En Sinaloa hemos construido una identidad alrededor del campo. Somos potencia agrícola, orgullo nacional, motor de alimentos. El estado aporta alrededor del 20% de la producción nacional de maíz blanco, además de ser uno de los principales productores de tomate, chile y hortalizas en México. Lo que aquí se cultiva alimenta a millones de personas dentro y fuera del país. Y sí, eso es motivo de orgullo. Pero también implica una responsabilidad muy grande.
Ese mismo modelo que nos ha dado tanto, hoy también nos está pasando factura. La agricultura en Sinaloa consume cerca del 75% del agua disponible en el estado, principalmente a través de sistemas de riego que, en muchos casos, siguen siendo poco eficientes. No es casualidad que hoy miremos las presas con preocupación.
Tan solo en los últimos años, los niveles de almacenamiento en las principales presas han caído de forma alarmante, llegando en algunos ciclos a estar por debajo del 30% de su capacidad. Cuando eso pasa, la incertidumbre deja de ser un tema técnico y se vuelve una preocupación cotidiana.
El agua no solo pasa por el campo. Pasa por la industria, por las ciudades, por nuestras casas. Pasa por decisiones empresariales, políticas públicas y hábitos cotidianos. La crisis deja de ser ambiental para volverse profundamente social.
¿De quién es el agua?
No es una pregunta sencilla. Pero es una que tendríamos que empezar a hacer con más seriedad. Mientras algunos sectores dependen intensivamente de este recurso para operar, otros enfrentan cada vez más limitaciones para acceder a él. En medio de esa tensión, el discurso de la sostenibilidad empieza a quedarse corto si no se traduce en acciones reales.
Hoy muchas empresas hablan de responsabilidad social, de ESG, de sostenibilidad. Pero en un contexto como el nuestro, esas palabras necesitan aterrizarse. No en reportes, sino en decisiones: cómo producen, cuánto consumen, qué tanto optimizan, qué están dispuestas a cambiar. El agua ya no puede ser solo un insumo más en la cadena de valor. Es, cada vez más, un indicador de ética.
Sin embargo, es importante no olvidarnos de otro actor clave en este tema: el gobierno. Las decisiones públicas han acompañado y en muchos casos impulsado este modelo de uso intensivo del agua. Concesiones poco claras, falta de regulación efectiva, infraestructura hidráulica rezagada, escasa vigilancia en la extracción y un manejo que muchas veces responde más a intereses personales de corto plazo que a una visión de largo alcance para la sociedad.
Existe una responsabilidad compartida, más silenciosa, más cotidiana. La forma en la que consumimos, lo que compramos, lo que damos por sentado. Nos acostumbramos a abrir la llave sin pensar demasiado en el origen de esa agua, en su recorrido, en su disponibilidad.
La gestión del agua en México ha sido, en muchos sentidos, reactiva. Se actúa cuando el problema ya es evidente, cuando las presas ya están vacías, cuando las restricciones ya son inevitables. Pero la prevención, la planeación y la toma de decisiones valientes suelen quedarse pendientes.
En medio de la crisis, la responsabilidad se diluye. Se reparte. Nadie es completamente culpable, pero todos somos parte.
La crisis hídrica no llega de golpe. Se construye poco a poco, entre decisiones acumuladas, entre omisiones normalizadas. Y cuando finalmente se hace visible, ya no es tan fácil revertirla. Por eso, reducirla a una “mala temporada de lluvias” es cómodo, pero insuficiente. Nos libera de responsabilidad. Nos permite seguir igual.
La escasez no siempre viene del cielo. A veces viene de cómo decidimos producir, regular, crecer y consumir. De lo que priorizamos como sociedad. De lo que estamos dispuestos o no a cambiar.
El agua no se está acabando de un día para otro. Se está agotando en silencio, y lo más preocupante es que todavía creemos que no tenemos nada que ver con eso.

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