El jueves anterior el secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado, anunció que por un acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), las clases terminarían el próximo 5 de junio y se reanudarían hasta el 31 de agosto, lo que dejaría a millones de estudiantes con un periodo vacacional de casi 3 meses.

Los argumentos del acuerdo “unánime” fueron la ola de calor y la realización del mundial de fútbol en nuestro país. La decisión comenzó a levantar críticas y rechazo desde su anuncio, no solo por las razones no académicas, sino porque adelantaría el fin del ciclo escolar por 5 semanas, dejando a las y los niños sin actividades escolares y bajo el cuidado de las familias que no previeron una desocupación temprana.

Aquí en Sinaloa, horas después, la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), Gloria Himelda Félix Niebla, anunció que la medida se acataría y que efectivamente las clases terminarían el 5 de junio, a pesar de que para ese lapso las críticas a nivel nacional crecían y era mejor guardar prudencia para analizar las reacciones más que postear velozmente una indicación federal.

Es interesante analizar cómo este tipo de decisiones apresuradas y descontextualizadas generan rechazo en la sociedad y mediante las herramientas digitales el malestar se “viraliza”, a tal nivel que en la mañanera del viernes anterior la presidenta de México tuvo que contener la ola de críticas cuestionando la validez, y sobre todo, el carácter definitivo de la decisión.

Para corregir el error, quizás después del regaño presidencial y al observar el rechazo popular a la decisión, Delgado convocó nuevamente a la CONAEDU en un intento de reparar el desorden generado. Por si acaso y para establecer bien la línea discursiva y decisiva en el caso, ayer lunes nuevamente el tema fue abordado en la mañanera, donde la presidenta se adelantó al anunció de la sabia comisión de secretarias y secretarios estableciendo que no habría adelanto en el cierre del ciclo escolar.

Si la controversia termina o no, lo que debe quedarnos para el análisis es cómo el intempestivo anuncio de un funcionario público genera escozor social cuando se trata de temas socialmente sensibles como el dejar a las y los estudiantes de este país sin cinco semanas de clases, con argumentos ciertamente irrisorios, ya que si bien es cierto que la ola de calor afecta a gran parte del territorio nacional, no todos los estados la vivirán con la misma intensidad, además de que hay entidades con infraestructura que ayudaría a soportarla. Por su parte el mundial ya es un asunto de clase, debido a que la privatización del deporte ha hecho que los juegos dejen de transmitirse en televisión abierta y ahora se deberá pagar para ver el mundial. De los millones de estudiantes de escuelas públicas en México ¿cuántos podrán disfrutar de los juegos del mundial pagando a las empresas que lucran con el evento?

Dentro de las críticas vertidas en medios de comunicación, redes sociales, internet y plataformas de comunicación instantánea, destacó el señalamiento hacia Mario Delgado y a las y los secretarios de educación estatales que integran la CONAEDU, por no tener idea sobre la educación escolar ni sobre el contexto social. Efectivamente, las autoridades en este país, y no solo las educativas, por lo general carecen de experiencia probada en los campos donde se desenvuelven tomando decisiones y dictando políticas públicas, y en esa ignorancia se cometen “burradas” (hablando desde la jerga escolar) que ilustran ese desconocimiento.

Adelantar el fin del presente ciclo escolar y dejar a millones de estudiantes con casi tres meses de vacaciones tiene dos implicaciones directas y severas: la formativa y la del cuidado. En la primera, desde la óptica pedagógica, es inviable dejar que las y los estudiantes duren inactivos tanto tiempo porque se pierden secuencias de enseñanza-aprendizaje, se ralentizan los procesos educativos y las y los educandos se desarticulan de su disciplina y horarios de estudio.

En lo que respecta al cuidado es igual de delicado, puesto que el estilo de vida actual lanza a padres y madres al mercado laboral para que el ingreso familiar logre sostener los gastos del hogar, lo que implica que las escuelas se conviertan en guarderías, en “lockers” donde ponemos a los hijos mientras estamos ocupados trabajando. Independientemente de si es bueno o malo considerar a las escuelas como espacios para mantener ocupada y vigilada a la población estudiantil, lo cierto es que en México parte de la precariedad laboral se refleja en lo inaccesible que son muchos trabajos cuando se trata de permisos para cuidar a los hijos. Las madres y padres tienen que lidiar entre la incomprensión laboral hacia la crianza o los cuidados, con la necesidad de trabajar para comer y llevar sustento a casa.

Con ambas perspectivas, la pedagógica y la del cuidado, las madres y padres establecen sus agendas cotidianas, planean sus semanas, sus actividades y horarios para el ciclo escolar, crean estrategias para saber qué hacer con los hijos los viernes de consejo técnico, en los puentes, días festivos y vacaciones; por lo que una decisión intempestiva y unilateral, fundamentada en argumentos irrisorios, desarticula toda la dinámica familiar, compromete el cuidado de las niñas y niños y obliga a sus padres a establecer acciones emergentes, o muchas veces costosas, de cuidado adicional. Hasta para las instituciones que ofrecen cursos de verano –otras opciones para el cuidado– esa decisión desorganiza sus calendarios.

Este álgido debate generado por la decisión del consejo de secretarios y secretarias de educación también ilustra la necesidad de contar con autoridades educativas no políticas, que conozcan el aula, que sean o hayan sido profes, que fueran algún día padres y madres asalariados, con trabajos insensibles y mal pagados; y ya con esas experiencias de vida o formación a cuestas, entonces sí que deliberen si el calor o el mundial de fútbol son razones suficientes para otorgar 3 meses de vacaciones a millones de estudiantes.

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