Guerra y feminicidios

Lo que se exigió en 2020

“Estamos aquí porque ya estamos cansadas de la violencia contra las mujeres (…) no vamos a permitir que ningún gobierno de ningún partido siga maltratando a las mujeres y siga ignorando la violencia de género.”
Tere Guerra, 9 de marzo de 2020.

Lo que se dijo

El 9 de marzo de 2020 grabé la marcha feminista de Culiacán y la concentración final en Palacio de Gobierno: consignas, pancartas, gritos y miradas de mujeres cansadas de enterrar a otras. Esa frase era de Tere Guerra, activista y abogada de Culiacán.

Seis años después hay Secretaría de las Mujeres, Centros de Justicia y más presupuesto. Y algunas de aquellas mujeres que exigían respuestas desde la sociedad civil terminaron ocupando espacios dentro de las instituciones públicas. También hay más mujeres muertas.

Los números

Al 30 de septiembre, la Fiscalía General del Estado reporta 115 mujeres asesinadas en 2026, entre homicidio doloso y feminicidio. Es la cifra más alta desde 2005; el máximo anterior, 110, fue en 2010 y 2011. Septiembre dejó 26, el peor mes del registro. A 105 las mataron con arma de fuego.

De las 115 mujeres asesinadas, 99 están clasificadas como feminicidio. El récord anterior eran 86, en 2017. En 2022 fueron 23, en 2023, 33; en 2024, 31, y en 2025, 73. Ojo con la etiqueta: en 2024 eran 31 de 56; en 2025, 73 de 105, y hoy, 99 de 115. Por eso conviene mirar el total, que no depende de cómo se clasifique.

Según el Secretariado Ejecutivo, a agosto Sinaloa tiene el 16.8% de las víctimas de feminicidio del país (74 de 440) y una tasa de 4.57 por cada 100 mil mujeres; la nacional es de 0.64. Culiacán es el municipio con más delitos de feminicidio de México; Mazatlán es segundo y Escuinapa el cuarto. El país baja: 1,022 víctimas en 2021, 736 en 2025. Aquí subimos y subimos. Y el feminicidio es apenas el extremo: de enero a septiembre, la Fiscalía registró 4,307 casos de violencia familiar contra mujeres.

Guerra sí. Feminicidio también

Desde el 9 de septiembre de 2024 las facciones del Cártel se matan entre sí, y las mujeres están en el medio. De las 56 mujeres asesinadas ese año, 30 fueron entre octubre y diciembre. Pero la guerra también es el argumento para cerrar la conversación sobre la violencia feminicida. Que haya balas alrededor no cancela la pregunta por las razones de género: violencia sexual, violencia familiar, violencia previa, lesiones degradantes, antecedentes de amenazas, acoso o violencia, una relación con el agresor, exposición del cuerpo, indefensión, secuestro o incomunicación, entre otras.

Si lo primero que piensas es “andaba en algo”, quédate un poco más:

• Astrid, 26 años, fue asesinada el 28 de diciembre de 2024, junto a su hijo Dante, de seis años, en su casa de Culiacán. La casa estaba incendiada y, en el contexto de la guerra, el caso podía confundirse con otra vivienda atacada. Las investigaciones dijeron otra cosa: heridas de arma blanca y fuego para borrar el crimen. Se abrió carpeta por feminicidio.
• Fernanda, 31 años, fotógrafa, con ocho meses de embarazo. Asesinada a balazos en su estudio de Los Mochis el 28 de septiembre de este año. Su bebé tampoco sobrevivió. La Fiscalía lo investiga como feminicidio.

Revictimizar

Revictimizar es culpar a la víctima o exponer a su familia después del crimen. Cuando lo dice un hijo de vecino en redes, duele. Cuando lo dice una autoridad, además pesa sobre la investigación.

La diputada de Morena Rosario Sarabia Soto respondió en redes que los casos de Escuinapa “no corresponden a feminicidios” y los atribuyó a que las víctimas pertenecían a grupos criminales. La Fiscalía tiene 17 de las 18 mujeres asesinadas ahí este año clasificadas como feminicidio. La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo dijo que en algunos casos hay línea de narcomenudeo, en otros no, y que todos se investigan como feminicidio. Investigar esa línea es su trabajo. Aun si hay narcomenudeo, eso no descarta la razón de género. Decirlo en público sin aclararlo deja a la víctima juzgada.

Priscila Salas, del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, cuestionó a las dos. Llamó a esas expresiones estigmatizantes y revictimizantes, y recordó que una posible actividad ilícita no justifica un asesinato y que dentro del crimen también hay relaciones de poder sobre las mujeres que deben investigarse. Tiene razón. Una mujer no pierde su derecho a una investigación con perspectiva de género por dónde vivía o con quién se juntaba o por las sospechas que aparezcan después de su muerte.

En 2022, durante la gestión de Sara Bruna Quiñónez, primera mujer fiscal de Sinaloa, fue criticada por su trato frío hacia la familia de Kenia María, joven de 25 años víctima de feminicidio por su pareja en 2021. Su familia pedía – y sigue pidiendo hasta el día de hoy – que el caso llegara a juicio y no se resolviera mediante procedimiento abreviado. La respuesta atribuida a la fiscal fue que “un procedimiento abreviado o un juicio no le iba a revivir a su hija”. Cambió la titular; la obligación sigue siendo la misma.

La otra Guerra

El 9 de marzo de 2016, cuatro años antes de esa marcha, el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses ( C’MAS) pidió la Alerta de Violencia de Género para Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato. María Teresa Guerra era presidenta y firmó aquella solicitud. La declaratoria salió el 31 de marzo de 2017. Una Alerta de Violencia de Género (AVG) es una medida de emergencia y temporal: los tres niveles de gobierno actúan juntos y de inmediato contra la violencia feminicida. En Sinaloa lleva nueve años. Escuinapa no está incluida y suma 17 feminicidios.

Tere Guerra pidió aquella Alerta desde la sociedad civil. Cinco años después le tocó atenderla desde el gobierno. En noviembre de 2021 Guerra pasó a la Secretaría de las Mujeres, y en enero de 2022 ya se sentaba del lado del gobierno en el grupo que le da seguimiento. Salió en agosto de 2024. Después fue diputada de Morena, coordinadora de su bancada y presidenta de la Junta de Coordinación Política hasta el 19 de junio de 2026, cuando pidió licencia para buscar la coordinación estatal de Morena en Sinaloa. Ahora busca la de Culiacán.

Le siguió Ana Francis Chiquete, que dejó la Secretaría el 22 de junio para cubrir en el Senado la licencia de Imelda Castro. El 25 llegó la tercera titular, Brenda García Félix. Tres titulares en cinco años, y dos se fueron a otro cargo. Mientras tanto, el promedio mensual de mujeres asesinadas pasó de tres con Guerra a nueve con Chiquete y a 22 entre julio y septiembre. La correlación temporal no convierte a una secretaría en causa de los asesinatos; sí obliga a preguntar por la continuidad y los resultados de la política pública.

No veo nada malo en pasar del activismo al gobierno ni de un cargo a otro. Uno esperaría que quien conoce el problema profundamente pueda contribuir a resolverlo desde adentro. Pero cambiar de silla sí cambia algo: cada salto reinicia el reloj.

SEMUJERES: recursos hay ¿Y voluntad?

Su Reglamento Orgánico le manda diseñar políticas de prevención, operar los Centros de Justicia y refugios, y coordinarse con quienes procuran justicia. No le toca detener feminicidas. Y no se puede decir que “no se ha hecho nada”: se ha hecho. Su presupuesto aprobado pasó de 47.9 millones de pesos en 2022 a 97.1 en 2026; el del Centro de Justicia, de 15.3 a 41.8. El presupuesto se duplicó. Los feminicidios, comparando 2022 con lo acumulado a septiembre de 2026, se multiplicaron por más de cuatro.

Pero el dinero es condición, no resultado. En mayo de 2026, el grupo que da seguimiento a la Alerta todavía dictaminaba lo hecho entre abril de 2022 y diciembre de 2023: 29 meses de rezago para una emergencia. Falta continuidad para medir qué funciona y corregir lo que no. Falta alguien que se quede a resolver, y no solo a brincar al siguiente cargo.

Y hay una prueba concreta de voluntad. Escuinapa lleva 17 feminicidios este año y sigue fuera de la Alerta. Hay que empezar a gestionar su ingreso. La ley dicequién puede pedirlo: la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organizaciones y colectivos, familias de víctimas o la propia Secretaría de las Mujeres (Federal). La SEMUJERES y el gobierno deben respaldar el trámite y entregar la información que se les pida. La Alerta de 2016 la pidió un colectivo. Este trámite no se hace solo.

El 2020 no caduca

Volví a ver mi video de 2020 antes de escribir esto. No para reprocharle nada a nadie: lo que se exigió ese día no caduca. Aplica para Quirino Ordaz, para Rubén Rocha, para la gobernadora interina Graciela Domínguez, para el partido de antes y para el de ahora, para quien protesta y para quien despacha. A quienes seguimos afuera nos toca exigirlo sin culpar a las víctimas.

“No más silencio”, decían. Tenían razón. En 2020 pedían cuentas a los gobiernos. Hoy esas cuentas son de ellas.