La empresa Proman GPO informó este sábado que suspendió temporalmente las operaciones de construcción en su planta de amoniaco en Topolobampo luego de que un grupo de manifestantes bloqueara el acceso principal y presuntamente ingresara a las instalaciones.

A través de un comunicado, la compañía señaló que respeta el derecho a la manifestación siempre que se ejerza dentro del marco legal, pero afirmó que la presencia de manifestantes dentro de la planta constituye una ocupación de propiedad privada contraria a la legislación mexicana.

“Actualmente se encuentran dentro de propiedad privada, lo cual contraviene las leyes mexicanas”, expresó la empresa, que indicó que decidió cerrar el sitio durante la jornada para garantizar la seguridad de sus trabajadores y evitar confrontaciones.

 

Proman GPO también sostuvo que en los últimos días se ha difundido información que considera imprecisa respecto a riesgos ambientales asociados al proyecto. La compañía reiteró que cuenta con las autorizaciones correspondientes y que cumple con la normativa ambiental y social aplicable tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, aseguró que mantiene una postura de respeto hacia quienes se manifiestan y refrendó su disposición al diálogo.

El bloqueo se produce en el contexto de un conflicto que se ha extendido por años entre la empresa, comunidades indígenas mayo-yoremes del norte de Sinaloa y organizaciones ambientalistas que se oponen a la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo. En semanas recientes, las protestas han cobrado mayor intensidad y alcance, con manifestaciones realizadas en distintos puntos de Sinaloa e incluso frente a la embajada de Alemania en la Ciudad de México.

La escalada de las movilizaciones coincidió con la llegada al puerto de Topolobampo de estructuras metálicas de gran tamaño destinadas a la planta, un hecho que generó preocupación entre los grupos opositores.

Los grupos inconformes argumentan que el proyecto representa riesgos para el ecosistema de la bahía de Ohuira y para actividades económicas tradicionales como la pesca. También han señalado presuntas irregularidades en los procesos de consulta indígena realizados para la autorización de la obra.

En diversas ocasiones, representantes de las comunidades han exigido la cancelación definitiva del proyecto y el cumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con la consulta a pueblos originarios.

Por su parte, GPO ha defendido que la planta cuenta con permisos vigentes otorgados por autoridades federales y que el proyecto contribuirá a fortalecer la producción nacional de fertilizantes, además de generar 300 empleos directos durante su operación e inversión en la región.

El conflicto permanece abierto mientras ambas partes sostienen posturas encontradas sobre la viabilidad ambiental, legal y social del proyecto.