Por Sibely Cañedo
Según un expediente publicado el pasado 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza habrían sostenido una reunión con integrantes de Los Chapitos después de las elecciones de 2021.
En dicho encuentro, los líderes del grupo delictivo hablaron de su apoyo a la exitosa campaña de Rocha Moya, quien contendió por la alianza PAS/Morena. A cambio, el entonces gobernador electo aseguraría para esta facción del Cártel de Sinaloa, el control de la Policía Estatal y otras áreas estratégicas, como la Policía Municipal de Culiacán, la Fiscalía y el Poder Judicial. El objetivo, muy obvio: poder llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas sin interferencias estatales.
Las acusaciones –que bien pudieran ser parte de un guión de un thriller político o de una serie de Netflix– son los elementos reales de una investigación judicial que señala presuntas ligas entre funcionarios sinaloenses y el crimen organizado a cambio de sobornos y protección institucional de alto nivel. Se suman a las múltiples denuncias de que en esa jornada electoral, el Cártel secuestró y suprimió la acción política de operadores y candidatos de la oposición.
Más allá de lo que resuelvan los tribunales, el caso volvió a colocar en el centro del debate público un problema que en Sinaloa lleva décadas formando parte del conocimiento popular: el fenómeno de la narcopolítica, que a lo largo de la historia no ha distinguido colores ni banderas partidistas.
El expediente incluye detalles morbosos, como que la reunión fue custodiada por hombres armados con ametralladoras, para dejar constancia de la profundidad de la información en poder del gobierno estadounidense. Sin embargo, el expediente exhibe algo más profundo. El peligro no consiste únicamente en que grupos criminales obtengan licencia para operar, sino en que logren capturar instituciones públicas completas y poner el aparato de Estado a su servicio.
Por lo visto en este caso, el punto de entrada para la infiltración del narco en la política es el financiamiento de las campañas electorales, algo así como el pecado original en la perversión del Estado.
En ese contexto, y después de la guerra fratricida que tiene a Sinaloa sumido en el luto y la tragedia, la transparencia y la fiscalización del dinero que circula en las campañas electorales serán fundamentales en 2027 para lograr algo de gobernabilidad y confianza en las instituciones. No sólo en Sinaloa. En todo el país estarán en juego 14 mil 630 cargos públicos estatales, entre ellas 17 gubernaturas, además de diputaciones locales, alcaldías, regidurías y sindicaturas en 30 estados de la República. A ello se sumarán las 500 diputaciones federales.
En el escenario local, resulta preocupante la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública impulsada por Rubén Rocha Moya antes de solicitar licencia, en medio del escándalo por los señalamientos de los Estados Unidos en su contra.
Carátula del expediente publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 29 de abril de 2026, en contra del gobernador Rocha Moya y otros nueve funcionarios.
Iniciativa Rocha favorece opacidad en partidos
Aunque la armonización de la legislación estatal con las reformas federales era obligatoria tras la eliminación de los órganos autónomos, la propuesta presentada ante el Congreso de Sinaloa superó por mucho la “rasurada” a la transparencia de la ley homóloga a nivel nacional, por lo que de ningún modo puede entenderse como simples ajustes técnicos. Diversos colectivos y especialistas han advertido que la iniciativa elimina obligaciones de transparencia y amplía las posibilidades para clasificar la información pública como reservada o confidencial.
La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS) ha señalado que la propuesta debilita mecanismos de acceso a documentos relevantes, como actas de entrega-recepción, comprobantes fiscales y bitácoras de vuelos oficiales. Por si fuera poco, también incorpora causales de reserva mediante conceptos ambiguos como “seguridad nacional”, “estabilidad financiera”, “paz social” o “seguridad pública”.
La iniciativa también establece que información relacionada con presuntos actos de corrupción podrá mantenerse reservada mientras éstos no hayan sido “acreditados” judicialmente. En la práctica, esto amplía el margen de discrecionalidad gubernamental para negar información que debería ser pública, ya que estos procesos legales pueden postergarse durante años.
Sin embargo, el punto más preocupante está en otro lado. Y es que los partidos políticos dejan de figurar expresamente como sujetos obligados dentro de la propuesta legislativa.
Ese vacío es grave porque dificulta el acceso a información relacionada con el financiamiento y gasto de los institutos políticos, particularmente durante las campañas electorales. Y es ahí donde históricamente se han documentado vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos.
La iniciativa, que se encuentra a punto de ser dictaminada, únicamente establece obligaciones de transparencia para el Instituto Estatal Electoral respecto a los montos de financiamiento público y los topes de campaña. Pero desaparecen referencias precisas sobre informes financieros anuales de los partidos y mecanismos para acceder a información detallada sobre sus gastos y fuentes de financiamiento.
El 16 de abril fue recibida en Oficialía de Partes del Congreso local la iniciativa, conocida como Ley Tapadera, la cual avanzó rápidamente en el Congreso y está en proceso de ser dictaminada.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ya prohíbe expresamente el uso de recursos ilícitos en campañas y faculta al Instituto Nacional Electoral para fiscalizar los recursos de los partidos, salvo casos excepcionales en que se pueda delegar esta función a los órganos electorales en los estados. No obstante, una legislación local menos transparente puede obstaculizar la vigilancia ciudadana sobre el origen y destino del dinero electoral.
Además, la iniciativa de Rocha tampoco define con claridad cuál sería la autoridad garante encargada de resolver recursos de revisión relacionados con solicitudes de información dirigidas a partidos políticos. Esto genera un vacío jurídico que prolongaría el procedimiento mediante el cual la ciudadanía u organizaciones puedan conocer esa información.
Sin transparencia, no hay democracia ni confianza en las instituciones
En términos prácticos, la ciudadanía podría enfrentar mayores obstáculos para conocer cómo se financian las campañas políticas en Sinaloa justo en un momento en el que la desconfianza pública sobre la relación entre política y crimen organizado atraviesa uno de sus niveles más altos.
Lo sucedido en Sinaloa debería prender las alarmas y obligar a fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización electoral, pero de avalar esta iniciativa se avanzaría en el sentido contrario. Por ello, exhortamos de nuevo a las y los diputados a actuar a la altura de su encargo y del momento histórico, y les recordamos que se deben a la ciudadanía y no a su grupo político.
Si el financiamiento de las campañas no se ejerce de manera transparente, la democracia mexicana llegará a 2027 con una vulnerabilidad estructural y una duda razonable, ante la posibilidad de que el crimen organizado no nada más incida en los resultados electorales, sino que capture gobiernos o instituciones completas desde su origen.
Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.