Por Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.
En Sinaloa, desde la crisis de seguridad que estalló en septiembre de 2024 —con privaciones de la libertad en serie, homicidios, desapariciones, enfrentamientos entre grupos armados e incendios, —, la respuesta gubernamental ha seguido una constante: invertir en infraestructura como método visible de que “están trabajado”, aunque la violencia permanezca intacta. Ante esto, vale la pena cuestionarnos si esta apuesta millonaria por obra pública realmente constituye una política de seguridad, o si es simplemente una forma de administrar la percepción ciudadana en medio de un conflicto que no cede.
De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información pública con folio 250483100012525 por parte de la secretaría de obras públicas, revela un catálogo de obras realizadas entre febrero de 2024 y julio de 2025, todas etiquetadas como proyectos en materia de seguridad. Pero cuando se revisa con detalle, aparece un patrón: son obras administrativas, mejoras físicas o ampliaciones de instalaciones, más que acciones estratégicas capaces de incidir en las dinámicas delictivas.
Entre estas obras destacan, por ejemplo:
● La segunda etapa del Centro Regional de Justicia para las Mujeres en Los Mochis, contratada por $7.5 millones (28 de febrero de 2024).
● El mejoramiento del sistema eléctrico del penal de Aguaruto, por $3.8 millones (5 de junio de 2024).
● Adecuaciones menores como mejoramiento de acceso principal del complejo, mejoramiento de dormitorios, áreas administrativas y estacionamientos de distintas dependencias de seguridad, con contratos que van desde $382 mil hasta $2.6 millones (junio–octubre de 2024).
● La construcción de una explanada para prácticas vehiculares de patrullas en la Universidad de la Policía, por $3.5 millones (2 de julio de 2024).
● La obra más costosa del periodo: la construcción del Centro Estatal de Información del Secretariado Ejecutivo, con un contrato de $8.09 millones, firmada el 20 de agosto de 2024 y la segunda etapa del mismo en diciembre de 2024 por $1.4 millones.
● Nuevas unidades locales de atención a mujeres, con inversiones de $3 a $3.1 millones en El Fuerte y Mazatlán (noviembre de 2024 y julio de 2025).
Concentración de proveedores: un foco de alerta en la política de seguridad
Un elemento que no puede pasar desapercibido al revisar la lista de obras es la concentración de contratos en un reducido grupo de proveedores, lo que abre preguntas legítimas sobre la competencia y la integridad del gasto público. De las 14 obras realizadas, cuatro proveedores concentran la mitad de los contratos, y algunos de ellos —incluyendo personas físicas, como Rosa América Urtuzuastegui Ochoa y María Cecilia Bojórquez Aguirre— recibieron adjudicaciones repetidas, incluso por montos tan altos como 8 millones de pesos en un solo contrato. También se observan asociaciones recurrentes entre las mismas empresas, como Qarto Arquitectura y Morada, o Hidráulicas Zazueta y Cofela Soluciones, que aparecen en múltiples proyectos. Aunque estos patrones no prueban por sí mismos irregularidades, sí representan focos de alerta clásicos en auditoría y transparencia, pues pueden sugerir favoritismo, redes cerradas de contratismo o procesos con competencia limitada. En un contexto de crisis de violencia, donde cada peso debería responder a una estrategia integral de seguridad, resulta preocupante que la obra pública refleje más repetición de proveedores que criterios claros de impacto en la seguridad.
Infraestructura sin estrategia: el espejismo de la seguridad
Si bien cada obra tiene su valor —especialmente las relacionadas con atención a mujeres y mejoras operativas—, la pregunta es inevitable: ¿qué impacto tienen estas inversiones en la violencia que desde 2024 golpea a la ciudadanía? Porque mientras se pavimentan estacionamientos, se amplían oficinas y se construyen explanadas, las estadísticas de delitos de alto impacto no han mostrado mejorías proporcionales. Por el contrario, familias enteras siguen viviendo desplazamientos forzados, jóvenes continúan desapareciendo, y en diversas regiones persisten controles criminales en la vida cotidiana.
La obra pública, con su estética de placas inaugurales y fotografías oficiales, funciona como un mensaje político: “el gobierno está trabajando”. Sin embargo, la seguridad no se resuelve con infraestructura, sino con instituciones, y ahí es donde radica la mayor ausencia. Sinaloa continúa careciendo de una estrategia transparente de investigación criminal, de fortalecimiento de capacidades policiales, de profesionalización sostenida y de un plan integral de prevención que vaya más allá de anuncios.
La columna vertebral de cualquier política de seguridad es la inteligencia, algo que no aparece en las licitaciones. No vemos inversiones en sistemas modernos de análisis criminal, en fortalecimiento de fiscalías, en controles internos o en autonomía operativa. Lo que sí vemos son obras “visibles”, porque lo visible es políticamente rentable, aunque no siempre eficiente.
La crisis de 2024 nos enseñó que la violencia en Sinaloa es estructural, no un problema de infraestructura. Es resultado de economías ilícitas arraigadas, de disputas territoriales entre grupos armados, de impunidad crónica y de la ausencia histórica de un Estado capaz de investigar y sancionar. Frente a ello, renovar dormitorios o mejorar estacionamientos no alcanza para cambiar la realidad.
Conclusión: la seguridad no se inaugura
Esto no significa que dichas obras sean irrelevantes, pero sí obliga a preguntarnos:
¿Qué pasaría si los millones invertidos en mejoras físicas se hubieran destinado, siquiera parcialmente, a investigación, prevención, atención a víctimas, análisis territorial o fortalecimiento municipal? ¿Dónde están las evaluaciones de impacto de estas obras? ¿Quién determina que estas inversiones responden a necesidades reales y no a intereses contractuales o a la urgencia política de mostrar movimiento? Porque recordemos otra cosa, no hay que olvidar que la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas se encuentra en omisiones al dejar una Secretaría de Obras Públicas acéfala sin su Órgano Interno de Control, capaz de dar seguimiento a estas legítimas dudas.
En un estado donde el crimen organizado ha demostrado capacidad para controlar rutas, imponer toques de queda informales y desplazar comunidades, la infraestructura es apenas un parche en un sistema que necesita cirugía profunda.
La violencia no se inaugura; tampoco se contiene con edificios nuevos.
La seguridad se construye con instituciones fuertes, estrategias claras y voluntad política para enfrentar a quienes realmente ejercen el poder armado.
Hasta que la obra pública no se acompañe de una política integral basada en evidencia, Sinaloa seguirá invirtiendo millones en paredes, mientras la violencia sigue creciendo fuera de ellas.
Hallazgo clave:
La tabla refleja cómo 4 proveedores concentran el 50% de los contratos del periodo. Esto indica que la obra pública en seguridad muestra patrones de concentración y posibles riesgos de integridad, sin evidencia de evaluación estratégica que vincule estas inversiones a mejoras reales en la seguridad del estado.
Principales obras por monto
● Centro Estatal de Información (Culiacán)
$8,091,450 – Proveedor: Rosa América Urtuzuastegui Ochoa
● Centro Regional de Justicia para las Mujeres (Los Mochis)
$7,505,845 – Proveedor: Constructora Marvines S.A. de C.V.
● Unidad Local de Atención a Mujeres (El Fuerte)
$3,058,000 – Zazueta + Cofela
● Explanada para prácticas vehiculares (Unipol)
$3,510,000 – Qarto + Morada
Posibles riesgos detectados
● Concentración: Un pequeño grupo de proveedores obtuvo múltiples contratos en menos de 18 meses.
● Personas físicas adjudicadas: Contratos de alto valor otorgados a particulares, no solo empresas.
● Asociaciones empresariales repetidas: Mismas duplas contratadas en varias obras lo que podría indicar riesgo de posible colusión.
● Segmentación de obras pequeñas: Varios contratos menores en una misma ubicación (Carretera Culiacán–Navolato Km 12.5).
● Falta de información sobre procedimientos: Sin claridad sobre si hubo licitación o adjudicación directa.
● Ubicación de las obras. Más del 60% de los proyectos se concentraron en un solo punto: Carretera Culiacán–Navolato Km 12.5 (Complejo estatal de seguridad)
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