Derechos de las audiencias: ¿el Caballo de Troya para la censura oficial?

Culiacán, Sin.-  En un país donde han asesinado a más de 180 periodistas por motivo de su labor desde el año 2000, de acuerdo con registros de Artículo 19, la prioridad del Gobierno Federal no es proteger a los comunicadores ni garantizar la libertad de expresión, mucho menos investigar esos crímenes. No, la prioridad es regular y sancionar a los concesionarios de radio y televisión.

El anuncio lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 28 de julio desde la máxima tribuna pública del Poder ejecutivo, en la cual descalifica de manera sistemática a periodistas y medios críticos. Y lo hizo a tan solo seis días del asesinato del periodista independiente Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca: quien dejó un testimonio audiovisual de periodismo crítico, a través de su columna El Zumbido del Moscardón.

Se trató de un crimen que ha encendido todas las alertas. Es el sexto periodista asesinado en lo que va del año en el país y el número 14 del actual sexenio en posible vínculo con su trabajo. Pero este es un tema que apenas le merece a la mandataria unos minutos de sus conferencias matutinas. Ha sido más importante para ella hablar de sancionar a los medios.

La estrategia no es nueva. Bajo la presunción de defender derechos, se busca socavar o comprometer libertades.

Ha sucedido con la violencia política en función de género, con las demandas civiles por daño moral, la cibervigilancia contra la suplantación de identidad, el combate a la desinformación por inteligencia artificial… Si bien en principio son demandas justas, no soportan una revisión mínima con enfoque de libertad de expresión o defensa de derechos humanos.

Estas tendencias no se quedan sólo en el acoso judicial contra reporteros o espacios informativos, sino que también le apuestan a modificar leyes, como sucedió recientemente en San Luis Potosí, con la llamada “Ley Serrano”, mediante la cual se agregaron al Código Penal los artículos 187 ter, 272 bis y 272 ter para sancionar con cárcel la manipulación de voz, imagen y la difusión de contenidos que alteraran la paz o la confianza en instituciones (cualquier cosa que ello signifique). Finalmente, fueron derogados dichos artículos, pero abrió la puerta a la criminalización de periodistas.

Ya conocemos el modus operandi: sin aviso o consulta previa con sectores sociales, se anuncia la preocupación por proteger la dignidad, los derechos o evitar los peligros de las comunicaciones digitales o las redes sociales; se presenta una propuesta de regulación en la que usan términos ambiguos cuya interpretación abre la puerta a la discrecionalidad; y donde los órganos reguladores son subordinados al Poder Ejecutivo. 

El Caballo de Troya parecía un regalo de paz, pero ocultaba soldados enemigos que destruyeron la ciudad desde adentro.

Los lineamientos para defender derechos de las audiencias tienen la fachada de un bien mayor, pero organizaciones especializadas en defensa de la libertad de expresión han advertido riesgos de darse su aprobación tal como está planteada.

¿En qué consisten los lineamientos?

Los Lineamientos Generales para la Protección de las Audiencias proponen obligar a los medios de comunicación a distinguir noticias de opiniones, prohibir información falsa, distinguir contenido noticioso de publicidad y/o propaganda, así como garantizar la accesibilidad de  información de calidad a todos los grupos sociales.

Entre los instrumentos de regulación, se mencionan los códigos de ética y la integración de una persona defensora de las audiencias, quien se encargaría de recibir quejas en contra de la información publicada por la concesionaria y emitir las recomendaciones pertinentes.

A través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), se abrió un proceso de consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto para que todos los sectores interesados puedan expresar sus opiniones y posturas.

Aunque de entrada el tiempo de la consulta no parece suficiente, podemos decir que hasta aquí parece un planteamiento válido. Es parte de un debate urgente. Es verdad que el nuevo ecosistema tecnológico de la comunicación nos obliga a abordarlo, a considerar los riesgos para la democracia de la manipulación mediática a través de la IA generativa, de las fake news y el poder desmesurado de consorcios privados, como Google y Meta. 

Es justo admitir también que existen malas prácticas en medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, que presentan a sus usuarios información engañosa o con fines meramente propagandísticos, por lo que es urgente retomar un ejercicio ético del periodismo. Aunque a decir verdad, también es cierto que no toda la información que consumimos es presentada por periodistas.

No obstante la complejidad del debate, los antecedentes de los gobiernos de la Cuarta Transformación —que han utilizado de manera recurrente sus espacios oficiales de comunicación para desacreditar a medios, periodistas y voces críticas— alimentan las dudas sobre las verdaderas intenciones de esta propuesta.

Aunque se presenta bajo el argumento de fortalecer los derechos de las audiencias, podría convertirse en un nuevo episodio de estigmatización contra la prensa y aproximarse a un modelo de comunicación con mayor control e intervención del Estado sobre los medios.

Los puntos críticos sobre los nuevos lineamientos

Frente a este escenario, lo que preocupa a organizaciones especializadas en la defensa de libertad de expresión, como Artículo 19, Espacio OSC o Iniciativa Sinaloa, es que en el fondo, los lineamientos para protección de audiencias sean en realidad “el caballo de Troya” que sirva para ocultar nuevos mecanismos de censura, con autoridades actuando como jueces de la verdad.

La Comisión Reguladora depende del Ejecutivo, así que no hay una expectativa razonable de su autonomía. Al contrario, hay un temor fundado de que sea utilizado más como un instrumento de supervisión del Estado, que al servicio de los usuarios de la información.

Otro punto es la imprecisión con que se manejan términos como la “información veraz, plural y oportuna” a la que tiene derecho la ciudadanía. En teoría son adecuados, pero lleva a preguntarnos: ¿quién o quiénes serán los encargados de decidir qué es verdad y qué es noticia falsa?, ¿cuándo es propaganda y cuándo no? 

La defensoría de las audiencias no es nueva. Sus inicios se registraron en México en 2007 y formalmente es un mecanismo regulado desde 2014. No obstante, el contexto actual tiene importantes diferencias, y resulta ingenuo pensar que el gobierno que más ha estigmatizado a la prensa, no termine utilizando este mecanismo para tener injerencia en las decisiones editoriales.

Además están las sanciones. El artículo 54 de los lineamientos establece multas por el equivalente de 0.01% (cero punto cero uno por ciento) hasta el 1% (uno por ciento) de los ingresos acumulables de la concesionaria, lo que agrega un elemento más de coerción sobre las empresas mediáticas.

Y el peor escenario sería que la defensoría termine siendo una forma de censura previa al interior de las redacciones, práctica prohibida en México por los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política, por lo cual significaría un grave retroceso para la libertad de expresión.

Un régimen híbrido: entre la simulación y la democracia electoral

El tema va más allá del aspecto editorial o comunicativo. El debate revela mucho de la calidad de la democracia y del tipo de régimen en el que se desarrolla la vida pública de nuestro país.

Es relevante apuntar que México es clasificado como un régimen híbrido por el Democracy Index de The Economist Intelligence Unit.

Los regímenes híbridos son aquellos países donde se desarrollan elecciones formales  y persisten prácticas democráticas, pero en convivencia con rasgos autoritarios y un débil Estado de derecho.

Para autores como Larry Diamond y Andreas Schedler, este tipo de régimen se caracteriza por mantener una apariencia democrática, mientras existe restricción de las oportunidades políticas y manipulación de las instituciones, entre ellas la prensa, para no permitir una competencia electoral real. 

Por ello, a pesar de que la idea de defender a las audiencias puede ser legítima en términos democráticos, despierta más sospechas que certidumbre.

Es verdad que la libertad de expresión tiene límites, y que estos deben respetar los derechos de terceros, de grupos vulnerables y de las audiencias, pero en este caso, no es el Estado quien debería imponer un modelo de regulación, sino construir en consenso un modelo basado en la discusión pública, en el que se escuchen todas las voces involucradas: representantes de medios de comunicación, periodistas, expertos, organizaciones y ciudadanía interesada.

Es un tema trascendental que amerita más que unos días de consulta, sino un foro abierto y profundo con una metodología que permita recuperar el diálogo colectivo y generar un modelo de medios ciudadanizado, alejado del autoritarismo y del control oficial.

Un modelo donde la información sea un bien público, al servicio de la sociedad, y no un botín de la guerra de narrativas.