Las huellas que el poder no puede borrar

Mientras el discurso oficial insiste en normalizar la violencia, hay comunidades enteras de Sinaloa que simplemente están desapareciendo del mapa humano. No es una metáfora. Es una realidad medible.

Síbely Cañedo, una de las mejores periodistas de investigación en Sinaloa, está documentando el trauma y la humanidad que hay detrás de cada familia sinaloense que huye por el conflicto armado interno que vivimos. Lo está haciendo a golpe de solicitudes de información pública y nos revela que al menos 169 localidades, en 12 municipios, han sufrido el éxodo a causa de la violencia del crimen organizado.

Mientras esperamos sus próximas publicaciones —y considerando que, por la llamada “cifra gris”, muchos estimamos que el número real podría ser mucho mayor— propongo recurrir a indicadores remotos capaces de revelar lo que el poder prefiere no mirar, que dejen “huellas” involuntarias de la actividad humana, especialmente cuando no hay testimonios, ni prensa confiable, ni datos oficiales transparentes.

Dos de los métodos posibles son las caídas abruptas y sostenidas del consumo eléctrico en un polígono específico y la disminución del tráfico de telefonía móvil. Recordemos que una situación inversa —un aumento inesperado del consumo eléctrico— fue el dato que permitió al Ejército Mexicano identificar en qué cabaña se alojaba Nemesio Oseguera.

Pero hay una herramienta aún más difícil de desacreditar: el satélite.

Las imágenes satelitales son una de las herramientas más utilizadas en conflictos internacionales. El análisis de luces nocturnas, por ejemplo, permite detectar disminuciones en la actividad humana; sin embargo, tiene limitaciones, pues no capta bien pueblos muy pequeños con baja electrificación.

Para comprobar el posible abandono de poblados serranos de Sinaloa, los indicadores de vegetación en tiempo casi real resultan clave.

Gracias a las imágenes satelitales de Sentinel-2, parte del programa de la Agencia Espacial Europea, es posible observar parcelas que dejan de sembrarse, así como caídas abruptas en la superficie cultivada.

Cuando un pueblo agrícola queda vacío, la tierra suele dejar de producir

Presentamos dos láminas multiespectrales correspondientes al poblado de Coacoyole, ubicado junto a la cabecera municipal de San Ignacio, y a una zona agrícola del municipio de Elota, conformada por el ejido La Ensenada, Paredón Colorado y Acatitán, este último en el municipio de San Ignacio.

Con la versión gratuita de la plataforma web del satélite Sentinel-2 podemos comparar rápidamente los cambios en la cobertura vegetal en dos momentos: 4 de febrero de 2024 y 3 de febrero de 2026, ambos con mínima cobertura de nubes.

De confirmarse el desplazamiento forzado en los alrededores de la presa El Salto a causa del conflicto armado —tal como lo publicó el 26 de febrero el periodista Marcos Vizcarra en el diario El País— y y se contrastan esos datos con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, hablamos de más de mil personas potencialmente expulsadas de su territorio en solo cinco comunidades. Mil personas no son una anécdota. Son una fractura demográfica.

El satélite no detecta directamente “personas”,
pero sí patrones compatibles con despoblación.

Siete cooperativas pesqueras de la presa El Salto, a las que se les destruyeron lanchas y se les disparó e incluso lanzaron explosivos desde drones, no concluyeron la temporada de pesca. No hay noticia de que la Secretaría estatal correspondiente haya intervenido.

Cientos de familias perdieron sus casas, su ganado, sus corrales, sus parcelas, sus documentos familiares y la educación de sus hijos. Perdieron su comunidad, su red social, sus mascotas, todo su patrimonio. Y, más que por miedo, por indolencia oficial —basta observar el festejo público reciente en San Ignacio— estas múltiples violaciones a derechos humanos permanecen invisibilizadas.

Lo que falta no es evidencia. Es voluntad.
Y esa voluntad no puede seguir postergándose mientras el territorio se vacía en silencio.