Desapariciones en México: el pulso entre el Estado y el Comité de la ONU

El 20 de octubre de 2026, ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED ONU) reiteró la existencia de indicios fundados de que en México persisten las desapariciones forzadas, las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, refrendó lo señalado el pasado 2 de abril, cuando el caso fue llevado a la Asamblea General mediante el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En dicha ocasión, el organismo destacó indicios de que este delito se practica de forma generalizada o sistemática en distintos territorios bajo jurisdicción mexicana.

Este recurso preventivo, aplicado por primera vez en la historia de la Convención, se activa ante situaciones de extrema gravedad. En México, esto se refleja en cifras superiores a 130,000 desaparecidos, más de 72,000 cuerpos sin identificar y más de 6,000 fosas clandestinas registradas. Estas estadísticas evidencian la magnitud del problema y las fallas en los registros oficiales federales y locales, lo que constituye un incumplimiento de la Ley General en la materia a nueve años de su aprobación.

Para activar el artículo 34, el Comité evaluó la evolución del fenómeno desde 2014 mediante múltiples fuentes: visitas y audiencias en el país, respuestas de cuatro administraciones federales, informes de colectivos y de la sociedad civil, así como el análisis de acciones urgentes y comunicaciones individuales.

El CED ONU carece de un mandato punitivo o de investigación, por lo que no tiene la función de «condenar» al Estado mexicano o a un gobierno como tal. Si bien ha reconocido los esfuerzos recientes de coordinación institucional en la búsqueda de personas, también remarcó problemas estructurales graves:

• El rezago forense.
• La impunidad, la baja judicialización y la escasez de sentencias.
• La proliferación de fosas clandestinas y el impacto persistente en las víctimas.
• La colusión entre actores criminales y estatales.
• La discrepancia entre medidas jurídico-legales y resultados concretos.
• La desprotección de personas buscadoras, entre otros.

El Comité aboga para que la Asamblea General brinde apoyo técnico internacional a México, una medida respetuosa de la soberanía nacional. Asimismo, la Asamblea podría turnar el asunto a una comisión especializada en derechos humanos o agotar el tema en su propia agenda sin tomar medidas ulteriores. De todas maneras, esto implica llevar la situación ante otros países y la comunidad internacional, algo delicado en sí, pero justamente parte de las prerrogativas y funciones de la ONU.

Las propuestas de cooperación abarcan la búsqueda, la investigación, la justicia, la crisis forense y la protección de las familias. Estos asuntos han sido recurrentes durante dos décadas en las mesas de trabajo de los colectivos de víctimas con autoridades, abiertas en los estados y con la Federación gracias a sus esfuerzos y protestas en estos años, pero siguen pendientes.

Las respuestas de diversas instancias gubernamentales —desde la Presidencia y la SEGOB hasta órganos como la CNDH— han consistido en rechazar o cuestionar la legitimidad de la ONU y del Comité. En particular, se objeta la interpretación del organismo sobre la aquiescencia estatal, analizada por el CED ya desde 2023 en una declaración sobre desapariciones por actores no estatales, y la sistematicidad o generalización de las desapariciones, a pesar de los indicios y testimonios existentes en tal sentido. Frente a esto, el Estado, durante distintos mandatos o administraciones, ha implementado medidas de emergencia, cambios legales y respuestas, acompañadas de narrativas parcial o totalmente negacionistas o relativistas.

Tras el caso Teuchitlán en 2025 y las reformas a la Ley General, se ha aplicado o propuesto desde SEGOB un decálogo estándar de medidas cuyas repercusiones reales no han sido plenamente valoradas, más allá de una reducción aparente en las cifras totales del registro nacional, pero con escasas explicaciones sobre sus causas y dinámicas.

Por ejemplo, el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Arturo Medina, reportó la localización de 16,000 personas en los últimos meses (la mayoría con vida). Sin embargo, este dato no difiere sustancialmente de las tendencias históricas. Como señala el CED ONU, faltan claridad y transparencia sobre las condiciones de estas localizaciones (si regresaron por cuenta propia, si fueron ubicadas por la autoridad, rescatadas de grupos criminales o encontradas mediante el cruce de bases de datos, si fueron notificadas las familias y seguidos todos los trámites legales, o si la “baja” fue desde registros duplicados).

Al analizar el registro nacional entre finales de 2025 y octubre de 2026, entre las más de 24,000 desapariciones reportadas, aproximadamente 16,000 concluyeron en una localización. Esto representa una tasa del 66%, consistente con el promedio histórico mantenido desde 2020.

Es necesario separar los retos documentados por el CED ONU de los discursos injerencistas sobre un supuesto «Estado fallido» o «narco-terrorismo», los cuales son instrumentalizados por sectores políticos afines al trumpismo y a la extrema derecha.

Si bien es comprensible la defensa de la soberanía ante presiones externas, esto no exime al Estado mexicano de sus responsabilidades frente a la violencia y las desapariciones. Un eventual ofrecimiento de apoyo o asesoría internacional no debería asumirse como afán intervencionista, sino desde una postura de apertura al escrutinio y respeto mutuo, priorizando el bienestar de las familias, personas buscadoras y comunidades afectadas. Estas, en muchas ocasiones, no ha tenido de otra que dirigirse a instancias “otras”, alternativas a las nacionales, por falta de avances, atención, o debido a las amenazas.

Tanto el gobierno como la ONU coinciden, de hecho, en que a nivel estatal y municipal se siguen perpetrando desapariciones forzadas con participación de agentes del Estado, aunque esto ya no responda a una política federal centralizada contra la disidencia como en el siglo pasado. Es un progreso en el diálogo, ya que hasta hace poco no se admitía explícitamente.

Hoy, nuevas formas de represión y despojo son delegadas a grupos delictivos con la tolerancia o complicidad de autoridades, sobre todo locales. Aunque las fuerzas armadas y la Guardia Nacional han participado en hechos recientes de violencia, quizás no sea riguroso calificar estas violaciones como generalizadas o sistemáticas a nivel nacional, pero tampoco lo es obviar su existencia hasta la actualidad. En efecto, hay regiones críticas —como la Montaña de Guerrero— donde el ejército ha controlado históricamente la dinámica de la violencia, tolerando el despliegue de grupos armados y poderes fácticos dentro de redes macrocriminales.

Si bien es cierto que el tema de las desapariciones ha sido manoseado mediática y políticamente, de forma instrumental y para el golpeteo, el espíritu de los informes y mecanismos de la Convención no es buscar la confrontación o la injerencia, sino atender las demandas legítimas de los familiares y optimizar las medidas de búsqueda y justicia que México debe garantizar.