La corrupción no lo explica todo

Durante los últimos treinta años, una de las explicaciones dominantes sobre los problemas sociales ha puesto el acento en la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos. Bajo esta perspectiva, la pobreza, la desigualdad y el rezago social serían consecuencia de gobiernos ineficientes y funcionarios que desvían o administran mal los recursos.

Sin negar la relación que existe entre corrupción y pobreza, ni restar importancia al trabajo de las organizaciones cívicas que han impulsado la transparencia y la rendición de cuentas, considero que hemos sobredimensionado el papel de la corrupción como explicación de nuestros problemas sociales.

Suponer que todos los problemas sociales son resultado de la corrupción ha servido también para encubrir las explicaciones centradas en la explotación de la clase trabajadora, desplazando la atención de quienes concentran la riqueza hacia los gobiernos electos por las mayorías.

En términos prácticos, esta narrativa termina sugiriendo que los pobres permanecen en esa condición porque, desde su ignorancia, eligen a políticos corruptos surgidos de su propia clase para gobernarlos.

La explicación resulta además muy conveniente. Confronta a la clase trabajadora consigo misma y desplaza las causas estructurales de la desigualdad hacia la responsabilidad individual, inculcando ideales de autopromoción sustentados en la meritocracia.

Pero es hora de volver a colocar en el centro de la discusión la explotación del trabajador mediante la apropiación de la plusvalía. Se trata de una explicación que perdió presencia en el lenguaje de las luchas sociales, pero que resulta fundamental recuperar para comprender cómo se produce y reproduce la desigualdad.

En su teoría del valor, Marx sostiene que el trabajo humano es fundamental para crear nuevo valor durante el proceso de producción. Las máquinas, las herramientas y la tecnología, por sí mismas, no crean valor adicional; transfieren gradualmente al producto el valor que ya contienen.

La ganancia tampoco puede explicarse simplemente por vender más caro. Una empresa puede obtener beneficios extraordinarios elevando sus precios en determinadas circunstancias, pero esta no puede ser la explicación general de la ganancia, pues los precios están condicionados por la oferta, la demanda y la competencia. Para Marx, por tanto, su origen debe buscarse no principalmente en el intercambio, sino en el proceso mismo de producción.

Para que exista plusvalía, el trabajador debe producir durante su jornada un valor superior al que recibe a cambio en forma de salario. Dicho de manera sencilla, una parte de su jornada permite generar el equivalente a lo que cuesta emplearlo, mientras que durante el tiempo restante continúa creando valor que ya no le es retribuido. Esa diferencia constituye, para Marx, la base de la plusvalía de la que se apropia el propietario del capital.

Esto puede lograrse de distintas maneras, ya sea prolongando la jornada laboral, intensificando el ritmo de trabajo, reduciendo los salarios o eliminando prestaciones. En todos estos casos, aunque por mecanismos distintos, se busca ampliar la distancia entre el valor que produce el trabajador y aquello que recibe a cambio por su trabajo.

La economía de plataformas ha llevado al extremo varias de estas formas de apropiación de la plusvalía. En actividades como el reparto, el transporte o los servicios contratados mediante aplicaciones, las empresas pueden disponer del trabajo sin asumir plenamente los costos que históricamente acompañaban a una relación laboral.

El trabajador aporta su vehículo, teléfono, combustible y herramientas, absorbe tiempos de espera y gastos de mantenimiento y, con frecuencia, carece de vacaciones pagadas, seguridad social y otras prestaciones.

Al mismo tiempo, los algoritmos permiten medir el desempeño, asignar tareas e imponer ritmos e incentivos que intensifican el trabajo. De esta manera, no solo se busca extraer mayor valor de cada hora trabajada, sino trasladar al propio trabajador una parte creciente de los costos y riesgos de la producción.

Esto crea un problema para el propio funcionamiento del capitalismo. Durante buena parte del siglo XX, su expansión se sostuvo en la combinación entre producción y consumo de masas. Los trabajadores no solo producían mercancías, sino que, mediante sus salarios, constituían una parte fundamental del mercado que debía consumirlas.

La precarización del trabajo alteró ese equilibrio, pues mientras cada empresa busca pagar menos por el trabajo para aumentar su rentabilidad, el sistema en su conjunto necesita consumidores con ingresos suficientes para comprar aquello que produce.

Por esa razón ahora una parte creciente del mercado se orienta hacia los estratos que concentran la riqueza. Proliferan las viviendas y los automóviles de lujo, los servicios especializados y formas de entretenimiento dirigidas a consumidores con alto poder adquisitivo.

Para amplios sectores de la población, en cambio, acceder a determinados bienes, servicios e incluso necesidades básicas requiere recurrir cada vez más al endeudamiento. El crédito permite sostener temporalmente una capacidad de consumo que los salarios ya no garantizan, pero lo hace a costa de comprometer los ingresos futuros y someter a los hogares al pago de intereses que pueden convertirse en una nueva forma de extracción de riqueza.

Pero el problema va todavía más lejos. La necesidad de mantener cierto nivel de consumo ha terminado por empujar a muchas personas hacia formas de autoexplotación. Ya no basta con cumplir una jornada laboral. Se instala la exigencia de ser productivo durante prácticamente cada hora del día. Al trabajo asalariado se suman pequeños emprendimientos, ventas, encargos, empleos adicionales y toda clase de actividades destinadas a complementar ingresos insuficientes.

Poco a poco, el trabajo invade el tiempo que antes pertenecía al descanso, la convivencia o simplemente al ocio. Ya no se trata únicamente de trabajar para alguien más, sino de convertir voluntariamente cada momento disponible en una oportunidad para producir ingresos. Al final, la vida termina pesando por el cansancio y el agotamiento.

En muchos casos, los jóvenes terminan renunciando incluso a la posibilidad de formar una familia y tener hijos, no necesariamente porque rechacen esas formas de vida, sino porque las condiciones materiales las vuelven cada vez más difíciles de sostener.

Para una generación que enfrenta empleos precarios, vivienda inaccesible y un costo de vida creciente, alcanzar la autonomía económica se ha convertido en un desafío, incluso después de concluir estudios profesionales.

Si ya de por sí resulta difícil sostenerse a uno mismo, pensar en mantener un hogar y criar hijos puede dejar de ser un proyecto aplazado para convertirse, sencillamente, en una posibilidad fuera de alcance.

La corrupción importa, por supuesto. Pero combatirla no modifica por sí mismo las relaciones económicas que permiten que una parte creciente de la riqueza producida termine concentrándose en pocas manos. Un gobierno puede ser más transparente y administrar mejor los recursos públicos sin que por ello desaparezcan la precarización laboral, los bajos salarios o la concentración de la riqueza.

¿La solución? Por lo pronto, habría que comenzar por una reforma fiscal de fondo y por reconocer que los intereses de los pequeños empresarios están, en muchos sentidos, más cerca de los de la clase trabajadora que de los de las grandes corporaciones. Ambos enfrentan, desde posiciones distintas, una economía cada vez más concentrada.

De ahí la necesidad de construir un nuevo pacto fiscal que distribuya las cargas de acuerdo con la capacidad económica de cada sector, en lugar de hacer recaer una parte desproporcionada de la recaudación sobre el trabajo, el consumo y los pequeños negocios.

Si de lo que se trata es de recuperar cierta prosperidad compartida, habrá que gravar con mayor eficacia la concentración de la riqueza sin terminar trasladando nuevamente el costo hacia quienes viven de su trabajo.

Pero eso no es suficiente. Para el futuro necesitamos vislumbrar una salida que vaya más allá de corregir los excesos del sistema. Una posibilidad está en recuperar la idea de lo común donde reconozcamos que existen bienes, recursos y ámbitos fundamentales de la vida que no deberían organizarse exclusivamente bajo la lógica de la propiedad y la rentabilidad, sino mediante formas colectivas y democráticas de decisión.

La vivienda, el agua, la salud, la educación, el conocimiento e incluso el espacio urbano pueden pensarse desde esta perspectiva. Lo común no significa simplemente que el Estado sustituya al mercado, sino construir instituciones en las que las personas participen en la definición de las reglas que gobiernan aquello que comparten.

Esto debería marcar también el rumbo de la organización social y de las luchas colectivas. Durante los últimos años, el descontento ha quedado atrapado en la superficie de los problemas, combatiendo sus manifestaciones, como la corrupción o la violencia, sin cuestionar suficientemente las relaciones económicas que las producen.

Recuperar la discusión sobre la explotación, la distribución de la riqueza y lo común es volver a preguntarnos no solo quién gobierna o cómo administra, sino quién produce la riqueza, quién se apropia de ella, cómo se distribuye y, finalmente, cómo construimos formas de autogobierno para decidir colectivamente sobre los bienes, recursos y espacios que compartimos.

Es momento de que las luchas sociales vuelvan a mirar hacia allá.