos, imagen histórica, conectividad, fiestas, paisaje costero y patrimonio cultural. Los desarrolladores convierten esos bienes comunes en activos privados mediante preventas, rentas vacacionales, locales comerciales, torres y proyectos de lujo.

El valor del suelo aumenta porque la ciudad ya existe, porque generaciones anteriores construyeron infraestructura, identidad y atractivo turístico. La ganancia se captura en el mercado inmobiliario; la carga queda en el tráfico, el drenaje, el agua, la basura, la energía eléctrica, el desplazamiento residencial y la presión ambiental.

El mercado de vivienda muestra el lado social del problema. En 2022, Sinaloa registró el cuarto mayor aumento estatal en precios de vivienda, con 13.1 por ciento anual; Mazatlán tuvo una variación municipal de 12.9 por ciento, frente a un promedio nacional de 8.9 por ciento. Softec alertó desde 2023 sobre escasez de vivienda para trabajadores del sector servicios, precisamente aquellos que sostienen hoteles, restaurantes, comercios y entretenimiento turístico.

La crisis se agudiza por el tipo de vivienda que se construye. En el primer trimestre de 2024, de 846 viviendas reportadas en Sinaloa, sólo 5 por ciento correspondía a vivienda popular y tradicional. En Mazatlán, Revista Espejo documentó que durante 2024 no se había construido vivienda popular ni tradicional y que más del 90 por ciento de las viviendas nuevas se destinaban a desarrollos para renta vacacional. La ciudad produce espacio para visitantes e inversionistas, mientras restringe el acceso habitacional de jóvenes, familias locales y trabajadores.

Proyectos como Toram condensan esa lógica. La promoción inmobiliaria lo presenta como un desarrollo residencial y parque ecoturístico inspirado en el legado indígena de Sinaloa, con cuatro torres de 20 niveles, 226 condominios en una primera etapa y 246 en una segunda, unidades de 50 a 300 metros cuadrados, acabados de lujo y amenidades tipo resort. Su propia publicidad ofrece departamentos diseñados para maximizar rentas vacacionales, locales comerciales, participaciones inmobiliarias, utilidades trimestrales y plusvalía.

Ese modelo transforma la cultura, la naturaleza y el paisaje en mercancía inmobiliaria. La playa se convierte en argumento de venta. El legado indígena se convierte en tematización turística. La ciudad se convierte en portafolio de inversión. El Carnaval, la música, el malecón, la historia del puerto y la reputación colectiva de Mazatlán elevan el valor de proyectos privados que no necesariamente devuelven beneficios proporcionales a la población residente.

Desarrollo ¿para quién? Gobernanza ¿para qué?

La falsa dicotomía entre inversión y comunidad empobrece el debate público. Bajo esa lógica, aceptar un proyecto equivale a apoyar el desarrollo y cuestionarlo equivale a oponerse al progreso. Esa formulación cancela las preguntas más importantes, como por ejemplo, quién participa en la definición del proyecto, quién recibe los beneficios, quién absorbe los costos, qué territorio se transforma, qué comunidad decide, qué mecanismos institucionales garantizan equilibrio entre inversión, derechos colectivos y sustentabilidad.

La gobernanza también requiere la existencia de actores sociales capaces de dialogar, deliberar, generar conocimiento y construir acuerdos duraderos. La CEPAL ha insistido en que las transformaciones indispensables para América Latina sólo son posibles mediante coaliciones amplias entre gobierno, sector productivo, academia y sociedad civil. Ningún actor puede conducir por sí solo procesos complejos de desarrollo territorial. En Sinaloa, sin embargo, esas capacidades de articulación se encuentran debilitadas.

El gobierno estatal ha desaprovechado una legitimidad política excepcional construida a partir de amplias victorias electorales. En lugar de fortalecer los contrapesos institucionales, ampliar los espacios de deliberación pública y consolidar mecanismos de transparencia, ha prevalecido una lógica centralizadora que concentra decisiones, reduce márgenes para la crítica y erosiona la confianza ciudadana. La desaparición de organismos autónomos, el debilitamiento de espacios de vigilancia pública y la creciente opacidad en decisiones estratégicas han reducido las condiciones necesarias para una gobernanza efectiva.

La academia tampoco ha logrado ocupar plenamente el papel que le corresponde. Aunque existen grupos de investigación, una parte importante de la producción académica permanece desvinculada de los problemas más urgentes que enfrenta la sociedad sinaloense. La violencia, el desplazamiento forzado, la crisis de vivienda, la gobernanza territorial, el deterioro ambiental, la exclusión juvenil y la transformación del espacio urbano continúan recibiendo una atención fragmentada frente a una realidad que demanda mayor capacidad de investigación aplicada, generación de evidencia y acompañamiento de procesos sociales.

La sociedad civil enfrenta sus propias limitaciones. Décadas de centralismo político, dependencia institucional y escasas oportunidades de participación han dificultado la consolidación de organizaciones con capacidad de incidencia sostenida. Existen colectivos, movimientos y organizaciones comprometidas con la defensa del territorio, los derechos humanos y el medio ambiente, pero operan en condiciones de fragmentación, recursos limitados y reducida capacidad para influir en la agenda pública. La consecuencia es una ciudadanía que con frecuencia logra expresar inconformidad, pero que encuentra mayores dificultades para transformar esa inconformidad en capacidad efectiva de decisión.

Para superar la trampa

La salida de la trampa exige una gobernanza territorial más robusta. En Topolobampo, la región requiere consultas vinculantes y transparentes, mecanismos permanentes de participación comunitaria, monitoreo ambiental independiente y esquemas efectivos de distribución de beneficios para las comunidades receptoras. Los grandes proyectos industriales sólo podrán alcanzar legitimidad duradera cuando incorporen a pueblos indígenas, pescadores y habitantes locales como actores con capacidad real de decisión sobre el futuro de su territorio.

En Mazatlán, el desafío consiste en recuperar la capacidad pública para ordenar el crecimiento urbano y turístico. Regular la renta vacacional, capturar socialmente una parte de las plusvalías inmobiliarias, proteger manglares, playas y dunas, ampliar la oferta de vivienda accesible y fortalecer los instrumentos de planeación urbana son condiciones indispensables para evitar que la prosperidad turística continúe profundizando la exclusión residencial y la privatización de bienes comunes.

El problema de Sinaloa no es la falta de proyectos de desarrollo. El problema es la confusión persistente entre desarrollo e inversión. Mientras las comunidades sean tratadas como obstáculos que deben ser convencidos y no como actores con derecho a decidir, el estado seguirá atrapado en una paradoja conocida. Más capital y más megaproyectos pueden convivir con menos legitimidad, menos confianza pública y menos bienes comunes. Esa es la trampa del desarrollo que Sinaloa reproduce en sus propios territorios.