Por Carmen Patricia Garnica Luna, Vinculación e Incidencia en Iniciativa Sinaloa
Ya pasó medio año y seguimos sin acuerdos de la Ley de Transparencia en Sinaloa. Sin duda la voluntad política en este tema es una escasez que se da en nuestro estado. Entre los cambios y permisos que se han dado dentro del Congreso, de la presidencia de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, como de la presidencia de la Junta de Coordinación Política; los ciudadanos interesados en participar activa y propositivamente en la vida política de estos temas y procurando no se afecten aún más nuestros derechos; nos quedamos esperando. En ocasiones viendo como se busca más tomar una fotografía para “mostrar” interés en el tema de parte de servidores públicos que en trabajar en ello. Y así se nos está yendo también 2026.
No hay que olvidar que la famosa ley tapadera, que presentó en su momento el 16 de abril, el entonces gobernador constitucional Rubén Rocha Moya, sigue en un limbo del proceso legislativo. Esta iniciativa de ley intensificó la inconformidad de ciudadanos preocupados por el exceso de limitantes a nuestro derecho de acceso a la información pública, que incluso en esta iniciativa se limita aún más que en la reforma federal presentada en 2025.
No hay que olvidar la fecha límite: 23 de octubre de este año. Último día que tienen la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, y la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana para dictaminar el futuro de la transparencia en Sinaloa. Sin embargo, han pasado días y meses sin respuesta a las solicitudes y oficios presentados por los ciudadanos. Ese dejar pasar el tiempo, el diálogo y trabajo con la ciudadanía. Deja mucho que desear el trabajo de estas comisiones, o simplemente no se da.
Esperemos que la Dip. Arely Berenice Ruiz López, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana; la Dip. Juana Minerva Vázquez González, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación; así como el Dip. Eligio López Portillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, tomen el tema en sus manos, realicen su función principal como representantes de los ciudadanos y realmente escuchen lo que queremos los ciudadanos que defendemos nuestro derecho a la información pública y a un gobierno transparente. No hay que olvidar que todo lo que no se ve, no da certeza, y no conocer cómo se gestiona y usa el dinero público, ese que nace de nuestro trabajo y se transfiere al gobierno a través de los impuestos, a ningún ciudadano de a pie nos gusta.
Por su parte, la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS), ha entregado en más de una ocasión al Congreso del Estado un comparativo de la ley de transparencia vigente y la iniciativa de ley tapadera presentada por el ejecutivo estatal. Un ejemplo de los múltiples “detalles” encontrados en este ejercicio comparativo fue en lo que busca ser el nuevo artículo 33 (de la ley vigente artículo 79) relacionado a los sujetos obligados, donde el cambio de la redacción cambia la obligatoriedad jurídica y facilita la discrecionalidad.
O sobre las obligaciones del poder ejecutivo estatal y los municipios, que hasta el momento tienen la obligación establecida de informar detalladamente sobre planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico; tipos y uso del suelo, licencias de construcción, evaluaciones de impacto ambiental, estudios de calidad del aire, ordenamiento territorial estatal; toda la información relativa a la inversión concurrente en materia energética e infraestructura de obra pública; así como de las aportaciones de dinero o en especie que reciban personas físicas o morales, nacionales o internacionales, a través de los centros de acopio o en las instituciones de crédito, para ayudar en comunidades en emergencia o desastre. Información que pueden estar no obligados a publicar si se aprueba tal como está la iniciativa de ley tapadera.
Eso sin mencionar la “rasurada” de información pública que perderíamos de organismos autónomos, sindicatos, partidos políticos, entre otros. Esta y más información de lo que tenemos en riesgo como ciudadanos, la puede encontrar en el siguiente enlace:
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