Intentan “borrar” a desaparecidos desde el escritorio: la alerta de colectivos de búsqueda

Por Sibely Cañedo / Iniciativa Sinaloa

En lugar de dar certidumbre a las familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, el informe que presentó este viernes la Presidencia de la República dejó más desesperanza que respuestas.

Más de 130 mil personas desaparecidas en México. Esa es la cifra oficial. Pero ahora, desde el escritorio, el Estado propone otra interpretación en la que sólo una tercera parte tiene datos suficientes para ser buscada.

En Palacio Nacional, en el marco de la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum y parte de su gabinete dieron a conocer el Informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, tras años de exigencia de la sociedad civil y de quienes buscan a sus seres queridos.

Más que un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, fue un desfile de cifras sin rostro que dejó al descubierto las fallas estructurales del Estado mexicano, en especial de las fiscalías, encargadas de investigar este delito, uno de los más dolorosos para nuestro país.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que de 1952 a la fecha existen 132 mil 534 registros de personas desaparecidas:

• 2,356 corresponden al periodo 1952-2005
• 130,178: de 2006 a la fecha.

De estos poco más de 130 mil registros, que se dispararon a partir de la llamada “Guerra contra el narco” siendo presidente Felipe Calderón, únicamente se cuenta con datos suficientes para la búsqueda en el 33% de los casos, es decir, 43 mil 128 personas.

Y lo más grave es que de esta cifra, apenas 3 mil 869 cuentan con una carpeta de investigación iniciada, menos del 9%. Según se explicó, del resto solo había reportes, ya que no se habían presentado denuncias ante las fiscalías.

¿Entonces qué pasará con el resto de los desaparecidos? ¿Quién se encargará de buscarles?

Resulta que hay otros 46 mil 742 registros, equivalentes al 36%, que se encuentran incompletos, sin datos que faciliten la localización de las personas, que solo constan de un apodo o de nombres genéricos. Por lo tanto, permanecerán en un limbo estadístico, donde siguen en el registro pero sin ser buscados.

Y hay otro dato impactante: en el 31% de los casos (40,308 víctimas) se ha identificado que las personas presentan actividad posterior a la desaparición, tales como cambio de domicilio ante el INE, registro de matrimonio o aplicación de la vacuna del COVID-19.

En consecuencia, se presume que es posible cambiar su estatus de persona desaparecida al de localizada. De hecho, con una investigación que incluyó el cruce de información con diversas instituciones, se ha podido encontrar a 5,269 personas, de acuerdo con lo que informó la titular del Secretariado Ejecutivo.

La postura oficial parece alimentar la narrativa de las “desapariciones voluntarias”, ignorando la grave problemática del ascenso y control territorial del crimen organizado, los hallazgos de fosas clandestinas y centros de reclutamiento forzado, así como la crisis forense que se ha reconocido ya en años pasados por el propio Estado, por la cual se tienen en los Semefos y fosas comunes más de 70 mil cuerpos sin identificar.

Marcela Figueroa cerró diciendo que: “a raíz de este análisis, la sociedad y las familias pueden tener certeza en los registros y mejores estrategias para buscar a las personas”. Pero sus palabras ocasionaron todo lo contrario. La indignación y cuestionamientos por parte de los colectivos no se dejaron esperar.

¿Presentación de avances o desaparición estadística?

Para diversos colectivos de búsqueda y organizaciones civiles, que emitieron un pronunciamiento público al respecto de lo que se dijo el viernes en la Mañanera, el Gobierno Federal pretende reducir la tragedia de la desaparición de personas con una revisión estadística desde el escritorio.

De acuerdo con el desplegado, firmado por 76 activistas y organizaciones de todo el país, el Gobierno Federal busca posicionar la idea de que no son 132 mil personas las que hacen falta, sino sólo 43 mil, al hacer reiteradas referencias a que solo de esa parte se tienen los datos para la búsqueda.

Al mismo tiempo que, con una escalofriante facilidad, admiten que hay más de 40 mil personas que simplemente no pueden buscar por no tener la información, sin siquiera recaer en el punto de que el mismo Estado es responsable de ese registro. La pregunta es inevitable: si no se hizo correctamente desde 2018, año en que inició la sistematización, ¿por qué hasta ahora deciden hacer esta depuración de los datos?

Preocupa –además– que pretendan hacer un borrón y cuenta nueva, al decir que a partir de las reformas de 2025, la Ley General obliga a que el sistema de registros solo permita aquellos que contengan la información mínima necesaria para las pesquisas.

Teniendo en cuenta que la investigación ministerial es una parte fundamental de la búsqueda, ¿qué va a pasar con esas personas y con los datos que faltan? ¿Qué pasará con todas las investigaciones que no se abrieron por no tener datos?

El desplegado destaca las trabas para interponer denuncias en las fiscalías:
“Las familias sabemos lo que implica ir a una Fiscalía: nos enfrentamos a malos tratos, a que nos nieguen el registro o a que clasifiquen la desaparición como otro delito para no investigar, así como involucramiento por parte de autoridades, omisiones y dilaciones.”

Y continúa diciendo que condicionar el derecho a ser buscado a la existencia de un expediente burocrático es premiar la ineficiencia de las fiscalías y perder tiempo valioso para la búsqueda y localización de las víctimas.

De igual forma, inquieta que desde los primeros niveles de Gobierno se pretenda fijar la idea de que en la mayor parte de las desapariciones no está implicada la comisión de delitos, al decir que así ocurrió en el 96% de los casos de personas localizadas.

Al respecto, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia asegura que no solo es un error metodológico, sino una forma de invisibilizar a las víctimas en un país donde el 93% de los delitos no se denuncia, ya sea por miedo o falta de confianza en las instituciones.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México advierte que la falta de información no es excusa: “es responsabilidad del Estado garantizar registros completos y una búsqueda efectiva”.

Y exige transparencia en la metodología presentada, pues aseguran que las plataformas de búsqueda y colectivos no han sido consultados, por lo que piden una reunión urgente con la Presidenta Sheinbaum.

Por su parte, la Presidencia expuso como un avance que a partir de las reformas de 2025 será obligatorio abrir una investigación por desaparición forzada o cometida por particulares; no obstante, la organización México Unido contra la Delincuencia, criticó que esa afirmación es falsa, puesto que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece esta obligación desde 2015.

Los funcionarios defendieron la estrategia: la clasificación recién presentada no significa que dejarán de buscarles. Al contrario, refrendaron su compromiso con las víctimas.

Además, anunciaron un sistema de alerta temprana en el que participan más de 500 instituciones tanto públicas como privadas.

La presidenta Sheinbaum aseguró que la comisionada nacional de Búsqueda está en constante coordinación con las fiscalías para revisar sus avances y que ella se ha reunido con los familiares aunque no siempre lo hace público.

Pero la realidad es que los resultados han sido prácticamente nulos en términos de justicia, y un ejemplo de ello es lo que pasa en Sinaloa, donde la desaparición de personas y privaciones de la libertad se han disparado de manera impune a partir de la “narcoguerra” entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.

En Sinaloa: más de 6 mil desaparecidos, solo mil carpetas

En Sinaloa, llama la atención que aunque el Registro Nacional indica que hay cerca de 6 mil 500 personas desaparecidas hasta 2025, la Fiscalía General del Estado –que tiene datos a partir de 2013– solo ha registrado 1,016 carpetas de investigación, menos del 16% del total. De las cuales apenas 2.64% se encuentran en estatus de consignadas o judicializadas.

Así lo reveló la FGES al responder a una petición de información pública el pasado 4 de febrero (folio 250483000007426).

Estos datos reflejan el alto índice de impunidad y una brecha amplia entre las personas reportadas como desaparecidas y los casos que realmente son investigados.

En suma, y más allá del contexto local, para los familiares el mensaje desde Palacio Nacional fue doloroso. Fue la confirmación pública de que el Estado no buscará a una gran parte de las víctimas por no tener los elementos de investigación, aunque antes tampoco mostraban voluntad de hacerlo.

Los inconformes señalan que, sin transparencia en los datos, afirmar que los desaparecidos no han sido víctimas de delitos solo sirve para alimentar el estigma de que sus seres queridos “se fueron porque quisieron”.

Esta narrativa busca restar responsabilidad al Estado, ignorando que la inseguridad, la corrupción y la impunidad que han permitido por años es lo que ha llevado a esta crisis humanitaria de violencia y desaparecidos.

No es sólo una cuestión de números. Es un dilema moral y colectivo: que nos convirtamos en un país acostumbrado a contar desaparecidos… sin buscarles.