En Sinaloa, cada vez son más las personas que reportan cobros por parte de la CFE de 5 mil, 8 mil, hasta 11 mil pesos en un solo periodo. Cantidades que simplemente no corresponden con la realidad de muchas familias.

Mientras el ingreso laboral en el estado se mantiene por debajo del promedio nacional —según datos de INEGI y CONEVAL—, los cobros de electricidad se han disparado, y no en casas de lujo, sino en hogares donde cada peso cuenta.

Esta situación no solo se trata de pagar la luz. Es todo lo que viene detrás cuando no puedes hacerlo. Se va el servicio y con él se pierde el súper, se echa a perder la comida, se complica la vida diaria. En un estado donde el calor no da tregua, la electricidad no es un lujo, es una necesidad básica.

La Comisión Federal de Electricidad habla de tarifas, de consumo, de bloques. Pero para el ciudadano común, el recibo sigue siendo difícil de entender y más difícil de cuestionar. Cuando no hay claridad, lo que crece es la desconfianza.

La Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2020, documentó irregularidades en contratos de la CFE: sobrecostos, procesos de contratación deficientes y pagos sin justificación suficiente. No fue un caso aislado, es un patrón.

Ese antecedente cambia la conversación, ya no se trata solo de cuánto te cobran, sino de qué tan confiable es el sistema que te cobra.

¿Quién responde cuando un recibo no hace sentido? ¿Quién defiende al ciudadano?
¿Quién exige cuentas?

Mientras los recibos llegan puntuales, los gobiernos hablan poco y los que aspiran a gobernar aún menos. No hay una agenda clara sobre tarifas, ni sobre acceso justo a la energía, ni sobre transparencia en el sistema.

Se nos ha dicho que la sostenibilidad es el futuro. Pero la sostenibilidad no es solo paneles solares ni discursos verdes. También es acceso justo a los servicios básicos, es transparencia, y sobre todo también es instituciones que funcionen correctamente.

Un sistema energético sostenible no debería poner en riesgo la economía de las familias. Ni debería operar bajo esquemas que la gente no entiende o no puede cuestionar.

Bajo este contexto podríamos preguntarnos: ¿tenemos un gobierno sostenible? Yo creo que no. Y mientras eso no cambie, la carga seguirá cayendo en el mismo lugar; en los ciudadanos.

Al final, más allá de cifras y discursos, la realidad es sencilla: la luz debería permitirte vivir mejor, no hacerte elegir entre pagarla o llenar el refrigerador. Y hoy, en Sinaloa, esa no debería ser una decisión que la gente tenga que tomar.

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