Segunda de dos partes
A diferencia de la fuerte unidad demostrada en 1981, construida a partir la participación democrática, la discusión y la reflexión colectiva, en esta ocasión, la UAS está dividida. Por un lado, están los funcionarios que dirigen la institución –algunos de los cuales enfrentan procesos penales por daño patrimonial y desvío de recursos de la universidad—, que controlan la estructura institucional y con influencia en gran parte de los estudiantes y trabajadores, mediante una comunicación autocrática y verticalista respaldada en la autoridad institucional y el poder acumulado.
Y por otro lado, una gran cantidad creciente de estudiantes, maestros y trabajadores rebeldes a las órdenes de sus dirigentes que quieren la democratización de la universidad, que piden transparencia en el uso de sus recursos, y que impulsaron la reforma a la Ley Orgánica en la que se establece la elección de sus autoridades por voto universal.
Una diferencia sustancial en relación con 1981 es la dinámica de comunicación interna. Con la entrada del neoliberalismo a la universidad, a finales de los 80s, el esquema de libertades, la participación democrática, el diálogo, la discusión y reflexión colectiva en la búsqueda de consensos, en torno al bien común, la solidaridad y la vinculación con las comunidades y sectores populares, que primaba en el escenario universitario, cedió ante el individualismo radical y la búsqueda de intereses personales, características distintivas del inicio de la posmodernidad.
Las altas calificaciones escolares se convirtieron en el objetivo principal de la vida estudiantil y había que obtenerlas por cualquier medio, aunque éstas no correspondieran con el esfuerzo educativo ni los procesos de aprendizaje, abriendo paso a la principal calamidad que generó el neoliberalismo en educación: la simulación.
La moda del individualismo
Lo mismo pasaría –no sólo en la UAS, sino en toda la educación superior—, en gran medida, entre los maestros obnubilados por la fantasía académica que prometía aumentar los ingresos económicos individuales a cambio de abandonar el espíritu de lucha, la mística de servicio y el compromiso social. Y para demostrarlo, había que dedicar gran parte del tiempo laboral a juntar (y muchas veces a veces a comprar) constancias de participación y asistencia a eventos y cursos, para aumentar puntajes, aunque éstos no tuvieran ningún efecto positivo en la formación educativa de sus alumnos ni en su contexto.
La evaluación se convirtió en un fin en sí misma y pasó a ser más importante que la propia formación profesional. Dejó de ser importante la cercanía y la comunicación con los alumnos, los problemas de éstos en sus comunidades y dificultades que enfrentaban para el aprendizaje. Lo más importante era acumular constancias de acreditación de cursos y asistencia eventos para sumar puntajes de evaluación que suponían más calidad educativa, aunque los alumnos fueran abandonados. Más simulación.
Y aunque en la UAS siempre ha habido buenos estudiantes y buenos maestros, los había antes y los hay ahora, las políticas y prácticas educativas, promovidas por los gobiernos de las últimas cuatros décadas y asimiladas eficientemente en la UAS, se han concentrado y en la formación de competencias profesionales para la producción y el mercado, pero se han alejado de su compromiso social y de la atención a los problemas sociales del contexto. Y esta es una crítica cada vez más reconocida y válida socialmente. Es decir, eso no es culpa de los maestros y los estudiantes, sino de la aceptación y sumisión de las autoridades universitarias ante las políticas neoliberales de los gobiernos de las últimas cuatro décadas.
Los esquemas de comunicación interna se tornaron autocráticos y verticalistas, propios de los gobiernos neoliberales que ponían los intereses del mercado muy por encima del bienestar social y humano y, de buscar el diálogo y los consensos, las autoridades se enfocaron en construir un sistema de órdenes ejecutivas, proscribiendo las libertades de pensamiento, de expresión y de participación política.
Liderazgo, autoritarismo y rebelión
Pero la comunicación vertical y autocrática de los liderazgos, justificada en resultados eficaces, inhibe la creatividad, el crecimiento de los miembros del grupo y, tarde o temprano genera rebelión, como lo plantea la teoría de grupos y esto es lo que podría estar pasando en la UAS ahora. El análisis sociológico del fenómeno en la UAS sugiere que el modelo autocrático dominante de comunicación y conducción estaría llegando a su fin para dar paso a un modelo más abierto y participativo, ligado al enfoque humanista, de interculturalidad crítica, equidad de género y respeto a la diversidad y a la naturaleza.
Y aunque quienes dirigen la universidad han enfocado sus esfuerzos en acusar al gobernador del estado de persecución política y de violar la autonomía universitaria, lo cierto es que los juicios en los que se han documentado irregularidades por 535 millones de pesos, siguen avanzando y podrían enviar a la cárcel altos funcionarios.
Es decir, más allá de los discursos, la propaganda y las manifestaciones promovidas por los dirigentes de la universidad, lo cierto es que los juicios están cerca de concluir y la información disponible apunta a que las sentencias no les serían favorables. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado disposición al diálogo sobre la cuestión de la universidad, ha definido que este sea separado a los procesos judiciales en curso.
No obstante, independientemente de que se emitiera sentencia condenatoria para algunos funcionarios, esto no finaliza el conflicto porque habrá muchos otros del mismo grupo disponibles para prolongar el episodio y mantener el poder, pero definitivamente una sentencia condenatoria marcaría el inicio de una nueva etapa de la universidad, que abriera espacio al diálogo interno y a la libre expresión.
Primero, porque mandaría la señal de que no habría impunidad en el manejo de recursos en la universidad. Segundo, porque se confirmaría la sospecha que redefiniría la opinión pública en torno a si se trata de una confrontación entre la UAS y el Gobierno del Estado (como en 1981) o es una confrontación interna entre quienes controlan y administran a la universidad y quienes se resisten a ser controlados y sometidos mediante esquemas autoritarios en un espacio (que debe ser) de libertades y democracia y sostienen que no importa quien dirija la universidad, siempre que lo haga bajo un nuevo esquema de relación interna, transparente y democrático.
Gestión y validación de títulos
En esta coyuntura, más allá de qué persona o qué grupo dirija la universidad, hay ya una nueva preocupación entre los estudiantes recién egresados y los que están por egresar, no sólo por el largo tiempo que deben esperar para poder realizar sus trámites de titulación, sino, ahora, hasta por la validación de sus título profesionales.
Si de por sí los trámites de titulación en la UAS ya eran tardados, a partir de la agudización del conflicto los trámites se han vuelto inciertos. Es decir, no se trata sólo de la separación del cargo de rector de Jesus Madueña o de Robespierre Lizárraga y el nombramiento de Candelario Ortiz Bueno en el marco de la autonomía y el autogobierno, sino del reconocimiento de sus facultades por las autoridades gubernamentales (estatales y federales) para gestiones y trámites.
Los riesgos para estudiantes y trabajadores
Pare ejercer plenamente sus funciones el rector debe acreditar la validez de su nombramiento como tal ante las autoridades estatales y federales, pues aunque su desempeño al interior de la universidad no tiene ningún problema, sí requiere de validar su nombramiento para las gestiones externas, como la gestión del subsidio –para el pago de la nómina— y la acreditación de la firma de los títulos profesionales.
El nombramiento inicial de Robespierre como encargado de rectoría (y no como interino) requirió de la intervención del gobierno del estado ante hacienda para liberar los recursos. Esta vez, sin embargo, la situación podría ser diferente, sin la disposición del Gobierno del Estado, además de que gobernador Rubén Rocha ya anunció que la UAS no tiene los recursos para pagar el aguinaldo a sus trabajadores y que esta vez el Gobierno del Estado no tiene capacidad para prestarle, por lo que podrían estar en riesgo el pago de la nómina de las quincenas de fin de año y los aguinaldos.
Otra preocupación importante es la de los estudiantes y recién egresados de la universidad relativa a la obtención de sus títulos profesionales, pues un trámite que regularmente se puede llevar semanas, había estado tardando seis meses, pero ahora no es sólo cuestión de retraso, sino de validez.
¿Puede un encargado del despacho de rectoría firmar títulos? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar, en adelante, para obtener el título en la UAS? Una vez emitido el título, para que tenga validez plena en trámites como la cédula profesional, éste debe ser legalizado por el departamento jurídico del Gobierno del Estado. ¿Legalizará el jurídico del Gobierno del Estado los títulos firmados por el encargado del despacho de rectoría que, de acuerdo con la perspectiva del gobierno, su nombramiento está fuera de los cauces legales y por tanto carece de facultades jurídicas para el ejercicio del cargo?
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