El transporte público y la mentira del derecho a la ciudad

En abril coincidieron dos hechos que valdría la pena pensar juntos: el aumento a la tarifa de los camiones, aplicado justo en Jueves Santo. Y el Día Mundial del Transporte Público. A esto se suma un evento ocurrido a principios de año: la aprobación por unanimidad del derecho humano a la ciudad en la Constitución de Sinaloa. No son hechos aislados. Hablan, en realidad, del mismo problema.

Hay que preguntarnos entonces ¿Qué significa para los de arriba, el derecho a la ciudad? Porque si tu derecho vale $15 pesos por trayecto estaríamos hablando más de una membresía. Y las membresías no son accesibles para todos.

El aumento de $12.50 a $15 pesos se anunció en vacaciones de Semana Santa y con solo unas horas de antelación. Con oficinas cerradas y protestas imposibles. Cuando el acceso a la ciudad se encarece, lo hacen en lo bajito y luego fingen sorpresa ante el enojo de la población.

Ese enojo, como siempre, se dirige hacia abajo. Incluye choferes, estudiantes, gente que se queja. Nunca contra quienes deciden el modelo: el Estado y los dueños de concesiones.

Lo irónico es que el derecho humano a la ciudad, tal y como lo define la propia reforma, incluye movilidad, justicia territorial, igualdad e inclusión. Sin embargo, las políticas públicas en opciones de transporte, accesibilidad para personas con discapacidad e infraestructura adecuada para peatones no tienen presencia ni peso en las sesiones del Congreso. La labor de los altos funcionarios públicos nos recuerda que sus privilegios nos obligan a vivir con territorios limitados.

Grabémonos bien que moverse no es un lujo ni un premio por buen comportamiento. El transporte es un derecho, no caridad. Es la base que permite ejercer otros derechos: educación, trabajo, salud, participación cultural, etc. Por eso es tan peligrosos el discurso que culpa a los estudiantes. Que revisa en qué gastan su dinero, que decide quien merece pagar menos y quién no. El Estado no está para moralizar los bolsillos de la población, está para garantizar derechos.

Mientras todo eso ocurre, los choferes quedan también como villanos, cuando en realidad también están jodidos. Trabajan por comisión, muchas veces sin aire acondicionado en días calurosos; sin formalidad salarial ni condiciones estables, cargando el conflicto que genera un sistema que no diseñaron. Cargan en la cara (y en el servicio que nos otorgan) el coraje que debería dirigirse a otros. El aumento, lejos de lo que creen, no les conviene. Solo los deja más expuestos al conflicto diario, al regateo de centavos y al desgaste físico y emocional.

Pero eso no se discute. Porque discutirlo implicaría hablar de concesiones, de ganancias privadas, de un modelo donde el transporte se ve como oportunidad de negocio. Implicaría que el Estado asuma su responsabilidad en lugar de delegarla y esconderse.

Entonces pasa lo que ya vimos. Nos peleamos entre pobres. Usuario contra chofer. Estudiante contra trabajador. Personas mayores contra embarazadas discutiendo quien merece el asiento. Mientras los de arriba siguen sin usar camiones, sin hacer filas y sin sentir el golpe diario de moverse en una ciudad cada vez más cara y con peor infraestructura.

El viernes, mientras otras ciudades del mundo hablaban del transporte público como columna vertebral, aquí se reforzaba un modelo que convierte la movilidad en negocio y privilegio.

Hemos normalizado pagar por cosas que deberían ser garantizadas. Hemos aceptado que la ciudad no es para todas las personas, solo para quienes pueden costearla. Hemos permitido que nos vendan derechos como si fueran servicios premium.

Si el derecho humano a la ciudad va enserio, debería empezar por algo básico: que nadie tenga que pelearse para subir a un camión. Que moverse no sea una odisea. Que el transporte deje de ser una trampa y vuelva a ser lo que dice la ley que es: un derecho.

La ciudad no nos pertenece cuando cada trayecto nos recuerda que estar aquí tiene precio.