El acecho de la censura: la pugna del espacio cívico

Por Sibely Cañedo

Imagine que opina en redes sobre un tema político, critica a una figura pública o simplemente comparte información incómoda. Ahora imagine que eso puede llevarle a enfrentar un proceso legal. ¿Le parece exagerado? Pues no lo es. Y por eso es urgente hablar de lo que está pasando en el país.

La posibilidad de expresarse libremente, de cuestionar al poder y de participar en los asuntos públicos, corre el riesgo de erosionarse silenciosamente bajo discursos que prometen protección pero que en los hechos habilitan el castigo. Así es como la censura ha empezado a camuflarse de buenas intenciones.

El concepto de “espacio cívico”, ese entramado de relaciones, canales de información y formas de participación ciudadana, está hoy amenazado. La desaparición de los organismos de transparencia, la debilidad de los contrapesos institucionales y ahora la criminalización de ciertas formas de expresión, dibujan un panorama inquietante. Lo que antes eran derechos garantizados, ahora parecen estar sujetos a interpretación… y castigo.

Un caso reciente lo ilustra con crudeza: una ciudadana de Hermosillo fue sancionada por el INE, con respaldo del Tribunal Electoral, por haber cuestionado en redes sociales el posible nepotismo detrás de la candidatura de una diputada. Aunque la crítica pudo haber sido legítima, se le acusó de ejercer violencia política de género. La delgada línea entre crítica y violencia se convirtió, en este caso, en un terreno movedizo que terminó penalizando a quien alzó la voz.

En Puebla, una reforma al Código Penal encendió las alarmas: la creación del delito de “ciberasedio”, con definiciones vagas y penas de prisión de hasta tres años, abrió la puerta a un uso discrecional de la ley contra quienes se expresan en redes. La respuesta de organizaciones y periodistas no se hizo esperar.

La Red Puebla de Periodistas solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitir cuanto antes una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley. En respuesta, la Comisión exhortó al Gobierno de Puebla a revisar el artículo 480 de su Código Penal, para garantizar el pleno respeto a la libertad de expresión y anunció que está trabajando en la acción de inconstitucionalidad. Pero mientras tanto, la preocupación permanece.

Y en Campeche, el periodista Jorge Luis González fue vinculado a proceso por presunto “discurso de odio” hacia la gobernadora Layda Sansores. A pesar de que el comunicador ya no dirige el medio que supuestamente publicó los señalamientos, la fiscalía le impuso medidas que le prohíben emitir opiniones críticas contra la mandataria. Un acto que, lejos de proteger a alguien, parece diseñado para silenciar.

En medio de este clima, Sinaloa no ha sido la excepción.

¿Intentos de censura en Sinaloa?

A mediados de mayo, dos propuestas de reforma fueron presentadas en el Congreso local con el argumento de combatir la violencia digital y la violencia política contra las mujeres. Hasta ahí, el objetivo parecía legítimo. Pero al revisar su contenido, surgieron inquietudes. Las iniciativas 1168 y 1169 proponían tipificar como delitos actos tan amplios como “difamar”, “desacreditar” o “desprestigiar” a una persona mediante el uso de redes sociales o inteligencia artificial.

El problema no está en reconocer y sancionar la violencia real que sufren las mujeres —eso es indispensable—, sino en que los términos usados en estas reformas eran tan imprecisos que abrían la puerta a la censura. Castigar la crítica disfrazándola de violencia puede terminar por silenciar incluso a quienes luchan por los derechos de las mujeres.

Tras conocerse su contenido, diversas organizaciones y medios de comunicación alzaron la voz. La respuesta de la diputada promovente, María Teresa Guerra Ochoa, fue convocar a un encuentro con representantes de la sociedad civil, donde aseguró que las iniciativas habían sido mal interpretadas. Ahí mismo anunció el retiro de dichas propuestas, prometiendo iniciar un proceso de consulta más abierto. Fue un paso en la dirección correcta, aunque tardío.

Posicionamiento de ARTICLE 19 e Iniciativa Sinaloa

Desde Iniciativa Sinaloa y ARTICLE 19, se advirtió que este tipo de propuestas no son hechos aislados, sino parte de una tendencia nacional: usar reformas legales para instalar mecanismos de control sobre el discurso digital, utilizando la figura de protección de otros derechos.

En el caso de la iniciativa sobre violencia digital, se proponía modificar el Código Penal para sancionar con cárcel a quien compartiera imágenes o contenido con supuestos fines de “denigrar” o “causar daño simbólico”. También se buscaba penalizar la creación de perfiles falsos o la difusión de campañas de desprestigio, sin tomar en cuenta si éstas podían ser parte de una legítima crítica política o expresión pública.

La otra iniciativa proponía cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Incluía, entre otras cosas, penas por “difamación” y “calumnia” en contexto digital, figuras jurídicas que han sido eliminadas de la vía penal en muchos países por su potencial para vulnerar la libertad de expresión.

Ambas propuestas, aunque retiradas por el momento, dejaron claro que no se puede legislar a espaldas de la sociedad. Las políticas públicas que buscan proteger derechos deben ser discutidas, abiertas al escrutinio y, sobre todo, construidas sin poner en riesgo otros derechos fundamentales.

Porque sí, la violencia política y digital contra las mujeres es un problema real. Pero la solución no puede ser suplantar justicia por censura, ni protección por silencio. Para enfrentar ese desafío se requieren medidas integrales, con perspectiva de género, transparencia y participación social.

Hoy, en México, no sólo se intenta callar a la prensa: también se intenta desmovilizar a la ciudadanía. Cada iniciativa que busca restringir la expresión, cada proceso judicial abusivo, cada castigo ejemplarizante, tiene un efecto: sembrar miedo. Y el miedo es el mejor aliado de los autoritarismos.

La libertad no se defiende sola. Y cuando empieza a tambalear, el primer paso no es callar… sino hablar más fuerte.