Por Sergio Rosales Inzunza
Dr. En Economía Regional, especialista en Políticas Públicas y microempresario
INTRODUCCIÓN
Hay países que tienen gobierno. Y hay países que tienen destino.
México ha tenido mucho de lo primero y ha desperdiciado demasiado del segundo.
No es fatalismo lo que se escribe aquí. Es diagnóstico. Porque para sanar una herida primero hay que verla, nombrarla y entender cómo se hizo; no cubrirla con la bandera y llamarle soberanía.
Vivimos en un momento en que las palabras han sido vaciadas de contenido y rellenadas con conveniencia. Democracia ya no significa gobierno del pueblo: significa gobierno que se legitima en el pueblo cada seis años y le da la espalda los otros cinco. Soberanía ya no significa independencia real: significa un grito hacia el norte cuando la agenda interna se agota. Honestidad ya no significa transparencia: significa el relato que un gobierno construye sobre sí mismo mientras cierra las ventanas.
Y sin embargo, México sigue en pie. No gracias a sus gobiernos, sino a pesar de ellos. Gracias a los millones de mexicanos que madrugan, que emprenden, que educan a sus hijos con lo que tienen, que construyen comunidad donde el Estado abandonó, que votan todavía con la esperanza, cada vez más tenue, de que algo cambie.
Este texto es para ellos. No es un manifiesto de partido ni una plataforma electoral. Es la convicción de que México tiene todo lo que necesita para ser una nación verdaderamente libre, independiente y soberana, excepto una cosa: un gobierno que esté a la altura de su gente.
Lo que sigue no es una queja. Es una propuesta. Y toda propuesta empieza por decir la verdad.
PUNTO DE PARTIDA
No creo en los partidos, sino en la Constitución. Como todo ciudadano de bien, aspiro a una democracia no de acarreados, sino de ciudadanos libres; no a la que se paga para votar, sino a la que se ejerce por convicción. No creo en las lealtades ciegas que imponen los partidos, sino en un gobierno conducido por servidores públicos de calidad ética, moral e institucional intachable. Sin embargo, en México nuestra democracia es, precisamente, analfabeta, manipulable y apátrida. Y no me refiero a la ciudadanía, sino a los partidos, los políticos y el gobierno.
Hoy, agotado el discurso de la pobreza y la honestidad, la presidenta enarbola la bandera de una soberanía que México no posee: una soberanía sin fortaleza social, jurídica, económica, política, institucional ni constitucional. La soberanía no es un grito desesperado lanzado a Estados Unidos; es la solidez silenciosa que habla por sí misma, como lo hace Canadá.
Busquemos entonces la manera de hacer de México una nación libre, independiente y soberana. Para ello es necesario construir y fortalecer los siguientes frentes:
1. UNIDAD
La unidad nacional no es un slogan ni el nombre de un partido. Es la condición mínima sin la cual ningún proyecto de nación es posible. Y sin embargo, en México se ha convertido en el recurso retórico favorito de quienes más han contribuido a destruirla.
La polarización que hoy fractura al país no es accidental: es una estrategia. Dividir entre ricos y pobres, entre conservadores y progresistas, entre fifís y pueblo, entre partidos del centro contra los de la izquierda y derecha, y tiene un propósito electoral claro: mantener encendida una hoguera de resentimientos que distrae, paraliza y somete. Una sociedad dividida no delibera, no exige, no construye; solo reacciona. Y quien controla la provocación, controla la agenda.
La verdadera unidad no se decreta desde un atril ni se impone con mayorías legislativas artificiales. Se construye desde abajo, desde los municipios, las comunidades, las escuelas y los mercados. Se construye cuando el gobierno deja de ser árbitro de quién merece y quién no, y se convierte en garante de oportunidades para todos.
Para lograrla se requieren, al menos, tres condiciones:
Un discurso público sin enemigos internos
México no puede avanzar mientras sus propias instituciones señalen a sus ciudadanos como adversarios ideológicos. El debate político es legítimo y necesario; el odio como política de Estado, no.
Políticas públicas universales
Los programas sociales que condicionan su entrega al color del voto o a la militancia partidista no combaten la pobreza: la administran para perpetuarla. La unidad real exige que cada mexicano, independientemente de su ideología, tenga acceso a propiedad, prosperidad, salud, educación, capacitación, formación, seguridad y justicia de calidad.
Espacios institucionales de diálogo real
No mesas de simulación, sino mecanismos vinculantes donde las decisiones que afectan a todos sean discutidas por todos: gobierno, sociedad civil, academia, sector privado y comunidades.
La unidad no es uniformidad. Es la capacidad de una nación de sostener sus diferencias sin destruirse.
2. DIVISIÓN DE PODERES
La división de poderes no es un capricho filosófico de la Ilustración. Es la lección más cara que la humanidad aprendió de siglos de tiranía: que el poder concentrado en una sola mano, sin contrapeso ni rendición de cuentas, inevitablemente corrompe, destruye y oprime.
México construyó en papel una República con tres poderes independientes. Pero en la práctica, la historia del país ha sido la historia de un ejecutivo que devora a los otros dos. Lo que cambió en los últimos años no fue la naturaleza del problema, sino su velocidad y su desfachatez.
Hemos visto cómo el poder legislativo se convirtió en una cámara de validación automática, donde la deliberación fue sustituida por la disciplina de partido y las reformas constitucionales se aprobaron de madrugada sin debate ni análisis. Hemos visto cómo el poder judicial fue intervenido mediante una reforma que, bajo el argumento de democratizarlo, lo expuso a la captura de la impunidad y la presión política. Hemos visto cómo los órganos autónomos fueron desmantelados o debilitados uno a uno, eliminando los últimos contrapesos que le quedaban al ciudadano frente al Estado.
Lo que debemos reconstruir no es solo la forma, sino el fondo:
Un Poder Legislativo con verdadera independencia
Donde los legisladores respondan a sus electores y no a sus dirigencias. Eso exige eliminar el financiamiento opaco de los partidos, mejores filtros a la revocación del mandato y profesionalizar el servicio de análisis y presupuesto del Congreso para que las decisiones se tomen con información y no con consigna.
Un Poder Judicial meritocrático
Con carrera judicial blindada de la influencia política y de los antivalores. Con jueces elegidos por su capacidad y no por su lealtad, y con mecanismos de responsabilidad que permitan sancionarlos cuando fallen, sin que esa sanción sea un instrumento de presión del ejecutivo.
Órganos autónomos restaurados y fortalecidos
La transparencia, la competencia económica, la protección de datos y la organización electoral no pueden estar subordinadas al humor del gobierno en turno. Son conquistas ciudadanas, no concesiones del poder.
Sin división de poderes real, cualquier discurso de soberanía, democracia o desarrollo es una ficción bien administrada.
3. DESARROLLO ECONÓMICO
México es un país paradójico: rico en recursos, estratégico en geografía, joven en demografía, y sin embargo incapaz de traducir esas ventajas en bienestar generalizado. La razón no es la falta de potencial, sino la persistencia de un modelo que concentra y que además excluye y depende.
Durante décadas, el desarrollo económico mexicano ha estado secuestrado por dos vicios complementarios: el corporativismo, que entrega privilegios a quienes son políticamente útiles, y el dependentismo, que renuncia a construir capacidades propias a cambio de inversión extranjera sin raíces. El resultado es una economía que crece poco, distribuye mal y se sacude ante cualquier tormenta externa.
La 4t no rompió con ese modelo: lo profundizó con otro ropaje. Sustituyó el corporativismo empresarial por el corporativismo clientelar, intercambió la dependencia del mercado por la dependencia del gasto público, y llamó soberanía a lo que en realidad es aislamiento.
El camino real hacia la independencia económica requiere una estrategia de múltiples capas:
Desarrollo desde adentro
México tiene en sus comunidades pesqueras, ejidales, artesanales, microempresariales e indígenas un tejido productivo enorme, resiliente y culturalmente arraigado que ha sido sistemáticamente ignorado por la política económica nacional. Convertir esas ventajas comparativas en competitivas exige crédito accesible, infraestructura básica, capacitación técnica, organización, acceso a mercados y certeza jurídica. No dádivas: herramientas.
Reindustrialización con contenido nacional
El nearshoring representa una oportunidad histórica que México está desperdiciando por falta de infraestructura eléctrica, hídrica y de seguridad. Aprovecharla requiere un Estado que invierta con inteligencia y un marco regulatorio predecible. Pero más allá de atraer inversión extranjera, el objetivo debe ser desarrollar proveeduría nacional, encadenamientos productivos internos y tecnología propia.
Reforma energética real
La energía barata y limpia es la base de cualquier desarrollo industrial competitivo. México tiene condiciones excepcionales para las energías renovables que han sido sacrificadas en el altar de un nacionalismo petrolero que protege a una empresa quebrada. Una política energética soberana no es la que expulsa a los privados: es la que garantiza electricidad suficiente, asequible y limpia para todos los mexicanos y para la industria nacional.
Combate estructural a la informalidad
Más de la mitad de los trabajadores mexicanos operan en la economía informal, lo que significa que están excluidos de la seguridad social, del crédito formal y de la productividad que genera la escala. Formalizarlos no es perseguirlos: es ofrecerles un sistema que valga la pena integrarse, con cargas fiscales razonables, trámites simples y beneficios reales.
Un México económicamente soberano no es el que le cierra la puerta al mundo: es el que negocia con el mundo desde una posición de fortaleza propia. No es lo mismo más mundo en México que más México en el mundo.
4. REFORMA CONSTITUCIONAL
Nuestra Constitución ha sido reformada 827 veces desde 1917. Esa cifra, lejos de ser un logro de adaptabilidad democrática, es el certificado de una enfermedad crónica: la incapacidad del sistema político mexicano para construir acuerdos duraderos, y la costumbre de usar la Carta Magna como herramienta de gobierno en lugar de tratarla como el pacto fundacional que debe ser.
Cada reforma ha respondido, en su mayoría, no a una necesidad social genuina sino a una conveniencia política del momento: blindar intereses, ampliar facultades del ejecutivo, recompensar aliados, revertir decisiones judiciales incómodas, o simplemente dejar una huella en el texto para el discurso histórico. El resultado es una Constitución inflada, contradictoria, llena de transitorios que nunca transitaron y de derechos que nunca se ejercieron porque nunca se presupuestaron.
La reforma que México necesita no es una más: es una reforma de las reformas. Un proceso inverso, de depuración y reconstrucción, que parta de una pregunta simple y radical: ¿para qué sirve hoy nuestra Constitución, y para qué debería servir?
Ese proceso debe tener al menos cuatro ejes:
Una Constitución más corta y más clara
Los derechos fundamentales deben estar garantizados con precisión y sin ambigüedad. Todo lo que es materia de ley secundaria debe salir del texto constitucional. Una Constitución que necesita 827 reformas para mantenerse vigente no es una Constitución: es un diario de gobierno.
Mecanismos de reforma más exigentes y participativos
Hoy basta con una mayoría legislativa y la aprobación de la mitad de las legislaturas locales para modificar la Constitución. Eso es insuficiente para un documento que debe representar el consenso de toda la nación. Se requieren umbrales más altos, plazos de deliberación obligatorios, consultas ciudadanas vinculantes y la participación de expertos independientes antes de cualquier modificación estructural.
Constitucionalizar la rendición de cuentas
México tiene en el papel un robusto sistema anticorrupción. En la práctica, ese sistema fue capturado, desfinanciado o ignorado. La Constitución debe establecer no solo los derechos y las instituciones, sino los mecanismos concretos y autónomos para garantizar que el poder rinda cuentas: auditorías independientes con fuerza ejecutiva, fiscalías verdaderamente autónomas, y sanciones constitucionales para quien destruya o subordine los contrapesos.
Una Constitución que aterrice en los municipios
El municipio es la célula básica de la República y el nivel de gobierno más cercano al ciudadano. Sin embargo, es también el más desfinanciado, el más débil institucionalmente y el más ignorado por la política nacional. Una reforma constitucional que no fortalezca la hacienda municipal, la autonomía local y la participación ciudadana directa a ese nivel, seguirá construyendo democracia de papel.
Reformar la Constitución no es un acto técnico: es un acto político de la más alta envergadura. Y como todo acto político de fondo, solo puede sostenerse si nace de un consenso ciudadano amplio, no de una mayoría legislativa circunstancial.
Estos cuatro pilares —unidad, división de poderes, desarrollo económico y reforma constitucional— no son puntos de un programa partidista. Son las condiciones mínimas sin las cuales la palabra soberanía seguirá siendo, en México, solo eso: una palabra.
CONCLUSIÓN
¿Y si no lo hacemos?
Llegados a este punto, la pregunta incómoda es inevitable. ¿Y si el 2027 llega y vuelve a ganar la inercia? ¿Y si el voto vuelve a ser comprado, acarreado, intimidado o simplemente apático? ¿Y si las reformas que necesitamos siguen siendo aplazadas por los mismos que se benefician de no hacerlas?
La respuesta no es reconfortante, y precisamente por eso hay que decirla.
Un México que no construya unidad seguirá siendo un país fácil de manipular, donde el político de turno siempre encontrará un enemigo interno con qué distraer a una sociedad fragmentada.
Un México sin división de poderes real no es una república: es una monarquía sexenal con cambio de apellido.
Un México sin desarrollo económico propio seguirá exportando a sus mejores hijos al norte, no porque quieran irse, sino porque aquí no hay para quién quedarse.
Y un México con una Constitución que se dobla ante cada mayoría legislativa circunstancial no tiene ley suprema: tiene un menú que el poder ordena a su gusto.
Esto no es pesimismo. Es la descripción de lo que ya estamos viviendo, y de lo que nos espera si decidimos seguir mirando hacia otro lado. La historia no es generosa con los pueblos que tuvieron la oportunidad de transformarse y eligieron la comodidad del resentimiento o la parálisis del cinismo. Y México ha estado demasiadas veces en ese filo.
Pero también es cierto esto: ninguna de las naciones que hoy admiramos por su libertad, su prosperidad o su dignidad institucional llegó ahí por casualidad. Llegó porque en algún momento una generación decidió que el país que heredaría a sus hijos sería mejor que el que ella recibió. Y pagó el costo de esa decisión.
Esa generación puede ser la nuestra. Pero el tiempo no es infinito, y las ventanas históricas se cierran.
La pregunta que este texto deja no es qué debe hacer el gobierno. Es qué estás dispuesto a hacer tú.
Porque al final, en una democracia real, el país que tenemos es el país que nos merecemos. Y el país que merecemos es el país que construimos, o el que dejamos que otros destruyan mientras nosotros esperamos que alguien más actúe primero.
México no necesita salvadores. Necesita ciudadanos.
¿Eres uno?
La puerta para todo ello es el voto ciudadanizado: que sea la sociedad quien controle a los partidos y les imponga los candidatos, y no al revés.


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