La huella de un sí

Hay debates a los que una llega sin invitación. Hace unos días escuché el primer episodio de IPADE Impact Lab, “La responsabilidad social en debate”, donde Ana Cristina Dahik, directora del Centro de Investigación en Responsabilidad Social del IPADE, conversa con dos profesores de la escuela: Rodrigo de León, del área de Entorno Político y Social, y Rafael Ramírez de Alba, del área de Entorno Económico. Lo escuché como se escucha una discusión en la mesa de al lado, con ganas de acercar la silla. Esta columna es esa silla.

Las dos voces vienen de tradiciones distintas, y cada una tiene razones. De León ha sostenido en otros foros que la responsabilidad social dejó atrás su etapa cosmética y ya forma parte del modelo de negocio, y ha trabajado la idea de una responsabilidad compartida, en la que empresa, gobierno y sociedad civil ponen cada uno lo que mejor saben hacer. Ramírez de Alba mira desde la economía, con una cautela frente a la intervención que también ha dejado por escrito: en un texto sobre inteligencia artificial publicado por el propio IPADE planteó que al gobierno hay que meterlo lo menos posible, solo donde existen externalidades negativas o riesgo moral. Esa prudencia tiene un antecedente famoso en Milton Friedman, quien en 1970 escribió en The New York Times Magazine que la responsabilidad social de la empresa es aumentar sus utilidades dentro de las reglas del juego. Desde ahí, buena parte de lo que se vende como responsabilidad social parece filantropía con dinero ajeno o marketing con buena conciencia, y el propio episodio dedicó tiempo a separar la responsabilidad social de la filantropía, del propósito de campaña y del greenwashing.

Me quedo con una palabra que el economista usa con naturalidad: externalidad. En los manuales se define como el efecto que una actividad produce sobre terceros que no participaron en la decisión y que el precio no recoge. Yo le llamo huella. Toda decisión deja una, y las de una empresa dejan varias a la vez. Una ambiental, en el agua que usa, el suelo que remueve o el aire que comparte con el pueblo de al lado. Una social, en a quién contrata, cómo trata a su gente y qué pasa con la comunidad cuando cambia el turno o cierra la operación. Y una económica, en lo que paga a sus proveedores locales, a qué plazo, y en si el dinero se queda en la región o se va completo. Cuando un economista acepta que existen externalidades ya concedió lo principal. La conversación pendiente es quién se hace cargo de ellas.

Mi respuesta es simple, aunque cumplirla cueste: se hace cargo quien decide. La Norma ISO 26000 lo dice casi con esas palabras cuando define la responsabilidad social como la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. La definición pone el peso en las decisiones antes que en los donativos, los programas o los informes. Por eso me cuesta aceptar que todo se resuelva con regulación. La ley llega tarde y suele marcar el piso, y una empresa que solo cumple la norma deja que alguien más, normalmente la comunidad o el Estado con presupuesto de todos, pague la diferencia. Tampoco me convence la versión en la que la responsabilidad social es un área con buenas intenciones y presupuesto limitado que hace cosas bonitas mientras el negocio decide por su cuenta.

Aquí entra lo que, para mí, faltaba en la mesa. Las huellas no las decide el área de responsabilidad social. Las deciden los directivos, los dueños y los consejos que aprueban un proyecto, eligen un proveedor, fijan una meta de costos o firman la ampliación de una planta. Quienes trabajamos en esto podemos levantar diagnósticos, mapear impactos, sentarnos con la comunidad y redactar informes con todos los indicadores del GRI, y todo eso sirve de poco si la persona que dice sí a un proyecto no entiende lo que está firmando. Una cultura de responsabilidad social que no llega a la dirección se queda en el papel. Cuando sí llega, cambia las preguntas que se hacen antes de aprobar algo: cuánta agua, de quién, por cuánto tiempo, qué pasa con la gente cuando el proyecto termine.

No pido a los empresarios que sean activistas ni que sustituyan al gobierno. Les pido algo más modesto y exigente: que sepan que cada sí tiene consecuencias fuera del estado de resultados y que esas consecuencias también llevan su firma. Friedman tenía razón en algo: la empresa no puede hacerse cargo de todos los problemas del mundo. Pero de los suyos sí, de los que sus decisiones provocan, porque nadie más los decidió.

Escuché el debate desde afuera y salí convencida de lo que pienso desde hace años. La responsabilidad social empieza en la oficina donde alguien dice que sí, mucho antes del informe anual. Si quien firma conoce la huella que va a dejar, la empresa puede responder por ella. Si no la conoce, alguien más la va a cargar, y casi nunca es quien firmó.