La captura del Chapo Isidro se suma a una larga lista de operativos que el gobierno mexicano ha realizado en veinte años de lucha contra el crimen organizado. Entre 2006 y 2026 fueron abatidos, detenidos o extraditados prácticamente todos los grandes capos que dominaron el negocio en alguna etapa de este periodo.

Entre ellos están los hermanos Beltrán Leyva, Édgar Valdez Villarreal, Osiel Cárdenas, Miguel Ángel Treviño, el Z-40, Heriberto Lazcano, Ignacio Coronel, Vicente Carrillo Fuentes, Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, varios de sus hijos,  y, más recientemente, Nemesio Oseguera, El Mencho.

Y aún así, ninguno de estos operativos ha servido para desmantelar la industria del narcotráfico. Por el contrario, en estas dos décadas el crimen ha diversificado sus actividades ilícitas, se ha entrelazado con la economía formal y ha penetrado con mayor fuerza en las estructuras del Estado, para obtener protección e incluso ahora para lucrar con los recursos públicos

Esta estrategia de seguridad tampoco ha podido contener la violencia. El saldo trágico de estos veinte años ronda el medio millón de homicidios y las 130 mil personas desaparecidas. A ello se suma la creciente brutalidad de las ejecuciones.

El problema central de esta política es que la captura de un jefe criminal no elimina los mercados, los incentivos económicos ni las redes políticas y financieras transnacionales que sostienen el negocio. Además, los grupos criminales han aprendido en estos años a formar estructuras descentralizadas que amortiguan el efecto de esas capturas.

En la práctica, la detención de un líder suele generar un vacío de poder que los mandos subalternos intentan llenar, mientras los grupos rivales aprovechan la coyuntura para disputar el control de los territorios.

El propio Chapo Isidro ganó fuerza a partir de una ruptura del Cártel de Sinaloa. Cuando los Beltrán Leyva rompieron con el grupo de Joaquín Guzmán, tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva en 2008, Isidro Meza permaneció del lado de los hermanos. La ruptura le abrió espacio para afianzar su presencia en el norte de Sinaloa y consolidar, con el tiempo, una estructura propia en torno a Guasave.

Como se ha visto a lo largo de estas dos décadas, la violencia suele escalar cuando dos o más organizaciones se disputan una plaza que hasta entonces estaba bajo el dominio de una sola.

Paradójicamente, los periodos de relativa calma suelen coincidir con la consolidación del dominio de un grupo criminal sobre un territorio. Bajo ese control monopólico, la organización impone reglas informales que le permiten mantener la estabilidad de sus negocios y proteger sus intereses.

En esas condiciones, la violencia se vuelve selectiva. Se ejerce principalmente como mecanismo de disciplina interna y, de forma esporádica, como exhibición de fuerza frente a las autoridades o como represalia contra colaboradores externos que incumplen los pactos con la organización.

Veinte años después, el saldo de esta política obliga a replantear la estrategia de seguridad. En los próximos días habrá en Culiacán dos encuentros para avanzar en esa discusión. Del 25 al 27 de noviembre se realizará el Congreso Internacional sobre Violencias, organizado por Juan Carlos Ayala y la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS. Es un esfuerzo por entender desde la academia cómo se producen las distintas formas de violencia, cómo afectan la vida cotidiana y qué alternativas existen para construir la paz.

Inmediatamente después, los días 28 y 30 de noviembre, se llevará a cabo el encuentro Horizonte, organizado por Culiacán Participa A.C., el CEPOC, la UAS y el Tec de Monterrey. Nelson Arteaga Botello participará en la presentación del libro Semánticas de la violencia. El encuentro reunirá, sobre todo, a organizaciones y sectores de la sociedad civil que llevan años discutiendo la inseguridad en Sinaloa, con el propósito de acordar qué acciones deberían tener prioridad.

La invitación es a construir una agenda de seguridad más amplia, que tome en cuenta la complejidad de los mercados ilicitos, que combata la impunidad, fortalezca a las policías civiles y garantice el respeto a los derechos humanos y la atención a las víctimas. Esa agenda también debe atender la precariedad, ampliar las oportunidades para los jóvenes y abrir cauces para que las comunidades participen en las decisiones que afectan a sus territorios. Acordar esas prioridades en Sinaloa sería un primer paso para superar la estrategia que México ha seguido durante estas dos décadas.

 

 

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